Preocupa la morosidad de las familias
Las restricciones financieras y el impacto del freno de la actividad y del poder adquisitivo en la salud financiera de familias y empresas se evidencia en el nivel de morosidad de los deudores del sistema financiero.
El último Boletín Estadístico del Banco Central, con información trimestral desagregada por provincia y actividad económica, divide los préstamos en situación normal (calificación 1) y los que tienen atrasos superiores a 31 días.
El peso de estos últimos subió con la crisis financiera que se inició en el segundo trimestre de 2018 y en el último año y medio de pandemia tuvo un comportamiento dispar. En un primer momento, las medidas del Gobierno (que flexibilizaron el crédito, implementaron tasas subsidiadas y permitieron refinanciar saldos adeudados sin penalidad) hicieron caer en forma importante los niveles de morosidad en Córdoba, hasta finales del año pasado.
Sin embargo, en 2021, sin nuevas ayudas estatales de este tipo y pese a que el nivel de endeudamiento de personas y empresas se contrajo en forma sustancial, los atrasos volvieron a subir y, si bien no están en los máximos, sí superan a los del inicio de la crisis financiera de 2018.
“Se ve un deterioro constante desde fines de 2018, una recuperación a partir del tercer trimestre de 2020 y un desmejoramiento de las condiciones desde mediados de 2021”, explica Mary Acosta, del CPCE Córdoba.
En el caso de las familias, un seis por ciento son préstamos a personas con atrasos superiores a un mes. En el sector productivo, la producción primaria muestra los mejores indicadores con una morosidad del 2,7 por ciento de la cartera, seguidos por la industria (cinco por ciento) y los servicios (5,6). En cambio, la construcción y el comercio superan el 10 por ciento de mora.
“Se advierte cierta correlación entre la evolución de la morosidad y el de la actividad económica de los sectores. Se puede ver que bajó en producción primaria, industria y comercio, pero subió en construcción, servicios, personas físicas y electricidad, gas y agua, en el último año”, considera Lucas Navarro, de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Para Vanessa Toselli, del Ieral, “el aumento de los índices de morosidad es otra cara de la misma moneda (de la caída del financiamiento): en las actividades más vulnerables, el deterioro de la capacidad de pago crediticia aumentó sustancialmente (1,2 puntos porcentuales en el caso de trabajadores en relación de dependencia y 1,6 puntos en el sector servicios)”, aunque todas las actividades se deterioraron en los últimos tres años.
“El aumento de la tasa de morosidad puede explicarse por múltiples factores como la reducción de la actividad económica, la incertidumbre vinculada con la situación sanitaria, la reducción en las inversiones privadas y la pérdida de los ingresos reales tanto de las familias como de las empresas”, remarca Toselli.