Nivel superior no universitario: un mundo complejo
El nivel superior no universitario es un universo complejo. El funcionamiento depende no sólo de la oferta y de la calidad educativa sino de factores externos: el contexto, la estrategia de difusión, los recursos, la inserción de los egresados en el mercado laboral y la oferta universitaria cercana.
El nivel superior brinda servicios educativos no obligatorios, pero esenciales para las comunidades donde se insertan: permiten el acceso en barrios alejados del centro de la gran ciudad o en localidades chicas sin otras ofertas educativas.
La pandemia y la educación virtual han modificado el mapa educativo y perjudican de manera específica a las carreras que tienen como pilar la práctica en terreno.
El problema se agudiza en algunos institutos de gestión privada que advierten la deserción de alumnos (un fenómeno previo a la pandemia que muestra que sólo la mitad de los estudiantes que ingresa al nivel superior egresa en el tiempo previsto) y aviva el miedo a eventuales cierres de carreras o de imposición de cupos para garantizar su continuidad.
La Provincia asegura que evitará tomar medidas que pongan en debate algún tipo de limitación en el acceso a la educación. Pero no habilitará nuevos aportes del Estado para el pago de salarios docentes en los privados.
Esto obligará a sobrevivir a las instituciones que cobran cuotas bajas y que en ciertos casos, sin ser masivas, ofrecen trayectos formativos de impacto social o productivo.
Para algunos, la situación es crítica. A una tecnicatura de pueblo, a la que asisten 15 alumnos y cobra una cuota de 2.700 pesos, le resulta imposible autosustentarse y pagar salarios docentes no subsidiados.
En emergencia
Entonces, la emergencia sanitaria parece pedir a gritos medidas extraordinarias de auxilio (¿del Estado? ¿de empresas? ¿de cooperativas?) que garanticen la continuidad y permitan estudiar a quien desee hacerlo.
En la provincia de Córdoba hay más de 80 mil alumnos de nivel superior no universitario.
La presencia del sector privado es significativa: gestiona seis de cada 10 institutos, que atienden al 40% de los estudiantes matriculados.
El Estado no está obligado a aportar a la gestión privada, pero históricamente las instituciones (la mayoría no es de elite) han solicitado ayuda económica para los salarios docentes, lo que posibilita la supervivencia de esos servicios educativos que, en ocasiones, cubren espacios de vacancia de la gestión estatal.