Extremos del agravio hacia las personas más vulnerables
Una asesora presidencial envía una nota al fondo de vacunas ruso, diciendo que no han cumplido el contrato en relación con la segunda dosis de Sputnik y que la Argentina puede rescindirlo.
Además, les reprocha que tampoco han dado evidencia científica respecto del uso de la vacuna en menores de 18 años y le hace saber que el país recibe donaciones de vacunas de Estados Unidos por una modificación en la ley respectiva.
En principio se supone que una interpelación de ese nivel debe ser motorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, máxime cuando implica una sanción.
La asesora parece ignorar que los países del Primer Mundo tienen personal que se ocupa de conocer las actividades de los otros, incluso de aquellas que se procura que se mantengan en reserva. La donación a nuestro país por parte de Estados Unidos fue un acontecimiento muy difundido; también la modificación de las normas que regulan la adquisición de vacunas.
Lo que quizás la asesora no advierte es que coloca al incumplidor en la mejor posición. Le rescinde el contrato y así lo desobliga de proveer la segunda dosis, que siempre se supo era difícil de producir técnicamente. La consecuencia: dejar a más de un millón de adultos mayores sin cobertura.
Respecto a los menores de 18 con discapacidad, comorbilidades, en extremas condiciones de vulnerabilidad, resulta impropio que la asesora exija la data científica sobre la Sputnik.
Hay una vacuna aprobada, que garantiza cobertura calificada, pero que tiene un problema: ha sido elaborada por un laboratorio que no goza de la simpatía de algunos miembros del Gobierno nacional.
El vallado es infranqueable. Para estos funcionarios, ni los derechos de las personas con discapacidad ni los de adultos mayores parecen tener relevancia.
La Ley de Presupuesto 2021, en el área de Salud, dice: “…la creciente sobrevida con discapacidad de las personas que en algún momento de su vida sufren accidentes…”.
¿Cómo debemos interpretar el texto? ¿Quién sigue en esta innoble conculcación de derechos humanos?