“Nosotros frenamos”: todo lo que esconde esa frase en campaña
“Vos sabés que frenamos la suba de las tarifas de servicios públicos”. Así reza la primera parte de la propaganda de campaña del oficialismo, que hace pivote en el medio término de esta elección de 2021 y, por ende, del mandato. “Nosotros sabemos que falta recuperar el poder de compra de los salarios para poder crecer”, completa. Y remata la frase: “Muchas cosas hechas. Muchas por hacer”.
El freno a la suba de tarifas consolida una encerrona que bien podría ser uno de los grandes talones de Aquiles de la economía argentina: consiste en hacerle creer a la gente que las cosas se pueden decidir por arte de magia y que es el Estado el que tiene esa potestad suprema. Que a la voz de aura, con tres o cuatro gritos locos, el Estado puede hacer que las cosas pasen como el propio Estado pretende.
La frase en sí contiene una serie de imprecisiones extremadamente dañinas para sanear la economía, suponiendo que todavía hay voluntad de alguien de sanearla:
1) El Estado es supremo. Eso de “nosotros frenamos” implica que esta coalición gobernante se arroga un poder excelso, indiscutible. O sea, nosotros sí frenamos; el macrismo, no. Si fuera así, ¿por qué no logran los mismos resultados con la carne? ¿Qué pasa con la yerba, que en dos años subió el triple que la inflación? ¿O con la ropa, que en el 2020 de la pandemia aumentó 61%? ¿No quisieron? ¿No pudieron? ¿No los dejaron?
La respuesta es que no pudieron. Ni ellos ni nadie: no se puede.
Hay variados intentos de intervención (hay cepo para exportar carne, la yerba tiene precio regulado, hay freno a la importación de bienes finales) pero no funcionan porque, básicamente, se trata de precios no regulados. Las tarifas de servicios públicos tienen un valor que es fijado por la autoridad regulatoria y por lo tanto, se puede unilateralmente pisar tarifas. La pregunta es por cuánto tiempo.
2) No se puede regular todo
todo el tiempo. Los expertos calculan que en materia energética, los efectos se ven después de dos años: tanto en la inversión como en la desinversión. Fernández estaría todavía usufructuando las mejoras derivadas de la suba de tarifas de Macri, pero en breve eso repercutirá en la calidad del servicio. Porque el Estado cubre con subsidios, sí, pero cubre los costos de producción: no invierte. En economía, si se regula precio, no se puede regular la cantidad. No es posible regular ambas cosas. Ergo, en el corto plazo faltará energía, porque no hay precio. Ya pasó en la gestión anterior del kirchnerismo. Y de hecho, ya falta: este invierno, se importó gasoil, fueloil y gas natural licuado.
3) Asimila tarifa a impuestos. Si el Estado, como autoridad regulatoria, puede decidir arbitrariamente que los servicios públicos no suben, está equiparando el pago de la electricidad, el gas y el agua a los impuestos, cuyo nivel sí es decidido por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Nación.
El problema es que la producción de gas, de energía eléctrica y de combustibles está en su mayoría en manos privadas. El Estado, que audita las cuentas de los productores y/o concesionarios, sabe del atraso tarifario y, de hecho, lo compensa con subsidios directos a los productores o administradores del sistema, como pasa con Cammesa. Pero jamás blanquea el vínculo, jamás reconoce que los costos de producir energía suben y que alguien debe pagarlos. “Nosotros frenamos”, dice el eslogan. No dice “el Estado, con tus impuestos, está cubriendo la diferencia”. Un ejemplo directo: en junio de 2020, producir un megavatio hora de energía costaba 4.543,40 pesos. En junio de este año –por la bajante del Paraná, la suba del petróleo y el aumento de la demanda– costó 8.234 pesos. Pocos saben que aumentó 81% y, de hecho, pocos saben que el agujero fiscal por cubrir ese rojo es cada vez más grande. “Frenar” un aumento es invisibilizarlo, es condenarlo a la no existencia. Pero hay un enorme detalle: el aumento existe.
4) No hay almuerzos gratis.
Como no reconoce el problema, el Estado alimenta en el imaginario ciudadano esto de que “hay cosas gratis y tengo derecho a que me las den”. No las hay; menos la energía. Siempre alguien paga, aunque ni se entere. Nadie relaciona que un tercio de la emisión monetaria tendrá como destino cubrir el rojo energético, ni menos se vincula la ampulosa frase “nosotros frenamos” con la inflación del 51% que no cede. El Estado no sólo no lo conecta: lo oculta.
Así las cosas, la Argentina volvió en materia de tarifas a los valores de
2016. Los usuarios pagan apenas el
30% de lo que cuesta generar la luz. Se calcula que este año el Estado quemará 5.500 millones de dólares en subsidiar las tarifas de electricidad a todos los residenciales, sin diferenciar quién puede pagar de quién no. Pero lo que es peor, alimentando el mito de que el Estado tiene la varita mágica para decidir, porque se le ocurre, que no hay más aumentos. Ese daño invisible es tan gravoso como el agujero fiscal.