Acusan a un empresario de cambiar de razón social para evadir
Se acusa a un empresario de cambiar de razón social y hasta poner a su madre y a su hija para evadir Ingresos Brutos. También imputan al contador y a un socio que habría vendido sus bienes para no abonar.
Una presunta maniobra de insolvencia repetida que habría sido urdida para no pagar el impuesto sobre los Ingresos Brutos será llevada a juicio por el fiscal de Delitos Complejos del Primer Turno, Enrique Gavier.
Están acusados un conocido supermercadista de Villa María, su madre, su hija, su contador y su socio. A los cinco les cabe la imputación de “insolvencia fiscal fraudulenta”, por supuestamente haber realizado durante unos 10 años diversos cambios de firma para no afrontar el pago que la Dirección de Rentas de la Provincia le venía reclamando por Ingresos Brutos, según se sospecha a nivel judicial.
Los acusados son el titular del comercio, Orlando Raúl Gafare (57); el contador que lo habría asesorado en las maniobras, Miguel Alberto Álvarez (49); su hija, Gisele Gafare (33); su madre, María Isabel Obregón (81), y quien está en la sociedad como socio gerente, Roberto Olivero (41).
Gafare explotaba antes del año 2000 cinco sucursales de la cadena de supermercados Delfín, que luego fue pasando a llamarse Eco, con dos locales.
A partir de los inicios de esa primera década del siglo, habrían comenzado las maniobras para no pagar los impuestos de sendas empresas, que iban cambiando de razón social o de titulares pero eran las mismas, según sostiene la acusación recientemente elevada a juicio.
Por consejo de sus abogados, los cinco acusados negaron o desconocieron los hechos y se abstuvieron de hacer declaraciones a lo largo de este proceso.
Cambios para eludir
Desde comienzos de este siglo, Orlando Raúl Gafare tiene dos supermercados en San Juan 1683 y Vélez Sársfield 1175, de Villa María. Pero, según la acusación, desde 2003 o antes, con el asesoramiento de su contador, Álvarez “ha venido realizando tal actividad tras el ropaje de diversas sociedades o personas físicas, con fines elusivos y fraudulentos de los tributos”.
La instrucción de Gavier describe que en 2003 utilizó la persona jurídica Los Fenicios SRL, hasta mayo de 2007, cuando dejó un pasivo de más de 1.600.000 pesos por el no pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ese mismo mes, Gafare siguió “la actividad comercial bajo la pantalla de Sugma SRL”, hasta marzo de 2010, con más de 565 mil pesos de deudas de Ingresos Brutos. Ese marzo de 2010 comenzó a operar con Masan SRL, hasta marzo de 2013. En el ínterin, una inspección de la Policía Fiscal de 2011 conformó una deuda de 11 meses del mismo tributo por 247 mil pesos.
La acusación sostiene que por este motivo, Gafare “decidió que continuaría la actividad a través de su madre María Isabel Obregón” y entiende que ella “habría dado el consentimiento para la maniobra fraudulenta, imposibilitando así el cobro de la deuda de Masan SRL”. Para cobrar esa deuda, el fisco provincial “inició una ejecución fiscal administrativa con control judicial por 885.836,65 pesos”.
En 2013, ya con Obregón como titular de la actividad comercial, se hizo otra inspección que dio por resultado que la madre de Gafaro tenía una deuda por Ingresos Brutos de 63.927,61 pesos.
A continuación, Gafare, asesorado por el contador Álvarez, “para no pagar totalmente la deuda” decidió “continuar la actividad a nombre de su hija Gisele Gafare la que también “habría dado el consentimiento para la maniobra fraudulenta”, relata el expediente.
El fiscal Gavier razona que con esto se frustró “el cobro de las obligaciones tributarias ya determinadas”, por lo que el fisco inició ejecución fiscal por 68.515,49 pesos por Ingresos Brutos entre febrero y octubre de 2013.
Vender para no pagar
Lo anterior es descripto por la acusación como “primer hecho” y pasa a describir el “segundo” con la participación de Roberto Olivero, socio gerente de la SRL Gava, con domicilio en Buenos Aires 2033 de Villa María. Este recibió una comunicación de la Policía Fiscal que le harían una inspección por las actividades comerciales entre julio de 2011 y enero de 2013.
La instrucción sostiene que Olivero, por “su condición de deudor solidario de la empresa, decidió insolventarse, desapoderándose del único bien inmueble de su propiedad” y lo vendió a la firma Bartolomé SA en 280 mil pesos, de los que recibió 165 mil por una deuda hipotecaria. De esta manera, “habría logrado insolventarse e impedido o frustrado toda posibilidad de cobro de los tributos provinciales adeudados”, por un total de 1.203.940,98 pesos.
En sus fundamentos, el fiscal señala que Gafare y Álvarez “provocaron sucesivamente la insolvencia patrimonial de cada una de las sociedades y luego, con la venia de María Isabel Obregón y Gisele Gafare, con la finalidad de frustrar el cobro judicial de las acreencias fiscales resultantes de los impuestos que correspondían a la actividad comercial desarrollada en verdad por el primero”.
Respecto de Olivero, dice que su conducta de insolventarse, para no pagar al fisco, es igualmente de insolvencia fiscal, como lo hicieron los otros imputados.
“Como consecuencia de las conductas delictivas de los imputados, todos los intentos del fisco por cobrar aquellas deudas impositivas fracasaron, generando además un daño cierto a la sociedad, provocado por no contar en tiempo y forma con la percepción de los impuestos que conforman la hacienda pública y hacen al sustento y sostenimiento del Estado provincial”, dice textualmente la pieza acusatoria.
DEBIDO A LA CONDUCTA DELICTIVA, TODOS LOS INTENTOS DEL FISCO POR COBRAR LAS DEUDAS FRACASARON. Parte del texto acusatorio.