Compras sin rendición de cuentas
Con su carga de dolores sin cuento y tragedias a escala, potenciadas por una mezcla de autoritarismo e ignorancia, la pandemia de coronavirus que aún nos afecta ha sido para muchos una nueva oportunidad de operar lejos de toda forma de control, esa manía reiterada por cada uno de los gobiernos que se suceden en la Argentina.
La constante es, sin excepción, el manejo discrecional que elude la rendición de cuentas a la que todos deberíamos sentirnos obligados cuando se trata de administrar fondos públicos.
Por cierto, esta vez las cosas se han hecho al amparo del decreto de necesidad y urgencia presidencial 260/ 2020, que estableció la emergencia sanitaria y las dispensas necesarias a la hora de manejar con premura los recursos destinados a afrontar el Covid-19.
O sea que otra vez las buenas intenciones de un instrumento legal han servido para otros fines, tal como lo acredita un nuevo informe de Ruido (Red Contra el Silencio Oficial), en el que se comparan los datos del año anterior con los del primer trimestre del presente.
En principio, y en nombre de las urgencias del caso, las compras directas sin licitación o concurso de precios totalizaron un 82 por ciento, una baja de 10 puntos respecto del año pasado, dato al que debería sumarse que la provincia de Mendoza fue la mejor posicionada al haber sometido el 49 por ciento de sus adquisiciones a los habituales mecanismos de contralor, mientras, en el otro extremo, Santiago del Estero formalizó casi el 100 por ciento de sus compras de modo directo.
El caso de la provincia de Córdoba también se destaca: sus adquisiciones por esa vía fueron del orden del 82 por ciento.
Pero el dato no menos grave es que no sólo se aprovechan las condiciones impuestas por una gravísima crisis sanitaria para eludir controles a la sombra de un instrumento legal que pretendía eficientizar la gestión, sino que además se elude la obligación de informar sobre los actos de gobierno, lo que equivaldría a confesar qué se hace y no se dice por razones claras.
En ese sentido, allí están Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Santa Cruz, que se niegan a brindar información, mientras que Santa Fe lo hace a medias.
Para mejor comprender lo que implica en la práctica esta falta de controles y de rendición de cuentas, basta con citar que Chaco pagó 1.900 pesos por el litro del mismo alcohol que en los comercios de cualquier lugar del país se expende a 240 pesos, como muy caro.
Lo que no debería aceptarse es esta naturalizada tendencia gubernamental en la que, sin distingo de colores políticos, se opera a la luz del día para crear las condiciones que permitan operar en las sombras, valga la paradoja.
Y por supuesto, tampoco debería aceptarse que la tragedia de la que aún no hemos salido haya sido para no pocos la ocasión de disponer a destajo de fondos públicos en un marco en el que decenas de miles de ciudadanos lo perdían todo, incluso la vida.