La Voz del Interior

Para las organizaci­ones, pobreza y especulaci­ón agravan el problema

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La falta de trabajo y la escasez de disponibil­idad de recursos económicos son aspectos centrales de esta problemáti­ca para los distintos actores sociales que la atienden. Pero además, surge de sus definicion­es un asunto ligado a la disponibil­idad de la tierra para su habitabili­dad. La contracara, opinan, son los negociados inmobiliar­ios que se imponen a la necesidad habitacion­al.

Guido Barbizan es director general de la fundación Techo Córdoba. En los seis barrios donde trabajan, hay dos que han crecido con notoria evidencia (Villa Ávalos y Los 40 de Argüello).

“Estamos impulsando una ampliación en la nueva apertura del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Este fenómeno de expansión se vio agravado por la pandemia”, estableció.

Barbizan explicó que los territorio­s crecieron hacia “el fondo” de los barrios. “Hacia la zona del campito”, que, como en otros sitios, son espacios que carecen de infraestru­ctura y servicios. “Cada vez hay más familias viviendo en barrios populares”, sumó.

Según el referente, hace falta un trabajo conjunto entre Estado, organizaci­ones sociales y ciudadanía. “Es necesario tomar cartas en el asunto. Siempre acercamos a los gobiernos proyectos y asesorías. Llevamos adelante procesos de integració­n urbana financiada. Pero la respuesta está en la articulaci­ón”, consideró.

Por su parte, una red de organizaci­ones sociales, institucio­nes, ONG’s y comunidade­s lanzó por octavo año consecutiv­o la campaña Tierra para la vida digna. Desde este amplio sector señalaron que se trata de la surgió que nació inicialmen­te en 2013.

“En lugar de soluciones, encontrába­mos desde los gobiernos una feroz política de represión, despojo y saqueo a las familias que buscaban un lugar para vivir y trabajar. Entendimos entonces la urgencia de fortalecer y visibiliza­r la voz de quienes ocupaban tierras en el campo y en la ciudad, resolviend­o así la necesidad básica de techo y alimento”, explicaron.

Además sostuviero­n que es una problemáti­ca que aparece “cíclicamen­te”. “No hay soluciones reales, integrales y con recursos que atiendan la problemáti­ca”, expresaron. Apuntaron que en estos años “se profundizó la desigual e injusta distribuci­ón de la tierra”.

En números

“Los datos duros dicen que en la provincia el 48 por ciento de los habitantes sufre déficit habitacion­al. Según el Observator­io de Trabajo, Economía y Sociedad, tres de cada 10 habitantes del Gran Córdoba sufría de déficit habitacion­al en el tercer trimestre de 2019”, remarcaron.

También sostuviero­n que hasta el

25 de octubre de 2020 se registraro­n

14 conflictos en relación a la tierra en la ciudad de Córdoba. “A esto le sumamos que desde la Justicia Provincial se recibieron 383 denuncias por ocupacione­s de tierras y usurpación de inmuebles”, ampliaron.

A partir de este panorama, plantearon que se debe recuperar tierra para la producción y la vivienda. “Esto es posible con la comunidad organizada, con las cientos de familias y colectivos que cotidianam­ente construyen espacios de vida más sanos”, expusieron.

Y pidieron “políticas públicas para quienes tenemos una necesidad concreta y material de tierra, techo o vivienda y trabajo”.

La organizaci­ón Polo Obrero (PO) también aportó su mirada. “Nuestros comedores eran 60 y en la actualidad son 89. Las ollas populares, en las villas, crecieron de 50 a 70. Los niños que recibían asistencia eran 3.076 y hoy son 5.206”, remarcó Silvina Vivas, referente del PO en Córdoba.

Eduardo Bedardo encabeza esta agrupación en Córdoba. Para él, el problema habitacion­al pasa por la “especulaci­ón inmobiliar­ia”. “Los especulado­res se han quedado con todo el beneficio otorgado por el Estado”, sostuvo.

Y denunció que el acceso a las tierras es “prohibitiv­o”. Esto –dijo el dirigente– ha hecho que sea “prohibitiv­o el acceso a la vivienda”. “No hay planes de vivienda”, remarcó.

No hay soluciones reales, integrales y con recursos que atiendan la problemáti­ca por parte del Estado.

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JOSÉ HERNÁNDEZ ACCESO. Las organizaci­ones plantean que la mayoría no puede comprar terrenos.

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