Hasta siete años por estafar con casas y autos
Desde la firma Zerox, vendieron falsas ilusiones a al menos 50 víctimas.
Once personas que participaron de una megaestafa a un colectivo de al menos 50 personas que pagaron por sus viviendas y por tener su auto 0 kilómetro resultaron condenadas en un juicio desarrollado durante nueve meses en la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba.
Los propios clientes damnificados, de diversas partes del país, realizaron la denuncia que fue tramitada por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier.
Los hechos se sitúan entre la segunda mitad de 2014 y mediados de 2017 y se explican a partir de la constitución de una asociación ilícita destinada a estafar con la venta fraudulenta de propiedades y vehículos.
Este grupo operaba desde Córdoba y habría provocado más de 50 estafas en la provincia, como así también en otros distritos del país, como Neuquén –con 50 fraudes denunciados–, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Tucumán.
Según el expediente, la asociación habría actuado con el “ropaje” de distintas razones sociales, tales como: Grupo Zerox SA, Own House SRL, Owen House SRL, Easy Credit SRL o One Finance SRL.
Estas “empresas” eran presentadas como entidades sólidas, dedicadas a la venta de planes de ahorro para la adquisición de viviendas prefabricadas y de vehículos 0 kilómetro.
Captaban a sus clientes con la promesa del auto o la casa propia, en cuotas fijas sin interés y a través de la confección de contratos, instrumentos publicitarios y diversa documentación.
Según surge de la condena dictada durante la pasada semana, las víctimas eran inducidas a engaño y, creyendo que serían adjudicatarios del bien que tanto anhelaban, firmaban pagarés o entregaban sumas de dinero y hasta autos.
Según la descripción de los hechos formulada por el fiscal instructor, esta supuesta organización delictiva habría funcionado bajo las órdenes y las directivas de los jefes o los organizadores de la banda: Lucas Daniel Álvarez (prófugo desde octubre de 2017), Matías Héctor Tolosa, Luciano Manuel Tolosa, Jesús Luis Olguín Tufoni, Carlos Martín Moyano Martínez, Lucas Fernando Recalde y Mario Enrique Castillos.
Todos ellos habrían logrado llevar a cabo más de 50 fraudes en perjuicio de terceros por sumas que superaban los ocho millones de pesos a mediados de la década pasada.
Las penas
El debate tuvo una larga duración, entre noviembre de 2020 y el pasado 3 de agosto, y fue dirigido por el vocal unipersonal Mario Centeno. Además del fiscal Enrique Gavier como acusador en Cámara, el querellante Gastón Schoenfeld representó a 23 de los damnificados.
Como defensores actuaron los asesores letrados Carolina Lerda,
Millonaria estafa. Todos los involucrados en la maniobra delictiva habrían logrado llevar a cabo más de 50 fraudes en perjuicio de terceros por sumas que superaban los ocho millones de pesos a mediados de la década pasada.
Martín Cafure y Diego Ortiz, más los abogados particulares Gonzalo Martínez, Gustavo Nievas, Milton Parola y Claudio Massera.
Los jefes y organizadores confirmados con ese rol en el juicio fueron los dos Tolosa y Olguín Tufoni, quienes llegaron al debate con prisión preventiva, pero fueron saliendo del encierro al cumplirse durante el transcurso los tres años de la medida cautelar.
Además, a todos los juzgados se los responsabilizó por numerosos hechos de estafas reiteradas.
Este trío recibió las penas mayores: los hermanos Luciano y Matías Tolosa fueron condenados a siete años y tres meses de prisión, más multas de 60 mil pesos. Olguín Tufoni, con la misma multa, recibió seis años y tres meses de pena de encierro.
Moyano Martínez, Recalde y Castillos también estaban señalados como jefes pero en el debate terminaron siendo considerados “miembros”, por lo que recibieron penas “medias”: Recalde, cinco años; Moyano Martínez, cuatro años y 11 meses, y Castillos, cuatro años y siete meses.
En un tercer escalón, con penas de tres años de ejecución condicional, quedaron quienes nunca estuvieron detenidos, Eduardo Gamond Liprandi, Patricia Rosa Dávila, Giuliana Tolosa, Héctor Ramón Tolosa y Pablo Ceballos. Los integrantes de este segmento fueron involucrados por haber actuado como vendedores de las viviendas y vehículos o bien como cobradores.
Varios de los defensores celebraron que, pese al resultado condenatorio, el tribunal haya hecho caer para varios de ellos la calidad de jefe u organizador de asociación ilícita.
Frente a estas condenas, el abogado Gonzalo Martínez consideró que, si bien aspiraba a una absolución de su defendido Carlos Moyano, siempre sostuvo que “él nunca formó parte
Condenados, pero libres. Dado que las condenas no están firmes, los sentenciados permanecen en libertad. Entre los acusados sobresale Lucas Álvarez, quien está prófugo. Se sospecha que podría estar radicado en Tulum (México).
de una asociación ilícita, y aunque fue condenado como miembro no se lo hizo como jefe, que era por lo que venía acusado y por lo que estuvo con prisión preventiva tres años”.
Los alegatos de las defensas fueron coincidentes en cuanto a atacar las conclusiones del fiscal Gavier y a su instrucción.
Parola sostuvo que fue “un buen fallo” teniendo en cuenta que “se cayó buena parte de la acusación, en particular lo relacionado con la asociación ilícita”.
Al leer la sentencia se aclaró que todos los condenados quedan en libertad hasta tanto la sentencia esté en condiciones de ser ejecutada.
Algunos defensores anticiparon que una vez que conozcan los fundamentos del fallo probablemente presenten un recurso de casación.
Por otra parte, el tribunal decidió no decomisar los bienes secuestrados a los condenados ante el eventual juzgamiento que podría tener quien está prófugo desde hace casi cuatro años, Lucas Álvarez, otro de los señalados como líder de la organización.
Durante el juicio se indicó que este imputado reside en Tulum, México.