Cuestionan el reclutamiento policial
La Cámara 7ª del Crimen puso “una luz de alarma” respecto de los análisis a los aspirantes a integrar la fuerza. Lo hizo en la sentencia a un agente que sometió a una joven en predios de la UNC.
Lo hizo la Justicia en la sentencia contra un agente acusado de violación.
“Las constataciones que vengo realizando (...) están poniendo en evidencia y activando una luz de alarma sea ya respecto de la perfectibilidad de tales evaluaciones de aptitud (previas al reclutamiento), ya de la necesidad de un mayor celo en su aplicación por parte de quienes tienen la responsabilidad profesional e institucional de hacerlo”.
Las palabras corresponden al texto de la condena a 11 años y medio de prisión e inhabilitación permanente al agente de la Policía de Córdoba Maximiliano Exequiel Mancilla Villarrial (25), quien, apelando a métodos extorsivos, abusó sexualmente de una mujer en el interior de un auto, en predios de la Ciudad Universitaria.
Los vocales de la Cámara 7ª del Crimen de la ciudad de Córdoba sostienen en sus fundamentos conocidos este lunes que los análisis previos a la admisión de los policías no cumplen con las exigencias debidas y permiten casos como el del abuso cometido en la madrugada del 3 de agosto de 2019.
Mancilla Villarrial estaba haciendo adicionales en predios contiguos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuando abordó a una pareja que esa madrugada se encontraba en el interior de un Ford Fiesta. Tras apelar a métodos extorsivos, logró que el hombre bajara del vehículo y luego ingresó al habitáculo, donde obligó a la mujer a tener relaciones con él. En el lugar quedó un preservativo con material genético del uniformado y toda la escena quedó registrada por cámaras de la vía pública, lo cual sirvió de prueba contundente para la condena.
En junio pasado se acordó un juicio abreviado con la condena, según lo solicitado por el fiscal de cámara Sergio Ruiz Moreno con el consentimiento de la querellante Antonella Luciana Pellanda, en representación de la mujer que fue víctima.
Con anuencia de sus pares Patricia Soria y Gustavo Rodríguez Fernández, el vocal José Daniel Cesano indica en el párrafo siguiente que considera “pertinente remitir al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba copia de la presente resolución a los efectos de que los objetivos recién explicitados sean especialmente atendidos; todo para un mejor funcionamiento de la institución policial”.
La extensa recomendación incluida en los fundamentos de la sentencia condenatoria se inscribe en previsiones de organismos internacionales: “Al respecto, no resulta ocioso señalar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, al elaborar la ‘Normativa y práctica de los derechos humanos para la Policía’ (ONU, Nueva York y Ginebra, 2003), ha efectuado la siguiente recomendación destinada a los funcionarios con responsabilidades de mando y supervisión: ‘Elaborar métodos de selección escrupulosos para la selección de los funcionarios nuevos y evaluaciones periódicas de todos los agentes a fin de determinar si reúnen las condiciones adecuadas para hacer cumplir la ley’”.
Las conclusiones a las que arriba el tribunal se deben a que Mancilla Villarrial había sido designado el 7 de agosto de 2018 y el hecho lo cometió antes de cumplir un año de servicio, en los primeros días de agosto del año siguiente.
Señalando que le dieron el alta indicando que no poseía antecedentes psiquiátricos, se añade que, días después de cometer la violación, el Departamento de Medicina Laboral de la Policía de Córdoba concluyó: “Sobre la base de los resultados de las pruebas administradas y a la entrevista psicológica, se puede sugerir que Maximiliano Exequiel Mancilla Villarrial inicie tratamiento psicológico y psiquiátrico, por lo que el pronóstico es desfavorable al momento de la evaluación”.
Pero, además, la misma institución consignó que el imputado se encontraba “no apto para la tenencia y portación de armamento provisto reglamentario ni para desempeñarse en tareas de seguridad y defensa”, según remarca el vocal de la Cámara 7ª”.
Cesano continúa con su argumentación y sostiene que “en menos de un año”, y “sin que existiesen ‘antecedentes psiquiátricos en su legajo médico laboral’”, se señala que el mismo agente es “no apto”.
“Indudablemente lo que acabo de apuntar resulta preocupante –señala
El fallo. El policía Maximiliano Mancilla Villarrial (25) recibió 11 años y seis meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal calificado por ser cometido por personal miembro de una fuerza de seguridad, en ejercicio de sus funciones.
el magistrado–, especialmente teniendo en cuenta el escasísimo tiempo entre el alta y la comisión del delito de un sujeto que, según el propio informe del Departamento de Medicina Laboral –y lo reitero–, no registraba antecedentes psiquiátricos”.
Cesano junto con los camaristas Soria y Rodríguez Fernández señalan que no desconocen “que el acceso a la fuerza policial está supeditado a la realización de evaluaciones psicológicas, las cuales se encuentran reguladas legal y reglamentariamente”.
Por esto, entienden que el Gobierno de Córdoba debe revisar estas pruebas de admisión y activar “una luz de alarma” en la validez de las pruebas que se toman y en la responsabilidad de los profesionales que las administran.
Agravantes
En los fundamentos de la sentencia, en coincidencia con lo apuntado por los acusadores, el tribunal remarca la condición de policía y la larga duración del hecho, que se extendió entre las 4 y las 6 de la madrugada.
Mancilla Villarrial abordó a la pareja que estaba en una situación íntima y comenzó a extorsionarlos. Tras retenerles los documentos, primero interrogó al hombre (fuera del vehículo) y lo extorsionó con hacer conocer lo que estaba haciendo, teniendo en cuenta que su padre era policía y estaba por rendir un concurso, además de que el joven era personal de otra fuerza de seguridad. Ya en diálogo con la mujer, en actitud muy comprometedora, el uniformado la interrogó y le dijo que podía frustrar su próximo viaje a España, más otras amenazas. En todo momento usó el recurso de utilizar la frecuencia policial para “llenar” el lugar de patrulleros, con lo cual haría trascender el encuentro íntimo de esos jóvenes.
En uno de los tramos de la charla, el policía le dijo al hombre que si él llamaba a los patrulleros iban a perder sus empleos y que iban a “terminar siendo un ama de casa y un albañil”.
Ya en el interior del auto, cometió dos hechos de abuso sexual y arrojó el preservativo que utilizó, elemento que sirvió para involucrarlo con pruebas genéticas.
Todo fue registrado por cámaras de seguridad de la vía pública, lo que ayudó a incrementar las evidencias en su contra en la instrucción que llevó adelante la fiscal Ingrid Vago.
En el juicio abreviado, el acusado reconoció los hechos tal como fueron leídos, se mostró arrepentido y pidió disculpas a la víctima y al hombre que la acompañó aquella madrugada.