La Nación evalúa acciones para que más trabajadores se vacunen
PANDEMIA. El Gobierno no descarta promover medidas con empresarios y con sindicatos. Por ahora, no evalúa que la vacuna sea obligatoria.
El Gobierno nacional contempla la posibilidad de iniciar gestiones con referentes empresariales y sindicales para tratar de convencer a los trabajadores que no quieren aplicarse la vacuna contra el coronavirus y evitar así situaciones de conflicto, como las que planteó el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien propuso dejar de pagar el salario a los empleados que rechacen la medicación.
En principio, esa es la respuesta de la Casa Rosada frente al dilema que instaló Funes de Rioja y que no tardó en generar ruido, con voces a favor y en contra.
En el Gobierno consideran que la situación se puede resolver con la coordinación de campañas, sobre todo porque creen que el de los trabajadores antivacunas es un universo menor. “Los números en general dan cuenta de que los argentinos tienen voluntad de vacunarse”, alegan.
Hasta el miércoles, más de 26 millones de personas recibieron la primera dosis y más de nueve millones, la segunda.
“En caso de ser necesario, se va a trabajar con empresas y con sindicatos para lograr la mayor adhesión posible”, explicaron fuentes gubernamentales consultadas por La Voz.
Recordaron que ese trabajo conjunto fue el que permitió, durante la cuarentena estricta del año pasado, definir los protocolos sanitarios para reabrir las fábricas.
En el Gobierno les restan dramatismo a las advertencias de la UIA. Incluso señalan que, en un escenario de mucha mayor complejidad, el Estado tiene la posibilidad de incluir a las vacunas contra el coronavirus en el calendario oficial obligatorio.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reconoció que definir el carácter obligatorio de la vacuna contra el Covid-19 es “una opción que no se descarta”, aunque aclaró: “Aún no estamos en esa instancia”.
La voluntad ahora es avanzar bajo la premisa de que siempre es mejor persuadir que imponer. Incluso, Vizzotti señaló, el pasado sábado, que “quienes se vacunan tienen que tener una ventaja sobre los que decidan no hacerlo”.
En la administración de Fernández, además de reiterar que la prioridad es “llegar a todos y todas” con el plan de inmunización, trataron de contener los ánimos al señalar que no creen “que una empresa pueda quitarle la remuneración a un trabajador de forma unilateral”.
Este último punto fue el que generó más controversia. Cuando se refirió a los trabajadores que no quieren vacunarse, Funes de Rioja reconoció que “nadie puede obligarlos” a someterse al tratamiento, pero seguidamente dijo que tampoco “nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias”. “Por lo tanto, entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración”, sentenció el dirigente empresarial.
Es que, desde abril de 2020, el Gobierno nacional dispuso que los trabajadores alcanzados por el aislamiento obligatorio quedaban dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo con el objetivo principal de evitar la propagación de la pandemia.
Cuestión de “buena fe”
A sabiendas de que la vacuna no ingresará en el futuro inmediato en el calendario oficial obligatorio, esta cuestión dependerá de la “buena fe” de las partes involucradas, tal como indicó Héctor Recalde, experimentado abogado laboralista y dirigente del PJ. “Es muy difícil una norma general para tanta casuística que puede darse”, opinó. “No vacunarse no es una injuria. A lo sumo, el empleador puede tener derecho a no permitirle entrar, pero obligar a vacunar no”, dijo a Radio 10. Y agregó que, si el trabajador no ingresa a su puesto de trabajo, “obviamente no cobra el sueldo, pero mantiene el contrato laboral”.
Recalde opinó que es una situación en la que se deberá apelar a la “buena fe” para definir un esquema razonable que contemple todos los derechos, principalmente los de los trabajadores.
Advirtió además que “no es tan claro” el poder de reclamo de los empleados que se consideren despedidos ante la falta de pago por no aplicarse la vacuna. “Si la empresa actúa de buena fe, lo que está haciendo es preservar la salud de los otros trabajadores”, opinó.