La feudalización del país
Las pruebas están a la vista para cualquiera que decida no ignorarlas. Argentina es cada vez menos republicana y más feudal. Y la prolongada cuarentena, que pudo ser la más exitosa del mundo y concluyó como una de las peores, ofrece pruebas abundantes al respecto: la Nación, las provincias y los municipios, sin olvidar a la Justicia y al Poder Legislativo, coinciden en la ardua tarea de demoler lo que costó dos siglos construir imperfectamente.
En este rosario de infortunadas coincidencias, campea por sus fueros un poder central que impuso condiciones generales a fuerza de decretos de necesidad y urgencia, sin reparar en las particularidades regionales ni en las condiciones y necesidades de cada provincia, a caballo de gobernadores que prefirieron no discutir nada para no quedar fuera de la foto. Ni asumir responsabilidades que le dejaron a la Nación, cuyo gobierno descubrió, tarde pero seguro, que le habían hecho un regalo envenenado.
Y en el desconcierto generalizado, atribuible a una dirigencia para nada acostumbrada a planificar, intendentes de todas partes reinterpretaron a su manera las cuestiones de autoridad propia para incurrir en auténticos desatinos. Sobran los ejemplos.
Comunas de volumen diverso impusieron sus propias reglas para, en nombre del bien común –la salud lo es, pero no se trata de un valor absoluto–, someter a sus vecinos a odiosas restricciones, al punto de cerrar vías de comunicación, lo que es simplemente un delito.
Las provincias hicieron otro tanto, pero corregido y aumentado: San Luis, cortando rutas interprovinciales –en un diferendo jurídico que enfrentó a dos jueces federales, cuestión que la Corte Suprema trata de no resolver– y eludiendo la responsabilidad por alguna muerte acaecida como consecuencia de dichas restricciones. O Córdoba, con el patético caso Solange, que el mismísimo Presidente prefirió ignorar cuando se le consultó al respecto.
Claro que Formosa ofrece el mejor cuadro de la Argentina feudal. Ese reino de revés que regentea Gildo Insfrán casi desde siempre dejó fuera de sus límites a ocho mil personas oriundas de esa provincia, hasta que un tardío fallo de la Corte ordenó el cese de la medida.
Claro que los expatriados deben pagar ocho mil pesos por cada hisopado si quieren regresar. A menos que deseen compartir la suerte de quien fue autorizado a volver meses después de su muerte y regresó convertido en cenizas en una urna. O quien se ahogó tratando de cruzar el río a nado.
Sin olvidar otro feudo, el de Santiago del Estero, donde un padre debió cruzar en brazos a su hija enferma, ante la negativa policial, mientras los jefes comunales, los gobernadores y la Nación se entretienen creando nuevas tasas e impuestos. Como lo hacían los señores feudales de antaño.
Y en esa rara fiesta de la sinrazón, el Congreso y las legislaturas parecen deliberar en otra galaxia, ante la mirada de una Justicia que hace todo lo posible para no darse por enterada. Es el perfecto retorno a la Edad Media, donde no existían las constituciones. Como parecen no existir en nuestro país.