Tras condenas a policías, la madre de la víctima pide penas altas
El adolescente de entonces 15 años fue sumergido en un río y los uniformados amenazaron con ejecutarlo con un arma. Ocurrió en Santa Rosa de Calamuchita. Una cabo y dos efectivos condenados.
“Seguidamente, la imputada Chanquía, abusando de su función y con la intención de generar un daño en el cuerpo o salud, le propinó puntapiés en las costillas y estómago al joven, quedando el mismo tendido en el suelo. A continuación, el encartado Chavero incorpora a J. L. C. tomándolo de los cabellos y lo traslada hacia la orilla del río, obligándolo a arrodillarse y le mete la cabeza abajo del agua por unos 15 o 20 segundos, repitiendo la acción una vez más, mientras le manifestaba: ‘Tenés sed, ya vas a poder respirar’, ‘dale, pendejo, ya te quedas sin aire’...”.
“Acto seguido, Gustavo Ariel Pereyra López, aprovechando la situación de indefensión, lo llevó nuevamente hacia la orilla del río, lo arrojó arriba de una planta y abusando de su función y con la intención de generar un daño en el cuerpo o salud golpeó con un puntapié la zona de las costillas derechas. Seguidamente Chavero, le manifestó a J. L. C.: ‘Vos no te vas…’, mientras le exhibía manipulando en su mano el arma reglamentaria, manifestándole ‘mirá lo que tengo acá’, gatillando dos veces hacia el suelo, sin que saliera ningún disparo”.
El expediente de la requisitoria a juicio que llevó adelante la fiscal de Río Tercero Paula Bruera, relata con crudeza los detalles de las torturas aplicadas por tres policías a un adolescente de 15 años en Santa Rosa de Calamuchita.
Un juicio con jurados populares los condenó penas de entre tres y cuatro años de prisión y de siete a ocho años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
“Más allá de que hace un año y medio que están presos (esto fue el 3 de noviembre de 2019 y tres días después los detuvieron), no me parece muy justa la sentencia”, subrayó Alejandra García (47), madre del joven golpeado.
A los tres agentes los condenaron por dos hechos diferentes: uno en perjuicio de un amigo de 15 años, y un segundo hecho en contra de su hijo, quien se llevó la peor parte.
La mujer aseguró estar conforme con el accionar judicial, pero esperaba una condena más severa, “de entre ocho y 10 años” de cárcel, especificó. Dijo que va a asesorarse si está en condiciones de presentar un recurso de casación para que se revise la condena. Por no tener recursos para hacerlo, contó que no contrató un querellante particular, sino que utilizó los servicios de defensoría oficial del Estado.
Dos de los policías se ajustaron al juicio abreviado: reconocieron los hechos y pidieron perdón. “Las disculpas no sirven, los dos le hicieron de todo, pero uno de ellos le gatilló dos veces y lo quiso ahogar”.
La mujer sostuvo que si los uniformados no hubieran tenido que relevar el cierre de otro bar, a las 5, a su hijo lo hubieran matado. “Estaba todo desfigurado”, recordó. Si bien lo amenazaron para que no hablara, y el chico les dijo que contaría que se había caído en el río, le confesó a su madre lo sucedido.
Subrayó que su hijo tenía 15 años cuando fue víctima de estos violentos actos y que aún no cumplió los 17. Dijo que todavía sienten las secuelas psicológicas de lo sucedido. “Yo estuve casi tres meses sin poder trabajar y mi hijo todavía tiene miedo cuando sale a la calle, él no se va a olvidar de la noche a la mañana”. Alejandra aseguró que, más allá de la condena, este hecho marcó la vida de la familia.
La cabo primero Jacqueline del Valle Chanquía (32) recibió una pena de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación, mientras que al cabo primero Miguel Eduardo “Lalo” Chavero Lalo (33) y al sargento ayudante Gustavo Ariel Pereyra López
(48), los condenaron a tres años y siete meses de prisión y siete años y dos meses de inhabilitación especial.
A los tres los sindicaron como coautores de privación Ilegítima de la libertad agravada por la utilización de violencias en contra de un menor de
18 años por parte de un funcionario policial y vejaciones agravadas.
El fallo fue dispuesto por la Cámara del Crimen de Río Tercero que contó con jurados populares.