El Gobierno insiste en que no se puede obligar a vacunar
COVID-19. Funcionarios nacionales rechazaron la idea de que las empresas sancionen a sus empleados que no se inmunicen.
En un primer momento no hubo respuestas tajantes y se planteó que se buscarían acuerdos con cámaras empresariales y sindicatos para promover, en conjunto, la vacunación contra el Covid-19 de los trabajadores que aún no lo hayan hecho.
Pero ayer el Gobierno nacional fue más enfático en rechazar la idea del presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, en el sentido de que debería penalizarse con la dispensa laboral y el no pago de salarios a los empleados que no se vacunen y pongan en riesgo a los demás.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recordó que la vacunación contra el coronavirus es “optativa” y opinó que “no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas”. También marcó que “Argentina es uno de los países con mayor tasa de aceptación de la vacunación”.
En el país, como en Córdoba, el 80% de los mayores de 18 años ya se vacunó con una dosis. El 20% restante es el núcleo que aún no se anotó ni decidió inocularse.
Por su parte, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, apostó a “encontrar los mecanismos para que empresas y trabajadores se pongan de acuerdo” en cuanto a la “vuelta al trabajo presencial”, en el marco de la actual etapa.
La CGT, en tanto, volvió a rechazar la iniciativa. “El salario no puede estar en juego por no vacunarse”, dijo el secretario general de la central sindical, Héctor Daer.
Dentro de la propia UIA ayer hubo vices en desacuerdo con la idea de su presidente.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) tampoco adhirió al planteo. Mario Grinman, su titular, dijo: “Somos respetuosos del derecho individual. Si alguien decide no vacunarse, no está cometiendo un delito, más allá de que el escenario ideal sería que el 100% esté vacunado”.