Procesan a toda la cúpula de Luz y Fuerza
JUSTICIA FEDERAL. Bustos Fierro procesó a dos decenas de dirigentes y empleados, comenzando por Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera. Embargos por 50 millones de pesos.
El juez federal Bustos Fierro señaló a 20 dirigentes gremiales y empleados por asociación ilícita, lavado de dinero y estafa. Los embargos alcanzan los 150 millones de pesos.
La cúpula del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, encabezada por Gabriel Suárez y por Jorge Molina Herrera, sufrió un nuevo revés judicial. Ambos dirigentes fueron procesados como presuntos líderes de una asociación ilícita, que habría cometido hechos de lavado de activos de origen delictivo y defraudación. En total, los procesados son 20 y los embargos llegan a los 50 millones de pesos en total.
La medida fue resuelta por el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro (secretaría penal de Facundo Troncoso), en medio de un voluminoso expediente que comenzó hace dos años con el requerimiento de acción penal impulsado por el entonces fiscal Gustavo Vidal Lascano, hoy jubilado, y proseguido actualmente por el titular de la Fiscalía Federal N° 2, Carlos Casas Nóblega.
Los procesamientos son 20 en total. Alcanzan también a Fernando Navarro, Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván, Oscar Fabio Guzmán, Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Yanina Victoria Molina (hija de Molina Herrera), Justiniano Oscar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Juan Bernardo Benito Farías, Valentín Figueroa y Cecilia Ivone Pérez.
Se incluyó en la nómina además a Enrique Lorente, a Emilio Ricardo Chaer y a Martín López.
Cheques y Procelac
La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de inteligencia emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos”, desde 2012, por parte de integrantes del Sindicato Luz y Fuerza.
Las suspicacias estaban vinculadas a cuentas bancarias de sus representantes que podrían haber ocasionado perjuicios económicos al propio gremio. En la denuncia, figuraban los líderes del gremio –Suárez y su “N° 2”, Molina Herrera– y otros integrantes del sindicato.
Según la investigación de Vidal Lascano, la defraudación se habría llevado adelante de tres formas.
Una, mediante el libramiento de cheques a favor del gremio por parte de los integrantes de la conducción. Los cheques se cobraban o se endosaban a favor de los empleados sindicales Fidelbo, Galván y Guzmán. El destino de esos fondos percibidos sigue bajo investigación.
La segunda manera consistía aparentemente en librar cheques a favor de personas jurídicas con vínculos con el sindicato. En la presunta mecánica delictiva, un supuesto apoderado o autorizado de esa persona jurídica endosaba el cheque a favor de un tercero sin aparente vinculación con esa persona o a favor de los autorizados de la cuenta. En ese caso, tampoco subyace dónde terminaron los fondos.
La tercera modalidad, a su vez, habría incluido el libramiento de cheques a personas relacionadas directa o indirectamente con los imputados. Como parte de los supuestos ardides, Molina Herrera habría comprado fichas por 13.508.700 pesos en varios casinos de Córdoba y de Santa Fe en un período que va de 2011 a 2015.
En los casinos
De acuerdo con Procelac, Molina Herrera habría realizado apuestas “considerables” en la ruleta. Al parecer, ingresaba a los casinos de Villa Carlos Paz, de Río Ceballos, de Villa María y de Rosario con fichas o dinero y se retiraba con fichas, pero sin pasar por las cajas públicas. Todo indica que intermediarios realizaban el cambio de fichas. Para la UIF, la operatoria mencionada por Procelac podría considerarse como “inusual” y tendiente a “eludir normativas en materia de prevención de lavado de activos”.
Los más de 13 millones al parecer no guardarían “relación ni justificación” con los ingresos de Molina Herrera, a quien en los pasillos de Tribunales se lo conoce como “Lucky Man” (hombre con suerte). Los montos, según el fiscal, provendrían de la supuesta defraudación al gremio.
En su momento, Vidal Lascano resolvió ampliar las imputaciones por supuesta defraudación en contra de Suárez (seis nuevos hechos), de Molina Herrera (seis nuevos hechos) y de Fernando Navarro, secretario de organización y actas (11 nuevos hechos). A este último se le suma un hecho por presunto lavado de activos de origen delictivo.
Con los elementos recabados, el fiscal también imputó a tres empleados sindicales. Los nuevos imputados son Roque Daniel Tapia (secretario de previsión social), Daniel Edgardo Lozano (subsecretario de finanzas) y Victoria Molina (subsecretaria de previsión social e hija de Molina Herrera).
Vidal Lascano destacó que, como en los otros casos, al parecer también se cambiaban cheques a largo plazo (de cinco a siete meses), sin ser corrientes en el circuito comercial. A eso se sumaba, según sospecha el fiscal, que los cheques se cobraran en un mismo día. Las “sumas no eran destinadas al cobro de servicios, sino que eran dadas a los efectos de desviar los fondos y luego hacerse de ellos”, planteó.
Posteriormente, en la causa aparecieron nuevos actores que habrían intervenido en las maniobras de defraudación: Tapia, Lozano y Victoria Molina. Entre julio de 2015 y junio de 2016, los tres y Navarro habrían intentado conseguir un “lucro indebido” en perjuicio de los intereses de los destinatarios del Fondo Compensador y el remanente creado destinado a jubilados y pensionados de Epec. Las operatorias aparentemente ilícitas involucrarían dos maniobras sostenidas en el tiempo y mecanizadas. La primera habría consistido en darle al remanente del Fondo Compensador un destino diferente del legal. La segunda habría incluido otorgar préstamos desde el área de Fondo Compensador a otras áreas del gremio.
Anoche, en El Doce, Suárez vinculó la difusión de la resolución judicial que lo procesa con su cercanía al Gobierno nacional.