Odontología. Imputado quedó detenido por violar la prisión domiciliaria
JUSTICIA FEDERAL. Se trata de la causa por la presunta ventas de exámenes en esa facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. En total, hay cuatro acusados.
Fueron a constatar que estuviera en su hogar cumpliendo la prisión domiciliaria por ser partícipe de la supuesta maniobra de venta de exámenes en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y no lo encontraron. A raíz de esto, el juez federal N° 1 de Córdoba ordenó la detención de Augusto Massimino, imputado de “extorsión continuada” junto con el profesor titular de la Cátedra de Microbiología, Luis Augusto Olmedo; la decana en ejercicio, Mirta Spadiliero de Lutri, y Adrián Oscar Casalis.
Massimino y Casalis están señalados en la causa como dos presuntos gestores sucesivos de la academia paralela que Olmedo habría montado para cobrar la “capacitación” a los alumnos y luego aprobar únicamente a quienes concurrían a esa institución privada. Según se sospecha en la causa, hubo estudiantes que rindieron hasta siete veces sin poder aprobar por no pagar en la academia. La maniobra se habría extendido durante más de 20 años, de acuerdo a lo que refieren numerosos testigos que declararon en Tribunales federales.
El fiscal Maximiliano Hairabedian inició las actuaciones de oficio a comienzos de 2020 y detuvo a Olmedo, a Casalis y a Massimino, pero luego los tres resultaron beneficiados con la prisión domiciliaria.
En el caso de Massimino, que sería sobrino de Olmedo, fijó su detención domiciliaria en la casa de su familia, en Villa Sarmiento, localidad contigua a Villa Dolores, en el departamento San Alberto, en el Valle de Traslasierra.
Las detenciones domiciliarias tienen un control periódico de parte del Patronato del Liberado, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia.
El pasado martes, la psicóloga María Marta González llegó hasta la vivienda de Belgrano 56, donde debía estar encerrado Augusto Massimino, pero no encontró a nadie. Para empeorar su situación, en el momento llegó en bicicleta Héctor, papá del detenido, y le dijo a la agente oficial que su hijo había ido a almorzar a la casa de su otra hija, a pocas cuadras de allí.
A pesar de que Héctor propuso una llamada telefónica para requerirlo, la funcionaria entendió que la ausencia ya era suficiente para quebrantar el beneficio de la prisión domiciliaria. Al no contar con permiso del juzgado, la violación a ese régimen se había constatado.
De este modo, González comunicó la novedad –primero telefónicamente y luego por nota– al juzgado de Bustos Fierro y este dispuso la detención de Massimino.
“Cumplo en informar que el 24 de agosto de este año, siendo las 14, el equipo técnico actuante concurre al domicilio fijado en autos a los fines de control y supervisión de su detención domiciliaria. Estando en el ingreso de la vivienda, llega el señor Héctor Massimino en bicicleta, refiriendo que su hijo no se encontraba en el domicilio, ya que había ido a almorzar a la casa de su hermana que vive a dos cuadras del domicilio consignado”, señala la nota que la psicóloga González envió a Bustos Fierro al día siguiente.
El relato del procedimiento también refiere: “Ante la pregunta del nombrado sobre si debe comunicarse telefónicamente con el detenido para que se haga presente en la entrevista, se le explica (al padre) que venimos a controlar su prisión domiciliaria y que, al no encontrarse, no contando con autorización del juzgado para salir, está incumpliendo las condiciones compromisorias por las cuales se le otorgase el beneficio de la prisión domiciliaria”.
Dos días después, en el mediodía de este viernes, efectivos de la Policía Federal se constituyeron en la vivienda de Massimino y lo detuvieron, sin resistencia.
Al caer la tarde, el imputado ingresó a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de la ciudad de Córdoba, donde hará 14 días de aislamiento para luego regresar a la cárcel de Bouwer.
Procesamientos pendientes
La causa de la venta de exámenes en la Facultad de Odontología de la UNC tiene un pedido de procesamiento de parte de Hairabedian, el que fue recurrido por las defensas y ahora espera resolución en la Cámara Federal de Apelaciones.
En la causa se adjudica extorsión continuada al titular de cátedra y a quienes habrían sido los encargados de la academia a la que debían concurrir los alumnos si querían aprobar la materia, según consta en la acusación. La decana Spadiliero de Lutri está imputada como supuesta autora de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.