La Legislatura sostuvo la sanción y De Ferrari va al TSJ
Con un amparo, llevará la cuestión de privilegio al alto tribunal. Para Hacemos por Córdoba, “es un asunto terminado”.
Voluntad popular. El argumento de Gentile es que la sanción impuesta atenta contra la voluntad popular. La Corte Suprema, cuando falló a favor de Ricardo Bussi, dijo que el Congreso “debe respetar la voluntad del pueblo y de las minorías”.
Para Hacemos por Córdoba, la sanción de seis meses contra la legisladora Patricia De Ferrari, como la imposibilidad de que ocupe cargos en la Unicameral por el resto de su mandato, “es un tema terminado”, por lo que no corresponde “reinstalarla” en su cargo.
Ayer, De Ferrari ingresó a la Legislatura el expediente judicial en el que la Cámara en lo Contencioso Administrativo admitió la apelación del amparo por la suspensión, que será tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y, al mismo tiempo, recomendó redireccionar el reclamo como recurso de inconstitucionalidad, trámite que debe empezar la propia Legislatura ante el TSJ.
Según entiende el abogado de De Ferrari, el constitucionalista Jorge Gentile, esto último habilitaba la suspensión de la sanción impuesta hasta tanto se defina el tema de fondo: saber si la sanción que surgió de la cuestión de privilegio es constitucional. En ese marco, De Ferrari esperó hasta último momento que la nota sea admitida por Vice gobernación, convencida de que ingresaría al recinto. No sucedió.
En la sesión, el vicepresidente de la Legislatura, Oscar González, dijo que “no hay ninguna notificación por parte del Poder Judicial” respecto de la restitución de su banca a De Ferrari. González entiende que el pedido del abogado Gentile “es una interpretación caprichosa” de la sanción impuesta durante la sesión del 28 de octubre pasado, luego de sus tuits.
“El cuerpo ya se expidió; para nosotros es asunto terminado, hay que terminar con esta cuestión”, dijo González, para quien no surge del trámite judicial que De Ferrari deba recuperar su banca.
Ante este panorama, Gentile confirmó que el camino que tomará es el del TSJ y que presentará la apelación al amparo (otorgado en la Cámara en lo Contencioso Administrativo) y una medida cautelar, independientemente de lo que decida la Legislatura respecto del recurso de inconstitucionalidad. Son dos caminos paralelos.
“Es una sanción insólita porque se desconoce la voluntad popular y se basa en el único derecho que tiene un legislador cordobés: no ser molestado por sus opiniones. ¿Cómo va a ejercer su rol De Ferrari con un cepo de opinión?”, dijo Gentile.
En el Poder Legislativo, la carta de De Ferrari (y las 194 hojas del expediente judicial) ingresó a la Secretaría Legislativa y a Asuntos Legales, áreas que emitirán un dictamen respecto de si corresponde o no presentar una recurso de inconstitucionalidad. Esa opinión será elevada a la vice gobernación, que definirá si se presenta ante el TSJ o, como dijo González,” la Cámara toma sus propias medidas disciplinarias” y “el tema De Ferrari es un caso cerrado”.
Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) fue el único legislador que en el recinto solicitó que el expediente judicial vaya al a comisión de Asuntos Constitucionales, que fue donde se discutió la cuestión de privilegio. Este pedido no fue admitido.
Juntos por el Cambio, el bloque al que pertenece De Ferrari, acompañó el trámite administrativo, pero evitó pronunciarse en el recinto respecto del reclamo judicial. De hecho, no cayó del todo bien el camino judicial que emprendió la legisladora suspendida.
A lo largo del expediente, Gentile reclama “máxima celeridad” porque el paso del tiempo podría volver abstracto el reclamo. En Juntos por el Cambio creen que esa será la estrategia de Hacemos por Córdoba, cuando restan este año sólo cuatro sesiones en la Legislatura.