Después del IFE: ¿renta universal? Gabriel Esbry
El presidente Alberto Fernández les anunció el miércoles pasado a los gobernadores –entre ellos Juan Schiaretti– que entre julio y agosto se pagará una tercera cuota de 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Será en todo el país, y no sólo en el Amba, como lo había dejado trascender la titular de la Anses, Fernanda Raverta.
El mandatario cordobés y el resto de sus colegas respiraron aliviados. En medio de la pandemia, con una cuarentena que se flexibiliza a cuentagotas y con un impacto tremendo sobre la economía, el IFE significa una inyección de fondos frescos que no sólo atiende las urgencias de las familias más vulnerables, sino que también permite movilizar al golpeado comercio minorista.
Sólo para Córdoba, el pago de cada cuota de esta ayuda económica implica entre 6.500 y siete mil millones de pesos para unas 700 mil personas de bajos recursos, a razón de 10 mil pesos por beneficiario.
El IFE fue presentado en abril de este año como una respuesta estatal a la crisis desatada por el coronavirus. Terminada la pandemia, también se cancelaría el auxilio de emergencia.
Pero en las últimas semanas, desde distintos sectores, se ha comenzado a hablar de la posibilidad de que el IFE sobreviva como una renta universal. La idea recupera algunas experiencias ya puestas en marcha en otras partes del mundo, como Finlandia, los Países Bajos o Alaska, en una suerte de renacimiento del denominado “Estado de bienestar”.
Alyssa Battistoni, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale y autora de varios ensayos sobre este tema, señala que, aunque con distinto sentido ideológico, las propuestas en esta línea se escuchan hoy desde posiciones políticas tanto de derecha como de izquierda.
Conceptualmente, se trata de un pago mensual e individual a todas las personas de un país de manera constante y sin condiciones. La Cepal viene trabajando sobre esto desde hace ya algunos años, y para América latina ha propuesto, para el actual contexto de crisis global, una transferencia de unos 143 dólares per capita (unos 15 mil pesos) para todas las personas bajo la línea de pobreza.
Pero el organismo también sugiere la continuidad de un pago generalizado para toda la población, incluyendo a los sectores medios y altos, una vez que desaparezca la emergencia del Covid-19.
Y señala que un ingreso universal de este tipo debería complementarse con una reforma integral del sistema impositivo, para dotarlo de una progresividad mucho mayor que la actual, de manera de neutralizar lo que se denomina “redundancia” de ingresos para los sectores más altos. Así, aunque todos reciban el mismo pago, los que tienen más dinero devolverían proporcionalmente más a través de sus impuestos.
El economista italiano Simone Cecchini sugiere que, en naciones pobres o en vías de desarrollo, el financiamiento de una renta universal debería hacerse sobre la base de estrategias más agresivas contra la evasión y la elusión fiscal, que en algunos países llegan a representar más del seis por ciento de sus productos internos brutos.
Entre los beneficios, una política de ingresos de estas características ayudaría a reducir drásticamente la pobreza extrema, elevaría los salarios más bajos del sistema, contribuiría a reducir la informalidad laboral y mitigaría los errores de exclusión de los programas de asistencia focalizados.
En cambio, los críticos de esta idea señalan que un pago generalizado a toda la población desalentaría la búsqueda de empleo en los sectores más humildes, y que
UNA RENTA UNIVERSAL SUPONE UN PAGO MENSUAL A TODAS LAS PERSONAS DE UN PAÍS, DE MANERA CONSTANTE Y SIN CONDICIONES.
semejante volumen de fondos estatales volcados en la economía generaría mayor inflación, amén de redireccionar recursos valiosos y escasos que podrían destinarse a generar empleos y a atraer inversiones.
Con sus pros y sus contras, el debate sobre la conveniencia –o no– de una política de ingreso universal es más que interesante. Que la discusión haya sido disparada por la irrupción de una pandemia nunca antes vista es un dato también significativo, toda vez que el coronavirus ha puesto en evidencia muchísimo más que los problemas sanitarios del mundo. También visibilizó las fuertes y estructurales inequidades sociales que todos los países, con sus más y sus menos, deberían de una vez por todas abordar e intentar resolver.
LA IDEA, EN INCIPIENTE DISCUSIÓN EN VARIOS PAÍSES QUE VAN SALIENDO DE LA PANDEMIA, GENERA DEFENSORES Y CRÍTICOS.