Inmuebles: ¿la hora del dinero en blanco?
Sin que fuera tratada la esperada prórroga, el 10 de julio venció el plazo para blanquear fondos “en negro” y destinarlos a la construcción.
Pese a que esta etapa concluyó, todavía están vigentes los incentivos para quienes quieran invertir en obras inmobiliarias dinero ya declarado y, sobre todo, para empresas que tenían terrenos en su patrimonio.
Sin embargo, es poco lo que se difunde sobre el tema, a pesar de que los beneficios impositivos para los desembolsos con fondos “en blanco” son bastante interesantes. Es que todo el proceso para implementar esta ley votada por el Congreso desalentó al sector y casi no genera expectativas.
Es más, la enorme demora de la reglamentación e implementación y el escaso tiempo de adhesión hacen suponer a más de uno que el Gobierno nacional no tiene demasiadas intenciones de promoverlo. Sobre todo cuando, luego de que en Diputados se presentara un proyecto para extender unos meses el plazo y la iniciativa ni siquiera fue tratada en Comisión.
De todos modos, la ley está vigente y las herramientas para acceder a los beneficios impositivos están habilitadas para contribuyentes que quieren invertir con plata ya exteriorizada.
En estos casos, todos los montos invertidos en obras iniciadas con posterioridad al 12 de marzo o con menos del 50 por ciento de avance hasta esa fecha estarán exentos del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Además, se podrá tomar el uno por ciento de esos desembolsos como pago a cuenta de este tributo patrimonial, lo que constituye una ventaja importante, ya que se descuenta directamente del saldo por pagar.
En este caso, el cómputo de los beneficios se puede realizar en la declaración jurada de Bienes Personales del período 2020, del año fiscal 2021 o de 2022. El primero era de utilidad, por ejemplo, para personas que al 31 de diciembre de 2020 tenían dólares en efectivo gravados por el impuesto.
Si realizaran inversiones en construcción antes del cierre de la presentación anual, podrían quedar exentos.
En el sector no ven que sea una oportunidad que muchos estén analizando.
Por un lado, los plazos fueron ajustados: el cierre es el 10 de agosto y hay que optar por proyectos habilitados por la Afip en un registro que recién abrió el 7 de junio. Las inversiones inmobiliarias no son decisiones que se tomen de un día para otro. Por otra parte, no es un buen momento del mercado, cuando la rentabilidad está en mínimos históricos.
El otro punto de los incentivos es, según opina el tributarista Marcelo Badra, una buena oportunidad para las empresas.
La ley establece que el propietario de un terreno que lo aporte a un emprendimiento podrá diferir el Impuesto a las Ganancias o a la Transferencia de Inmuebles (ITI) hasta que cobre la operación y, además, podrá tomar el costo actualizado.
Badra explica que las empresas que tienen lotes en su patrimonio valuados a precio de costo, ahora los podrán actualizar a los efectos del cálculo del impuesto por pagar. Esto es muy relevante para propiedades incorporadas antes de 2018 (desde ese año se permite actualizar valores), porque reduce sustancialmente el monto por tributar.
De cualquier manera, lo que decidirá a una persona o empresa a invertir en construcción son más las condiciones del mercado que los incentivos tributarios.
Habrá que ver si mejoran en los próximos 17 meses, antes de que el régimen termine.
El blanqueo para construir tiene vigentes los beneficios para quienes desembolsen fondos que ya están declarados.