Piden procesar a responsables de la financiera
El fiscal Casas Nóblega solicita al juez Sánchez Freytes que avance en la acusación de miembros de la presunta asociación ilícita creada para cometer delitos de guante blanco.
El fiscal solicitó que se avance en la acusación por asociación ilícita.
El fiscal general Carlos Casas Nóblega, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Córdoba, solicitó al juez federal Alejandro Sánchez Freytes que procese a los responsables de la supuesta asociación ilícita configurada en torno de la financiera de barrio Villa Belgrano, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.
Se les endilga haber realizado operaciones clandestinas como intermediación financiera no autorizada, descuento de cheques, compraventa de moneda extranjera y transferencia de divisas al extranjero, entre otros delitos.
Al instar este procesamiento parcial, Casas Nóblega involucra a Martín Azar, Diego Sebastián Sánchez (ambos como líderes), María del Milagro Martínez, Melina Marisa Manelli, Miguel Ángel Azar, María Isabel Valoni (padres de Martín), Jorge Mario “Pipo” Novaro, Nicolás “Chino” Ferrer Juárez y María Agustina Cherro (esposa de Martín Azar).
En un escrito de 147 páginas presentado el jueves último al juez, el fiscal que tiene delegada la instrucción sostiene que la financiera fue creada en 2013, con su primera sede en el Cerro de las Rosas, en el segundo piso de una coqueta galería ubicada en la esquina de Fernando Fader y Otero. Años después, se trasladó a la sede que ocupaba hasta los allanamientos del 13 de febrero pasado, la oficina 213 del complejo Vistalba Mall, en Simón Laplace 5442 de Villa Belgrano.
Casas Nóblega describe los reproches legales a la organización: “intermediación financiera no autorizada mediante la captación de dinero en efectivo, tanto moneda nacional como extranjera (dólares); préstamos onerosos a terceros con ese dinero; descuentos de cheques; compraventa de moneda extranjera (dólares estadounidenses, euros, reales, entre otros) y transferencias de dinero presumiblemente ilegal hacia y desde el extranjero, utilizando para ello una maniobra de compensación o conciliación de cuentas propias o de terceros, vulgarmente conocida como ‘cable’”.
En concreto, para hacer “cable” “los imputados se habrían valido de diversas cuentas bancarias extranjeras abiertas a nombre de empresas” como H&H Outfitters.
Además, el instructor describe las cuentas personales de Martín Azar en el banco Wells Fargo, una llamada “Silvestre” que estaría a nombre de Silvestre Azar, y otra de Agustina Cherro del Wells Fargo. Además, se mencionan cuentas de sociedades comerciales creadas en el extranjero (offshore) por los miembros de la asociación, como la del Bank of America de la firma Angel USA, Corp., de Miguel Azar, como así también la del Bank of America, de Valoni Corp., de Valoni.
A los padres de Martín Azar les adjudica roles específicos: Miguel también habría aportado clientes, y Valoni habría contratado a su nombre una caja de seguridad en la firma Hausler, al lado de la financiera.
El otro presunto líder de la asociación, Sánchez, habría estado secundado en el descuento de cheques y la intermediación financiera por Martínez y Manelli. Aquí también se insertaban “Pipo” Novaro y “Chino” Ferrer, siempre según la acusación.
La causa tuvo impulso en febrero último, cuando se desarrollaron múltiples allanamientos en Villa Belgrano y otros sectores.
Además, a Martín Azar se le adjudica la tenencia, sabiendo que era ilícito, de una carabina Colt Defense Hartford CAN M4 calibre 5.56, de origen estadounidense, con 887 municiones calibre 223 y dos cargadores. Se señala que hubo contrabando y que ingresó al país el fusil de asalto de manera ilegal.
A Martín Azar también se le pide procesamiento porque habría adquirido el 18 de agosto de 2016 una motocicleta BMW R1200GS Adventure cero kilómetros, por la que pagó, según factura, 437 mil pesos.
Esto, dice Casas Nóblega, “supondría una gran erogación”, lo cual “carece
de congruencia con la situación patrimonial declarada por el nombrado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), en la cual figura como ‘monotributista’, categoría F”.
A Sánchez, también se lo acusa de comprar el 11 de enero de 2018 un Audi A4 2.0T FSI, modelo 2011, por el que pagó 380 mil pesos y que luego vendió un mes antes de los allanamientos.
También se señala que compró un Mercedes Benz, todo terreno, modelo GLA 200, de 2015, por 727 mil pesos. Como lo sostuvo con Azar, también señala el fiscal que hay una incongruencia con Afip, por ser monotributista F.
Entorpecimiento
Además de esos cargos, resumidos en cuatro hechos, Casas Nóblega fundamenta los peligros procesales de algunos imputados e incluye un dato publicado recientemente por este diario y que tiene que ver con presuntas maniobras de entorpecimiento que podrían haber realizado algunos de los imputados para borrar pruebas en el extranjero.
En los registros de la División Corporaciones del Departamento de Estado de Florida, Estados Unidos, aparece que Valoni y Miguel Azar, “mientras gozaban de libertad, solicitaron la disolución voluntaria de las firmas comerciales estadounidenses bajo su titularidad” Angelusa Corp. y Valoni Corp., “involucradas en las maniobras de transferencias internacionales (cable), siendo esta con posterioridad a la primera imputación de los mencionados”.
El domingo 13 de este mes, La Voz también publicó que un familiar de Azar había realizado una operación similar con la firma estadounidense Gaucho Group Corp., con el mismo domicilio de las anteriores.
Ahora, Casas Nóblega revela que quien pidió la disolución de esa firma es Zoe Cherro, hermana de la imputada Agustina y cuñada del imputado Martín Azar.
Este medio pudo corroborar esa solicitud (del 18 de marzo pasado) y obtuvo documentación que comprueba que Zoe Cherro figura como presidenta de la firma disuelta.
Reproches penales
Las calificaciones legales que solicita el fiscal a Sánchez Freytes son “asociación ilícita” para todos los integrantes de este grupo, con la salvedad de que Martín Azar y Sánchez son considerados jefes y organizadores.
Por “intermediación financiera no autorizada”, se pide procesamiento parcial a los mismos actores (salvo Agustina Cherro). A Martín Azar se le reprocha “tenencia de arma de guerra” y “encubrimiento de contrabando” por el hallazgo del fusil de asalto.
Por “lavado de activos de origen delictivo”, se pide responsabilizar a Martín Azar y a Diego Sánchez.
Ahora, el juez Sánchez Freytes debe tomar una determinación que contempla tres posibilidades: procesa a los mencionados, los sobresee o dicta una falta de mérito.
Trascendió de fuentes judiciales que, fuera de la asociación ilícita, puede pedirse en los próximos días el procesamiento de otros dos imputados en esta causa: Pablo Rueda y Joaquín Héctor Becerra, ambos libres con fianzas de siete millones de pesos.