Vacunas: mejor incentivar que obligar
Un planteo de la Unión Industrial Argentina (UIA) transparentó la discusión sobre si la vacuna contra el coronavirus debe ser obligatoria o no. La UIA manifestó que las empresas debieran dejar de pagar salarios a quienes no retomen el trabajo presencial por no vacunarse. Hay numerosos empleados que no pueden cumplir sus funciones de manera virtual, tengan comorbilidades o no. Mientras no hubo vacunas, amparados en el confinamiento, esos trabajadores recibieron sus sueldos aunque no trabajaran.
Como ahora hay vacunas, la UIA entiende que cambiaron las circunstancias. Por eso propone que todos los empleados deban vacunarse para volver a sus puestos. Si alguien se negase a recibir la vacuna, perdería su salario hasta tanto volviera a trabajar. El planteo generó malestar en el ámbito gremial. A nivel nacional, la CGT lo desestimó de plano. En Córdoba, sin embargo, hubo gremios que intentaron argumentar su oposición.
La Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) hizo referencia al convenio laboral, pero en el marco de las decisiones tomadas por el Gobierno provincial. “No pueden dejar de pagar un salario si no hay motivos estatutarios. El Gobierno de Córdoba tiene una regulación al respecto (sobre no pagar salarios a los empleados públicos que no se hayan vacunado) que anunció pero no aplica, al menos en el sector docente”, expresó la UEPC.
Si se lee bien, la Provincia ya puso en vigencia la medida que reclama la UIA, aunque no se la aplique, según la UEPC, a un sector de la administración pública.
A su modo, el Ministerio de Coordinación provincial confirmó esta interpretación: según las autoridades, si un empleado pertenece a un grupo de riesgo, “para volver a trabajar tiene que estar vacunado”. ¿Qué sucede si el trabajador no se vacuna?
“Respetamos la decisión, pero le damos una licencia justificada sin goce de sueldo”, responden.
Por lo tanto, más allá de si se evalúa como pertinente o ilegal al planteo de la UIA, la pregunta que se impone es por qué un empresario privado no podría actuar como lo hace el Estado.
La Municipalidad de Córdoba habría decidido seguir los pasos de la Provincia y emplazar a los trabajadores que pertenecen a grupos de riesgo para que presenten el certificado de vacunación o la constancia de inscripción, bajo el apercibimiento de perder los beneficios de la dispensa.
La posición de la Unión Obrera
Metalúrgica fue más contemplativa, y acaso más acertada: “Los trabajadores se tienen que vacunar, pero tienen el derecho de no vacunarse”, sostuvieron. En consecuencia, los gremialistas hablaron con los empresarios del sector sobre la necesidad de crear incentivos para la vacunación entre los trabajadores del sector.
Siempre es preferible la promoción y la información antes que la coerción, sobre todo en un contexto que evidencia un peligroso recorte de la libertad individual. Castigar a quien no quiera vacunarse no es la solución. Hace falta informar y concientizar a la población sobre la importancia de la vacuna.