Otra grieta: vacunados y no vacunados
La composición de fotografías que ilustra esta columna es elocuente. Corresponden a un partido de la NBA entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks, disputado a fines de mayo pasado. De un lado, a tribuna completa y a cara descubierta, los aficionados ya vacunados contra el Covid-19; del otro, con barbijo y distancia social de por medio, los fanáticos que aún no habían recibido el pinchazo o que rechazaban la inmunización.
En el medio, una grieta tan enorme como el mítico Madison Square Garden que los albergaba.
Con otras particularidades, la escena muy posiblemente comenzará a repetirse en muchos otros ámbitos y en todo el mundo. No sólo en eventos deportivos; también en espectáculos masivos, en escuelas y en fábricas, en dependencias públicas, en cines, en bares y en restaurantes. Espacios y lugares amplios para vacunados, y sectores más pequeños, relegados, para quienes optaron por no recibir la vacuna.
Incluso, ya se observan en algunas ciudades del mundo medidas más drásticas, con dueños de negocios que directamente plantean impedir el ingreso de personas antivacunas. En algunos casos, por convicción propia; en otros, por exigencia de sus clientes inmunizados. Estos últimos son mayoría, y muy probablemente harán valer su peso pidiendo no compartir un espacio cerrado con quienes tienen mayores probabilidades de contagiarse por no estar inmunizados.
Esta semana, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, dijo que –a su juicio– las empresas tienen derecho a no abonar el sueldo al personal que, por no estar vacunado, se niega a trabajar de modo presencial. En su advertencia, el directivo fabril introdujo una limitación nueva –el no pago del salario– que muy probablemente atente contra las leyes laborales vigentes. Pero lo cierto es que, conceptualmente, va en la misma línea que las situaciones anteriores.
El dilema está planteado y tiene ribetes éticos, filosóficos, legales, económicos, culturales, sociales. ¿Tiene derecho una persona no vacunada a poner en riesgo la salud de otra que sí lo está? ¿Tiene derecho una persona vacunada a exigir que una no vacunada no comparta con ella espacios y actividades? ¿Se debe tratar de la misma manera a una persona no vacunada por propia decisión que a otra que no puede vacunarse por una prescripción médica?
La libertad individual y la responsabilidad social se vuelven a cruzar y, como casi siempre, hay posibilidades de una colisión de intereses. ¿Quién tiene que decidir frente a esas cuestiones? ¿El Estado? ¿La Justicia? ¿Cada particular? ¿Y si no hay acuerdo?
Cuando la vacunación llegue a los más chicos, no es descabellado imaginar que surjan tensiones en las propias escuelas, con padres que pidan que dejen asistir a sus hijos no vacunados, y otros que exijan que los colegios garanticen la salud de los suyos ya inmunizados. ¿Cómo deberá actuar una directora de un colegio? ¿Las nuevas vacunas deben ser incluidas en el calendario obligatorio?