Los legisladores que sabremos elegir
El gobierno republicano es la autoridad investida democráticamente por la Constitución para dirigir el país. Dicho gobierno decide lo que se ajusta al “bienestar general” a través de los tres poderes que lo componen: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Leyes, decretos y sentencias hacen posible que el Estado reconozca y garantice nuestros derechos y nos indique qué obligaciones tenemos los ciudadanos, las sociedades intermedias y los organismos estatales. De este modo, los derechos humanos podrán ser ejercidos, incluso en momentos especiales como el que vivimos ahora con la pandemia.
La autoridad, entonces, no es el presidente, ni los gobernadores, ni los intendentes, que sólo ejercen los poderes o departamentos ejecutivos, sino que son los tres poderes del Estado, cada uno en el ejercicio de sus competencias.
Sin embargo, en situaciones excepcionales como las que hoy vivimos, hay ejecutivos que se arrogan poderes que no les son propios, como ocurre con el Poder Ejecutivo Nacional, que en el último año y medio dictó más decretos de necesidad y urgencia (DNU) que las leyes que sancionó el Congreso, invocando la emergencia, supliendo muchas veces de manera inconstitucional las atribuciones del primero y más importante de los poderes, que es el Congreso, que en la próximas elecciones será renovado por el voto del pueblo.
Crisis
En este siglo, se produjeron cambios vertiginosos en el mundo, no sólo por el coronavirus, sino también por el crecimiento de la información y su procesamiento a través de las redes y los medios digitales. Se acentuaron la globalización, el crecimiento económico, la concentración de los poderes políticos, sociales, económicos, de la información y del conocimiento.
Pero ello hizo crecer la desigualdad, la informalidad y la pobreza. Se ha dificultado la movilidad social y las clases medias reclaman viviendas y mejores servicios de salud y de educación. Gobernados y gobernantes se han divorciado; pocos conocemos a nuestros representantes. La corrupción, la inflación, el desempleo y la marginalidad agrandaron la brecha.
Las llamadas “clases políticas” y los poderosos se han desprestigiado y perdieron autoridad. Los partidos políticos se debilitaron o desaparecieron; los parlamentos legislan poco, no controlan a los Ejecutivos; los bloques se multiplican al compás del transfuguismo, y muchas veces delegan atribuciones a los Ejecutivos.
El prestigio y la ejemplaridad se han debilitado, y los órganos legislativos no canalizan reclamos, protestas, movilizaciones que suceden a diario en Argentina, Cuba, Chile, Colombia, Perú, Sudáfrica, Hong Kong, etcétera. Los escraches, los piquetes, las tomas de tierras nos muestran que estamos lejos del bien común y de la justicia. Ello debilita a la democracia y hace crecer el autoritarismo.
La aparición de outsiders de la política –como Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil), Nayib Bukele (El Salvador) y Pedro Castillo (Perú)– o de nuevos dictadores –como Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba)– son otra consecuencia de ello.
Las elecciones de medio término, en las que elegiremos senadores y diputados nacionales, se muestran como una lucha desenfrenada por retener o lograr cargos legislativos, pero también como una suerte de primaria para posicionarse a fin de alcanzar candidaturas ejecutivas para los comicios de 2023.
El número de legisladores por distrito es el mismo de hace 40 años: Córdoba tiene 18 diputados, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, con menos habitantes, tienen 25 y 19, respectivamente, lo que contradice a la Constitución. No hay voto de preferencia ni se puede tachar a los candidatos que no nos gusten, para poder cambiar el orden de las listas, que son confeccionadas por quienes mandan.
Por ello es frecuente ver que son encabezadas por esposa/os, hija/os, amantes, amiga/os, punteros, etcétera, y que están adornadas por personajes mediáticos que poco saben de política.
Quienes son expertos, estudiosos, humildes, se juegan por los demás o lucen trayectorias y conductas ejemplares son la excepción. Desaparecieron las plataformas electorales, sobran las críticas a los rivales y no se proponen transformaciones.
La elección es otra oportunidad para nuevos proyectos, renovar la política y a los políticos, terminar con los privilegios y alimentar la esperanza en el país, y convencer así a los desilusionados que quieren irse.
En situaciones excepcionales como las que hoy vivimos, hay ejecutivos que se arrogan poderes que no les son propios.