El dolor y la lucha de los padres de Blas Correas
A un año del asesinato del joven por parte de la Policía, sus progenitores dicen que fue un “crimen de Estado”.
BLAS CORREAS. A un año del asesinato policial del adolescente, sus padres cuentan todo lo que fueron descubriendo alrededor del homicidio. La causa, definida por el fiscal como un episodio de “violencia institucional”, tiene a 13 policías enviados a juicio. Hoy habrá una marcha.
Hasta la medianoche del miércoles 5 de agosto de 2020, Soledad Laciar miraba a Córdoba y a sus principales instituciones públicas de otro modo. “Aprendí que yo era una persona cómoda, que veía las cosas malas que estaban pasando, pero no tenía compromiso. Yo no tenía idea de lo que realmente pasaba. Mis hijos salían a la calle y para mí el principal problema era la inseguridad. Les decía que tuvieran cuidado y que, si eran asaltados, no se resistieran, que entregaran todo. Nunca se me había cruzado por la cabeza que tuvieran un problema con la Policía”.
A las 0.07 con 13 segundos del jueves 6 de agosto de 2020, aquella mirada de Soledad, de entonces 42 años, cambió de manera drástica. Su hijo Valentino Blas Correas (17) viajaba junto con cuatro amigos en un Fiat Argo. Cuando el conductor no frenó en un control policial apostado en la avenida Vélez Sársfield, frente al instituto Pablo Pizzurno, al sur de la ciudad de Córdoba, dos de los cuatro agentes abrieron fuego contra el vehículo. Uno de los seis tiros que dispararon atravesó la luneta y le ingresó por el omóplato a Blas, quien iba sentado en el medio del asiento trasero. La trayectoria interna del proyectil le generó un daño que minutos después lo llevó a la muerte.
“Hoy, mi lucha no es por Blas ni por los chicos que ya no están, sino por quienes sí están. Estoy levantando el nombre de mi hijo para que algo cambie. Con la muerte de Blas voy a tener que aprender a vivir, pero con lo que no quiero vivir es con un Gobierno sordo. Pido que el Gobierno asuma las responsabilidades que le caben, en este caso y en tantos otros. Que asuma la responsabilidad que tiene sobre los policías que hoy están y que este Gobierno ha formado, a muchos de ellos desde el colegio. Porque acá no pueden hablar de herencias: es el mismo Gobierno de los últimos 22 años (N.d.R.: los dos policías acusados de dispararle a Blas y a sus amigos hoy tienen 34 y 31 años). Que asuman la responsabilidad de todo lo que hicieron en estos años. Y espero que permitan que la marcha de este viernes sea en paz”, continúa Soledad.
En estos 12 meses, ella se encontró con otra Córdoba. “Fatídicamente descubrí que esto que uno veía que pasaba lejos, y que muchas veces hasta justificaba porque me quedaba con el primer título, en realidad era otra cosa. No quiero que haya más nadie en mi lugar”, apunta.
Empleada bancaria, hija de una familia fanática del club Belgrano, vecina de Altos de Villa Cabrera, hasta el 5 de agosto del año pasado Soledad era una integrante más de la clase media cordobesa. A partir de la madrugada del 6 de agosto, es la mamá de Blas, una mujer que levantó las banderas del nunca más en Córdoba; que descubrió que la Policía carecía de un sistema de formación, de capacitación y de control adecuado; que tuvo que ponerse varias veces firme para encontrar un poco de eco judicial, y que pidió sin suerte ser escuchada por el gobernador.
Lastimada en el dolor insoportable, descubrió cómo, amparados en el anonimato de las redes sociales cada vez que ella alzaba la voz, intentaban salir a ensuciarla, a vincularla a supuestas operaciones políticas o a pretender igualar a aquel adolescente que no frenó en un control con policías armados por el Estado, que dispararon sin tener una razón legal para hacerlo.
Un año después, ella continúa firme enarbolando un discurso público que desnuda toda una estructura. “Fue un crimen de Estado”, dice esta mujer, una madre del dolor que señala al corazón de la estructura de seguridad en la provincia.
El papá de Blas también lo repite. Fernando Blas Correas no duda en firmar la misma descripción. El crimen, coinciden, no fue sólo obra de dos policías sueltos.
Treinta y tres días antes del asesinato de Blas, José “Beco” Ávila (35) fue asesinado por policías en Villa El Libertador, también en el sur de la ciudad de Córdoba.
Ochenta días después del “gatillo fácil” que se cobró la vida del hijo de Soledad y Fernando, Joaquín Paredes (15) murió también a manos de policías en el pequeño y pobre pueblo de Paso Viejo, en el norte cordobés.
En la marcha de silencio convocada para hoy a las 18 en Colón y General Paz, en la ciudad de Córdoba, también estarán presentes las familias de Ávila y de Paredes, además de los familiares de dos jóvenes de Colonia Caroya, Jorge Lautaro Guzmán (23) y Agustín Barrios (23), quienes el año pasado murieron al chocar en moto cuando eran perseguidos por una patrulla.
Además, se manifestarán los padres de Franco Amaya (18), asesinado en un control policial en Villa Carlos Paz en 2017, cuya causa judicial terminó en un curioso fallo que eludió la pena de prisión perpetua para el policía acusado, sentencia que este año fue avalada por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña.
Cambios y anuncios
La seguidilla de estos casos el año pasado provocó un sismo policial y político en Córdoba: primero se reemplazó a los tres jefes de Seguridad Capital; luego fue pasado a retiro forzoso el jefe de la fuerza, Gustavo Vélez, quien fue reemplazado por Liliana Zárate. Además, se anunciaron y se aprobaron cambios en el Tribunal de Conducta Policial y en la formación policial.
Zárate, la primera mujer en la historia en acceder al máximo sillón de la Policía de Córdoba, en su momento había afirmado que el crimen de Blas había sido un “caso particular”. Cuando ocurrió el asesinato, ella era la jefe de Recursos Humanos, área de la fuerza por la que pasaron los legajos de los dos policías que aquella madrugada dispararon contra Blas y sus amigos, Lucas Gómez y Javier Alarcón, ya que estaban imputados por otros delitos (encubrir a un violador serial y golpear a un automovilista, respectivamente), pese a lo cual continuaban trabajando armados en las calles.
Cuando trascendió esta situación, el Tribunal de Conducta Policial quedó en el centro de las miradas. La titular del Tribunal de Conducta, Ana María Becerra, fue imputada este año por el delito de “abuso de autoridad” en una causa conexa al crimen de Blas. En su descargo, ella dijo que el Tribunal dispuso que los policías acusados podían continuar trabajando, pero que fueron el Gobierno y la propia Policía los que decidieron que