Justicia. La imputación al camarista Ignacio Vélez Funes, un expediente que arde
TRIBUNALES FEDERALES. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja evalúa si admite la causa. La asesora Mercedes Crespi está lista para asumir la defensa. El martes comenzaría la acción.
El terremoto que provocó en la torre de Tribunales federales de la ciudad de Córdoba el escrito presentado por el fiscal Carlos María Casas Nóblega, en el cual pidió la promoción de acción penal en contra del “imputado” camarista Ignacio María Vélez Funes, parece haber ingresado en período de descanso antes de una réplica.
En la oficina en que ingresó esa presentación –el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja–, evalúan el temperamento por seguir. Semejante acusación –“violación de secreto” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”– en contra de la máxima autoridad de la Justicia federal en Córdoba provoca cuanto menos escozor. Más allá de que algunos “se frotaron las manos” cuando se enteraron de la noticia o cuando esta se hizo pública, son muchos los que sienten incomodidad por lo que generará el tratamiento de la causa dentro de los mismos límites de la torre del parque Sarmiento.
Esa “incomodidad” es el estado de ánimo reinante en esos 13 pisos, por el juego de apartamientos e inhibiciones que se configuran en torno de la decisión de un fiscal que para algunos resultó “valiente” y para otros “impertinente”. Lo que evalúan en el Juzgado N° 3 es si admiten la causa y se abocan al tratamiento o si se aparta y el escrito del escozor es derivado a otro juez, acaso de una jurisdicción lejana de la torre.
Vaca Narvaja, según dicen quienes están cerca de él, se tomará el fin de semana largo para terminar de definir si acepta hacerse cargo. Tiene razones a favor y en contra para definirse en uno u otro sentido.
Su posición de incomodidad frente a la decisión tiene que ver principalmente con que el imputado es “su superior”. Está en convivencia en el mismo edificio, se encuentran en el ascensor exclusivo de los jueces y los fallos de Vaca Narvaja van a la cámara donde Vélez Funes es integrante de una de las dos salas.
Si bien el juez instructor no habla sobre su decisión, cerca de él sostienen que la presentación de Casas Nóblega ha generado “rispidez institucional”. Se sostiene que, cuando hay un magistrado involucrado, lo natural es que el expediente sea derivado a otra jurisdicción. Se añade que el código aporta claridad, pero no prevé las excepciones, como puede tildarse a esta situación.
Entre las causas que se vienen analizando para establecer paralelismos, siempre sin analogías idénticas, están la del imputado fiscal federal de San Francisco, que es investigado por el juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak. Está claro que este es de otra jurisdicción, pero también que está subrogando San Francisco, con juzgado vacante, a la espera de su titular.
De igual modo, la semana que pasó volvieron los recuerdos de “la causa de los magistrados” con imputados como el exjuez Miguel Ángel Puga, el exfiscal Antonio Sebastián Cornejo (ambos condenados), el exsecretario Carlos Otero Álvarez y el exdefensor Ricardo Haro (ambos absueltos), juzgados por no haber dado asistencia a víctimas del terrorismo de Estado en dos centros de detención. Ese expediente mereció un “festival” de apartamientos, porque muchos de quienes debían intervenir habían trabajado o conocido a los funcionarios judiciales durante la dictadura cívico-militar. Al final, el tribunal se integró llamando a Julián Falcucci y a otros dos jueces de otras jurisdicciones.
Vélez Funes tiene otros seis pares que comparten con él el máximo tribunal federal de la Cuarta Circunscripción Judicial argentina y las apelaciones pasarán por allí.
En medio de esta complejidad funcional y subjetiva, al despacho de Vaca Narvaja habría llegado la opinión de que “si cada uno hace lo que tiene que hacer” la tramitación de la causa se puede realizar.
Mientras se evalúa todo esto, su secretaria penal, Mariana Buteler, también puede llegar a apartarse, porque su marido trabaja justamente en la Cámara Federal.
Defensora, a la espera
La imputación de Casas Nóblega se originó a partir de una denuncia presentada en octubre pasado por el fiscal N° 1, Enrique Senestrari, en el marco de su investigación en la causa de las facturas apócrifas que tiene como líder de asociación ilícita a Matías Lafuente Sivilotti y entre otros acusados al economista Nadin Argañaraz. Senestrari reprochó que, mientras estaba haciendo un allanamiento, se enteró de que una resolución de la Cámara Federal, con el voto unipersonal de Vélez Funes, estaba publicada en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ) con los datos de uno de los imputados que, casualmente, él estaba allanando.
El lunes último, tras conocerse la imputación, trascendió que la asesora letrada María Mercedes Crespi había sido designada por Vélez Funes como su defensora. Al tiempo que algunos señalan que “en el juzgado todavía no presentó nada”, ella responde que, mientras el juez no asuma en la causa, ella no tiene posibilidad de hacer nada. Formalmente aún no es la defensora, pero lo hará cuando Vaca Narvaja o el juez correspondiente labren las primeras actuaciones y citen a indagatoria al camarista.
En diálogo con La Voz, Crespi explicó lo que puede pasar en las próximas horas. “El juez (Vaca Narvaja) puede desestimar o dar trámite” a la presentación de Casas Nóblega.
Si desestima, puede haber apelación del fiscal, pero, si entiende que hay mérito, da lugar a la necesidad de una defensa. Recién ahí se cita a indagatoria y se corre vista a Crespi para que acepte el cargo.
“Formalmente, no soy la abogada” de Vélez Funes, señala quien se desempeña como defensora de oficio ante los juzgados y la cámara.
Pero, al asumir el cargo, se generará otro problema de apartamientos. Al ser ella defensora ante la cámara, el imputado deberá apartarse en todas sus causas en las que ella actúe. “Si yo acepto el cargo, el doctor (Vélez Funes) se debe apartar de todas las causas”, comentó la defensora oficial.
Crespi explicó que, al actuar como defensora, se genera “una situación de confianza” entre ambos, lo que, según el Código Procesal, genera el necesario apartamiento.
Admitiendo que tal vez a los pares de la cámara puede generarles alguna molestia, la defensora sostiene: “Él tiene derecho de designar al abogado que quiera”. Luego, la asesora explicó que cualquier abogado que designe generará también el apartamiento de las causas en que actúe ese defensor, aunque reconoció que es ella quien tiene “más caudal” de causas ante la cámara.