Este año, la Provincia previó $ 5.110 millones para la ex-Kolektor
CONTRATO. Es por las comisiones que la empresa cobra por “asistir y colaborar” en la recaudación provincial. Es 37,4% más que lo pagado en 2020.
El Gobierno de la Provincia tiene previsto gastar 5.110,2 millones de pesos en 2021 para pagarle a la UTE conformada por las empresas Servicios y Consultoría SA y Cía. de Gestión, Administración y Fiscalización SA –ex-Kolektor– en concepto de las comisiones que resulten de la gestión de cobro de impuestos y tasas.
El monto es la imputación de egreso que el fisco espera tener por el contrato vigente desde 2018 por los “servicios de asistencia y colaboración para optimizar la gestión de los recursos a cargo de la administración tributaria de la Provincia”.
El contrato, que vencía en enero de 2022, fue prorrogado esta semana hasta el mismo mes de 2026 por el gobierno de Juan Schiaretti mediante un decreto. La prórroga, por un plazo máximo de 48 meses, estaba prevista en el contrato original que había sido aprobado en la Unicameral.
El total es una estimación oficial porque, en rigor, el valor exacto depende de la recaudación. El contrato le otorga una comisión del 1,8% de la recaudación impositiva y de un conjunto de los recursos no tributarios más relevantes, como las multas de la Caminera, por ejemplo.
Además, si la recaudación propia crece por encima de la inflación (algo que sucede desde noviembre), la exKolektor recibe un bonus, con un tope del 3,3% sobre lo cobrado.
Uno de los puntos más polémicos es que no se trata de un porcentaje sobre los recursos que la empresa consiga con base en la gestión de cobro, sino sobre el total recaudado.
Los 5.110,2 millones de pesos representan un 37,4% más que lo que la Provincia pagó por este concepto en 2020 (3.718,8 millones), según datos oficiales. En 2019, se pagaron 2.836 millones. En lo que va de 2021, la Provincia ya le pagó a la exKolektor 3.505 millones, el 45,8% de lo estimado para todo el año.
En un comunicado, la Provincia defendió la prórroga diciendo que una auditoría de la UNC avaló en marzo pasado el cumplimiento del contrato y los compromisos asumidos por la UTE. En ese informe, dijo la Provincia, la casa de altos estudios se expidió “positivamente”, y destacó, entre otros aspectos, “que las inversiones se han cumplido en los montos comprometidos”, que el trabajo se valora “favorablemente” y que “la respuesta de la contratista ha sido adecuada en calidad y cantidad”.
Orlando Arduh, presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, calificó la renovación contractual como “lamentable”. “Esta empresa ni siquiera pudo presentarse con su nombre real a la licitación en 2017”, agregó. “Poco transparentes fueron las licitaciones y es la gestión: es incomprensible que un gobierno que lleva 20 años, y que se ufana de ser promotor de un Estado moderno, no haya aprendido a cobrar impuestos con eficiencia”, disparó.
Marcelo Cossar, titular del bloque de la UCR, advirtió que “de esta medida se desprende que el próximo gobernador deberá lidiar con esta tercerización sin tener posibilidad de plantearse la conveniencia o no de seguir con este contrato”. “Es evidente que el Gobierno toma decisiones como si fuera a gobernar para siempre. Habla muy mal de la calidad institucional de Córdoba ese tipo de medidas plurianuales que conllevan compromisos a futuras gestiones”, agregó.
Noel Argañaraz, representante del Frente de Izquierda, rechazó la extensión “no sólo por los escándalos de corrupción por los que la empresa fue muy cuestionada”, sino también por “la precarización laboral y el maltrato a sus trabajadores”. La legisladora habló de “sobreexplotación” y de “múltiples irregularidades”.
Juan Pablo Quinteros, quien era legislador cuando se firmó el nuevo contrato en 2017, había presentado, junto con otros dos representantes opositores de entonces en la Unicameral –Liliana Montero y Aurelio García Elorrio–, una denuncia (que fue rechazada) “para dilucidar si hubo cohecho” entre funcionarios provinciales y la empresa para materializar “un direccionamiento arbitrario en el proceso licitatorio”, decía la presentación. Según Quinteros, hoy concejal en Córdoba por Encuentro Vecinal, aún “falta resolver la solicitud” para constituir a Asoma, la asociación civil que integraban los denunciantes, “en querellante”.