El drama de los ingresos insuficientes
La caída permanente del poder de compra de quienes tienen ingresos fijos y de cuentapropistas y empleadores es una experiencia cotidiana que no necesitaría mayores análisis.
Sin embargo, la estadística y la descripción del contexto socioeconómico ponen en números un problema que se agudizó durante la pandemia. La situación resultó muy crítica en el primer semestre, aunque sus efectos aún son notorios por la lenta vuelta a la normalidad y, por ende, de la actividad económica.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) mostró que al menos ocho de cada 10 personas percibieron menos de 40 mil pesos mensuales durante los primeros seis meses de 2020. El número revela la fuerte caída que registraron los ingresos y de su escasa capacidad de respuesta para afrontar los gastos de una canasta alimentaria y de servicios para el sostenimiento de un hogar.
Según los datos procesados para este medio por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), la baja en el poder de compra de los ingresos se completó con la pérdida de 103 mil puestos de trabajo en ese período. De ese total, 51 mil trabajadores se consideraron desocupados al no poder reubicarse en el mercado laboral, mientras que otros 52 mil pasaron a la inactividad; es decir, dejaron de buscar empleo.
Esas dos categorías de trabajadores, que equivalen al 48 por ciento del total en actividad en el Gran Córdoba, fueron los grupos más perjudicados.
La enorme cantidad de datos estadísticos de ese informe confirma el delicado cuadro social que atraviesa la región relevada –la ciudad capital, Villa Allende y Saldán–, aunque el panorama se reproduce en los grandes núcleos urbanos de la provincia.
La retracción en el poder de compra de una población laboral de casi 550 mil trabajadores, entre empleados, cuentapropistas y empleadores, se traduce en la caída de las ventas minoristas del comercio.
En noviembre, las ventas retrocedieron 13,1 por ciento en comparación con igual mes de 2019, informó la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom). Son 33 meses consecutivos en baja. Para corregir este delicado cuadro social y de retroceso de la economía, el Gobierno debiera alentar las inversiones privadas.
Esta actividad no recibió señales alentadoras, a raíz del cobro de nuevos impuestos y del gravamen a la riqueza, que desalienta proyectos de las pequeñas y medianas empresas y de emprendimientos agropecuarios.
Sin dudas, el impacto más negativo en los ingresos de una familia está vinculado con la persistente inflación, un fenómeno que la Argentina no logra llevar a estándares internacionales desde hace seis décadas.
La gestión encabezada por Alberto Fernández tendría que reducir el déficit fiscal. Pero no hay un discurso único sobre cómo poner en caja el excesivo gasto público. Por el contrario, hay más funcionarios y legisladores interesados en crear nuevos tributos. El Gobierno nacional debe alentar un debate genuino y transparente sobre estos temas, para evitar que la estadística termine por mostrar el complejo escenario de supervivencia que afrontan millones de argentinos.