Todos los procesados y los embargos impuestos

Gabriel Suárez.

El secretario general de Luz y Fuerza fue procesado como supuesto organizador de asociación ilícita, autor de lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo: 10 millones de pesos.

Jorge Molina Herrera.

Supuesto organizador de asociación ilícita, autor lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 10 millones de pesos.

Fernando Navarro.

Supuesto organizador de asociación ilícita, autor de lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 10 millones de pesos.

Alexis Daniel Fidelbo.

Presunto miembro responsable de asociación ilícita y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo $ un millón.

José Ramón Galván.

Presunto miembro responsable de asociación ilícita y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por un millón de pesos.

Oscar Fabio Guzmán.

Presunto miembro responsable de asociación ilícita y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por un millón de pesos.

Daniel Edgardo Lozano.

Supuesto

autor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por $ 5 millones.

Roque Daniel Tapia.

Supuesto autor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por $ 5 millones.

Yanina Molina.

Supuesta autora de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por $ 5 millones.

Justiniano Arce, Fernando Delgado, Gisela Tahan, Liza Loyola, Rita Carranza, Juan Benito Farías, Valentín Figueroa y Cecilia Pérez.

Presuntos partícipes necesarios de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por $ 500.000.

Enrique Lorente.

Supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por $ 500.000.

Emilio Ricardo Chaer.

Supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por $ 500.000.

Martín López.

Supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por $ 500.000.