El caso Gill se contagió de internismo político
El inédito comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, por la investigación del caso positivo de Covid-19 del secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, generó ruido político entre la Casa Rosada y el Centro Cívico, en un contexto de buena relación institucional.
Una fuente del Gobierno nacional confirmó que causó sorpresa el “nivel de exposición” del comunicado oficial del organismo judicial provincial sobre el caso Gill.
Un encumbrado funcionario nacional se comunicó con el gobernador Juan Schiaretti para transmitir la preocupación por el tema.
No hubo precisiones sobre quién llamó al mandatario provincial, pero hay un dato concreto: el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el secretario
General de la Presidencia, Julio Vitobello, participaron de la convocatoria de la teleconferencia con gobernadores que el miércoles pasado encabezó el presidente Alberto Fernández.
Ambos funcionarios nacionales son estrechos colaboradores del presidente de la Nación. Alguno de ellos se habría encargado de tratar la causa judicial que involucra al funcionario nacional e intendente villamariense en uso de licencia.
En el Centro Cívico, nadie confirmó el llamado. El gobernador es muy hermético cuando se trata de la relación con la Nación. Las fuentes oficiales provinciales sólo dijeron que es un “tema judicial”, con lo que trataron de quitarle connotación política al caso.
Interna peronista
Más allá del esfuerzo de los funcionarios provinciales, la causa judicial reflotó la pulseada entre albertistas y schiarettistas.
Interna que parecía menguada con el acercamiento en los últimos 60 días entre el gobernador y el Presidente.
Gill es una de las apuestas políticas de Alberto Fernández en Córdoba. El otro referente albertista es el senador nacional Carlos Caserio.
El funcionario es viceministro de Obras Públicas, con alto perfil en estos tiempos de pandemia por las obras que la Nación realizó en el sector salud.
El villamariense es la cara visible de la principal obra nacional para combatir el coronavirus: la construcción de 12 hospitales modulares en todo el país, uno de ellos en el Polo Sanitario de la ciudad de Córdoba.
En este contexto, el martes pasado llamó la atención el comunicado de la Fiscalía General, que mencionaba a la hermana y a la madre del funcionario nacional, cuando Gill aún no tenía la confirmación de su positivo de Covid-19.
Se sabe del enfrentamiento político de Gill con el ministro de Comercio e Industria de la Provincia, Eduardo Accastello, quien lo precedió al frente de la intendencia de Villa María. Pero hasta en el entorno del propio funcionario albertista dudan de que Accastello tenga influencia en la Fiscalía General.
Aunque nadie lo admitirá, desde el Gobierno provincial hubo una reconstrucción de la trazabilidad del cuestionado comunicado del Ministerio Público Fiscal.
El organismo no tiene un titular desde marzo del año pasado y lo conducen los dos fiscales generaPara les adjuntos, José Gómez Demmel y Héctor David.
En los pasillos del histórico edificio de Tribunales I, hay un comentario generalizado: Gómez Demmel tiene vínculos con el schiarettismo y David es un reconocido dirigente delasotista.
La conclusión que llegó al Centro Cívico fue que, en medio del estrépito público que se generó en Villa María por el viaje de Gill a una reunión familiar, el inédito comunicado de la conducción bifronte y provisoria de la Fiscalía General tuvo como objetivo respaldar el trabajo de la fiscal de instrucción Juliana Companys, confirmada en el cargo en agosto del año pasado.
Precisamente, Companys está en el centro de las sospechas en el ámbito político villamariense. Los gillistas y también opositores de Juntos por el Cambio recuerdan que la fiscal fue la que archivó dos causas judiciales contra Accastello, en noviembre del año pasado, pocos días antes de que el villamariense asumiera en el gabinete provincial.
El árbol tapó el bosque. En el medio de este cruce político, pasó a un segundo plano si Gill incumplió alguna regla de la cuarentena. El virus del internismo ya contagió la causa judicial.