Debate sobre la oportunidad del aborto legal
Los “celestes” afirman que el tema no debe discutirse en plena pandemia.
Un total de 20 mujeres y 12 varones debatieron ayer durante todo el día en el plenario de comisiones de Diputados sobre la necesidad o inconveniencia sanitaria, financiera y moral de legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Hubo controversias interpretativas, datos oficiales y otros incomprobables o forzados, testimonios de casos reales. Unos consideraron al aborto como una problemática real de salud pública, y otros como un crimen contra la humanidad que no debe ser siquiera despenalizado.
Por la mañana y por la tarde, “verdes” y “celestes” intercambiaron posiciones de cara a la firma de los dictámenes que sería el viernes y al tratamiento en el recinto previsto para el 10 de diciembre, con una media sanción asegurada.
María Belén Carcedo, médica generalista cordobesa e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, expresó cómo los médicos lidian con los casos de mujeres afectadas por las consecuencias de abortos clandestinos mal realizados.
Carcedo dijo que las historias clínicas “hablan” y, resguardando las identidades, comentó sobre niñas de 13 años violadas por familiares, mujeres con HIV y otras personas víctimas de violencia de género, golpeadas y apuñadas por sus parejas, que pidieron abortar. “¡El aborto existió, existe y existirá! Quien decide abortar, aborta, sea cual fuese el estatus legislativo en su país. Lo que sí se modifica según las leyes son las condiciones en las que los abortos ocurren”, dijo la cordobesa.
Con otra mirada y especialidad, Siro de Martini, doctor en Ciencias Jurídicas, afirmó que el proyecto de ley no deja en claro si el aborto se podría hacer durante todo el embarazo, aunque el artículo cuarto establece el límite de la semana 14.
El jurista también señaló que el “movimiento feminista” en la Argentina tiene financiamiento internacional para impulsar la iniciativa. Con ello coincidió Ségolene Du Clodel, docente de Bioética y Doctora por la Universidad del Salvador. Entre las “verdes” brotó la indignación.
Carolina Comaleras, licenciada en Obstetricia, pidió “no subestimar a las mujeres y lo que les pasa”. Y Myriam Bregman, abogada y legisladora porteña, expresó que los “celestes” sólo están buscando argumentos para impedir que el Congreso amplíe derechos en el país.
Sonia Terragona, subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, fue la voz del Gobierno nacional. Ratificó que se prevén distintas estrategias para las IVE, pero siempre priorizando los métodos menos invasivos y más seguros, a base de medicamentos.
La pandemia y el debate
“¿Es este el momento para este debate?”, se preguntó Margarita Bosch, doctora en Ciencias Químicas, tras expresar un duro cuestionamiento a la decisión oficial de impulsar la legalización de la IVE. Según ella, el aborto “generará el mismo efecto que el Covid-19 desplazando la atención de otras patologías”.
La integrante del Consejo Académico de Ética en Medicina (Caeem) aseguró que el sistema de salud de la Argentina “no está preparado para esto, es insuficiente”. Bregman y otras exponentes del “derecho a decidir” contestaron que quienes hoy dicen que “no es momento” de este debate por la pandemia, son los mismos que en 2018 decían que con la ley de Educación Sexual Integral (ESI) se superaba el problema y luego se opusieron a su aplicación en numerosas provincias.
Semana 14, niñas y federalismo
María de Urraza, médica obstetra en La Plata, expresó que “es una ley que se está encuadrando en un momento que es difícil para todos”, por la pandemia, y, al igual que De Martini, entendió que se permite la IVE “a cualquier edad gestacional” para mujeres en estado de vulnerabilidad. Según Urraza, las 14 semanas son un punto de corte que no tiene nada que ver con la dignidad del ser humano. “Yo creo que es porque hasta la semana 13,6 se puede hacer diagnóstico de trisomía, diagnosticar el Síndrome de Down”, formuló.
Magui Fernández Valdéz, directora ejecutiva del Observatorio del Acceso al Misoprostol, dijo que hay que pensar en el “aspecto federal” dado que en las provincias de San Juan y Mendoza se encuentra prohibida la venta del medicamento que produce contracciones uterinas y que por ello se usa para provocar el aborto.
Carcedo opinó que se observa diariamente “una vergonzosa inequidad entre las provincias” en el acceso a derechos dentro de la Argentina. “En muchos territorios no hay voluntad política de implementar las causales vigentes para el aborto legal y creemos fervientemente que la IVE saldaría en parte esa desigualdad”, dijo.
“Que las niñas sean obligadas a ser madres, forzarlas a maternar, es considerado un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años atraviesa un parto en Argentina”, precisó la médica cordobesa. Y agregó: “El 80 por ciento de los embarazos en niñas es producto de un abuso sexual intrafamiliar. Sólo en 2017, 2.493 niñas y adolescentes se convirtieron en madres. 506 tenían entre 10 y 13 años”.
Reitero que hay una decisión política de mantener el debate dentro de los marcos del respeto y la tolerancia.
Cecilia Moreau, diputada
Los que impiden la implementación de la ESI son los que en 2018 la reclamaban a cambio de frenar el aborto legal.
Soledad Deza, abogada
Se busca no penalizar a las mujeres, pero sí a los médicos que expresan objeción de conciencia en cualquier caso.
Margarita Bosch, doctora
Sólo se tiene en cuenta el derecho de la madre, pero se invisibiliza al chico por nacer que también tiene derecho a la vida.
Siro de Martini, jurista