La Voz del Interior

¿Cuántos municipale­s se acogieron a la pasividad anticipada?

El gasto se reduce en $ 58 millones mensuales, siempre que los cargos no sean cubiertos. Son más de la mitad de los agentes a los que les faltan hasta 10 años para jubilarse. Las adhesiones crecieron durante el conf licto.

- Virginia Guevara mguevara@lavozdelin­terior.com.ar

Casi el 55 por ciento de los empleados de la Municipali­dad de Córdoba a los que les faltan hasta

10 años para jubilarse se acogieron al régimen de pasividad anticipada voluntaria (PAV) y dejarán de prestar servicios. En total fueron

770 agentes de los 1.438 que estaban en condicione­s de hacerlo.

Dado que todos ellos cobrarán entre el 60 y el 70 por ciento de sus sueldos actuales, y que además el régimen supone la eliminació­n de adicionale­s, la proyección oficial del ahorro salarial para el municipio llega a los 58 millones de pesos al mes. Unos 750 millones de pesos anuales.

Se trata de la medida de ajuste de mayor impacto presupuest­ario después de la reducción de la jornada laboral que desató el conflicto entre la gestión de Martín Llaryora y el gremio de los municipale­s (Suoem).

La PAV, que apunta exclusivam­ente a achicar el gasto salarial, fue resistida al principio por el gremio y con el correr de los meses –y del recorte salarial aplicado por Llaryora– fue ganando adhesiones. En la primera etapa, que se extendió entre febrero y el 30 de mayo, se acogieron 475 empleados municipale­s. En la reapertura dispuesta en junio, se sumaron 295 agentes, entre los que se incluyen 91 docentes que se encontraba­n en tareas pasivas, aunque seguían percibiend­o la totalidad de su sueldo.

La pasividad supone la percepción de un salario reducido hasta el momento de la jubilación, y libera al agente de las obligacion­es laborales. Dados los recortes salariales aplicados en el transcurso de la cuarentena, varios centenares de empleados llegaron a la conclusión de que la pérdida salarial que supone la PAV es muy exigua, puesto que si se quedaban igual cobrarían menos por los ajustes.

Según lo que establece la ley provincial 8.836, quienes adhieren a la pasividad cobran el 70 por ciento de su salario si les faltan hasta cinco años para jubilarse; el 68 por ciento si les faltan seis años; el 66 por ciento si les faltan siete; el 64 si les faltan ocho; el 62 si les faltan nueve, y el 60 por ciento si les faltan 10 años, es decir, los hombres de 55 y las mujeres de 50.

El agente deja de trabajar en la administra­ción –puede hacerlo en otro lado– y el municipio paga el salario reducido, pero la totalidad de los aportes previsiona­les, la obra social y las contribuci­ones.

De todas las áreas

Los 770 municipale­s que dejan de trabajar pertenecen mayoritari­amente a las áreas de Movilidad Urbana (98), Participac­ión Ciudadana (91), Desarrollo Urbano (89), Gobierno (72), Economía (68), Educación

y Cultura (44) y Secretaría General (41). Además, se acogieron a la PAV 91 docentes que ya estaban en tareas pasivas.

Con menos de 40 empleados adheridos figuran la Justicia Administra­tiva de Faltas, el Concejo Deliberant­e, Gestión Ambiental, Intendenci­a, Políticas Sociales y Salud.

Según lo anunciado al momento de la apertura de la PAV y ratificado luego por el Ejecutivo, los puestos que quedan vacantes por los retiros no serán cubiertos con nuevos contratado­s.

La gestión Llaryora tiene como objetivo reducir la cantidad de empleados bajo modalidad del Estatuto del Empleado Municipal, por el elevado costo salarial que supone ese convenio. En cambio, apela a contratos de locación de servicios –monotribut­istas– para cubrir funciones específica­s.

Pero la pasividad es voluntaria para ambas partes. Los empleados no estaban obligados a adherir, pero el municipio tampoco estaba obligado a conceder el beneficio en los casos de puestos estratégic­os para la administra­ción.

La baja en la cantidad de empleados activos se completa con el proceso de jubilación de los municipale­s que ya tenían la edad y los aportes necesarios: cerca de un centenar se retiró por esa vía.

Además, desde el 30 de junio, el municipio dio por finalizado­s 118 contratos a plazo que vencieron. Esa medida es una de las que podrían ingresar en un proceso de revisión si el Suoem acepta dar por terminadas las protestas por el ajuste salarial. También serían revisadas las caducidade­s de más de 300 chapas de inspectore­s y la caída de 185 interinato­s en jefaturas.

No obstante, desde el Ejecutivo recalcan que esa revisión será caso por caso y que no se restituirá­n todos los contratos y adicionale­s. El Suoem llevaría el lunes su respuesta a la propuesta municipal y ese día podría definirse también cómo y cuándo será el pago del medio aguinaldo a los empleados.

Fuerte reducción de empleados en actividad

Bajas producidas en la planta de la Municipali­dad.

Casi 1.000

Es lo que suman las 770 bajas por PAV, 118 contratos caídos y casi un centenar de agentes jubilados en la Municipali­dad de Córdoba.

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(JOSÉ HERNÁNDEZ) ¿Fin del conflicto? El Suoem define el lunes si se mantiene en la negociació­n con el Ejecutivo.

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