Córdoba, capital de las estafas
INSEGURIDAD. Investigaciones judiciales de todo el país tienen a la provincia como el “punto cero” de estas estafas. Las cárceles, un lugar clave para el desarrollo de esta maniobra.
SUCESOS. Las cárceles, centro de operaciones en el país.
Fueron casi 30 órdenes de allanamientos simultáneos que se ejecutaron en la ciudad de Córdoba, San Francisco, Cosquín, Brinkmann y Río Cuarto. En total, atraparon a 10 de los 30 sospechosos. En Tucumán, los fiscales dirían después que los detenidos eran sólo un eslabón menor de una larga cadena de estafadores: los “muleros bancarios” o prestanombres. O sea, quienes a cambio de unos pesos abrían cuentas corrientes y cedían sus CBU para que otros se aprovecharan.
Se trata de una de las industrias que más ha proliferado en Córdoba desde el inicio de la cuarentena el año pasado: el cuento del tío.
Sólo en Tucumán, se sospecha que fueron cordobeses los autores de más de 3.000 engaños con diferentes ardides: siempre por teléfono, los estafadores simular ser funcionarios de la Anses, de una sucursal bancaria, o de una firma que otorgaba suculentos premios. También ofrecían ventas tentadoras en las red social de Facebook o creaban perfiles bancarios apócrifos en Instagram.
Una vez que lograban atrapar la atención de la víctima, la mareaban a preguntas y sin que esta se diera cuenta iban obteniendo datos finos sobre sus cuentas bancarias y sus tarjetas. Y luego, lograban conocer sus números de plásticos y pines de seguridad; o que la víctima fuera hasta un cajero automático y, teléfono al oído, la engañaban para que terminara por cederle sus contraseñas a los delincuentes. Todo, a cientos de kilómetros de distancia.
Los estafadores necesitan una amplia gama de CBU a disposición. Apenas consiguen ingresar en las cuentas ajenas, transfieren todo el dinero que encuentran hacia esas cajas de ahorro. Y, de inmediato, lo extraen de algún cajero físico. Cuando la víctima se da cuenta y denuncia, nada se puede cancelar por la sencilla razón de que el dinero ya no está.
El pasado sábado 29 de agosto, los 10 cordobeses detenidos, ya trasladados a Tucumán, fueron obligados a participar de una audiencia procesal en esa provincia. Durante 11 horas, cada uno de ellos ensayó una excusa diferente y los fiscales acusaron. El juez Alejandro Tomas resolvió que continuaran imputados pero con prisión domiciliaria en la ciudad de Córdoba “por razones humanitarias”. El problema sobrevino luego: ninguno de los acusados dijo tener medios para volver por su cuenta.
“Tenemos 10 imputados, pero van a ser más, todavía hay gente con pedido de detención. También estamos ante un gran número de víctimas, atrás de esto hay miles de expedientes con denuncias de este mismo tipo en este Ministerio Público. No es casualidad que estos ataques proven
gan de Córdoba. Tucumán ha sido elegido como un blanco para este tipo de delito que ha crecido casi un 3.000 por ciento en el último año. El caso amerita que se lo declare como asunto complejo”, apuntó el fiscal auxiliar Gustavo Juárez Collado, según la minuciosa descripción de la audiencia que realizó el periodista Gustavo Rodríguez en
La Gaceta.
El funcionario judicial agregó: “Este delito de estafa informática tiene una complejidad enorme. Estamos hablando de una organización delictiva muy aceitada, muy sofisticada que opera con medios electrónicos de difícil rastreo. Acá estamos ante los denominados ‘muleros bancarios’, que son los que facilitan las cuentas (bancarias) para la consumación del delito. Arriba de ellos hay gente que los dirige, que les manipulan las cuentas que ellos mismos proporcionan a sabiendas de cuál es la finalidad”.
A todo esto, el fiscal Marcelo Leguizamón, uno de los principales investigadores en Tucumán de esa maniobra, terminó por describir a esta proliferación de cuentos del tío con acento cordobés: “Estamos en presencia de una situación histórica. Estamos atacando la nueva pandemia delictual que insume grandes recursos y nuevas formas de investigación. Es un delito que muta permanentemente en sus formas. Cuando empezamos a encontrar la forma de investigación, ya nos están cambiando las reglas del juego. Estamos ante una situación bastante compleja, a la cual debemos comenzar a darle tratamiento”.
De los 10 acusados, cinco hablaron y sólo pidieron clemencia. Contaron que estaban a cargo ellos solos de hijos pequeños, que tenían grandes dificultades económicas y brindaron, en términos generales, el mismo panorama: se asumieron como desesperados que fueron usados por otros.
Sólo uno de ellos se animó a contar con un poco más de detalles: “Eso sucedió en lo más duro de la pandemia. Un amigo de toda la vida me dijo que él las necesitaba para realizar transacciones con criptomonedas y dólares. Lo hice porque él me daba una comisión de 1.500 pesos como máximo (...) No sabía nada, las abría y él manejaba todo”.
De acuerdo a la crónica de La
Gaceta, en la causa surge que por la cuenta de este joven pasó una transferencia de 300 mil pesos. Y que al finalizar su descargo ofreció mostrar los chats que mantenía con quien lo contactó para esta incursión delictiva, a quien identificó con todos sus datos personales.
Con sello cordobés
La investigación lejos de estar de ser una excepción. El pasado 4 de agosto, sólo tres semanas antes de los operativos ordenados por la Justicia tucumana, fue una comisión de policías de Chubut la que arribó a la provincia de Córdoba. Perseguían la pista de unas 10 mil estafas cometidas desde esta provincia con víctimas desparramadas en diferentes puntos del país.
“La banda opera desde Córdoba, está comprobado, muchos damnificados, miles. Por el informe que tenemos se habla de más de 10 mil causas”, indicó a la prensa el subjefe de la Policía de Chubut, Néstor Gómez. Y apuntó: “Se va a destapar una olla importante con muchas personas vinculadas y muchos damnificados”.
En esa investigación, se avanzó hacia algunos eslabones superiores. Y se descubrió que los dos cabecillas operaban desde sus celdas en las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje, donde se estaban resocializando tras ser acusados por un intento de femicidio y por un robo a punta de pistola.
En este caso, según la investigación, los dos presos, munidos de diferentes aparatos celulares dentro de sus celdas, desplegaron el ardid conocido como “clonación de tarjetas SIM”: con una logística previa, ya que suelen contar con el número de teléfono y la identidad de su titular, entre otros datos, los estafadores llaman a las firmas prestadoras del servicio de telefonía celular y piden que les cambien les clonen el chip porque necesitan ponerlo en un nuevo celular, ya que invocan un supuesto robo, pérdida o daño del aparato.
De esta manera, se hacen del chip clonado y de inmediato, cuando lo activan en un nuevo aparato pueden comenzar a tener acceso a las claves de los home banking u otras páginas de servicios financieros que los reales titulares de esos números ya tenían almacenados en sus celulares. En minutos, los ladrones comienzan a realizar todas las transferencias posibles a cuentas que otros “testaferros” de la banda han abierto. Estos cómplices son los encargados de ir a retirar el dinero físico de inmediato a través de cajeros automáticos.
No se trató de la primera ni de la última banda de estafadores cordobeses con epicentro en alguna cárcel de la provincia. El “call center tumbero” es un eslabón central para que Córdoba se haya convertido en la capital nacional del cuento del tío.
En enero pasado, ocho presos en Bouwer y Cruz del Eje quedaron involucrados en una investigación que decantó en más de 40 allanamientos. Según se sospechó en el “Operativo Joker”, tal como se bautizó a esta investigación, esta organización delictiva desplegaba una gama de diferentes engaños vía celulares que utilizaban sin ningún tipo de inconvenientes dentro de las penitenciarias donde, en teoría, se estaban rehabilitando por otros delitos. Préstamos virtuales, falsos premios, falso cobro del programa estatal IFE fueron algunas de estas modalidades para estafar, según se detectó. La denuncia nació en Salta, donde hasta un funcionario fue víctima.
En los procedimientos se secuestraron 20 teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones dentro de la celda en la cárcel de Bouwer, una bolsa repleta de chips, tarjetas de crédito y de débito, 100 mil pesos en efectivo, además de una importante cantidad de aparatos electrónicos de todo tipo.
Industria ilegal
Alguien que camina mucho los barrios de la ciudad de Córdoba se animó a contarle a La Voz cómo funciona la industria local del “cuento del tío”. Sólo pidió, por razones obvias, que su identidad no trascendiera de manera pública.
En la zona de barrio General Savio, explicó, hay tres “empresas” que se dedican a esta clase de estafas. Para ello, identifican a personas de bajos recursos o con apremios económicos y les ofrecen “comprarles” sus cuentas bancarias por 10 mil pesos.
Los delincuentes ya saben que estas cuentas terminan bloqueadas al poco tiempo, cuando las víctimas denuncian y los bancos hacen un seguimiento básico de la ruta del dinero robado, por lo que es necesario contar de manera permanente con nuevos “muleros bancarios”.
En todos estos casos, dijo el informante, los líderes están presos por otros delitos. “Son los que hacen la estafa, están desde la mañana hasta la noche marcando números hasta que alguien cae. Apenas logran sacarle los datos, transfieren todo el dinero que pueden a una de esas cuentas y ahí nomás el que está en la calle va a un cajero y retira todo. Luego, se la reparten”. Y añadió: “En algunos casos, se la reparten entre tres: el que está preso y llama; el que busca el dinero afuera y el que pone la cuenta”.
En la investigación tucumana, los fiscales destacaron que en sólo siete estafas la banda había obtenido un botín de 3,5 millones de pesos.
“Es la nueva salida laboral en algunos barrios. Hay varias mujeres que tienen los maridos presos que están chochas, ahora facturan más que cuando están en libertad”, agregó con una mezcla de cinismo.
Los roles son varios: unos crean los perfiles falsos en redes sociales o crean el ardid para estafar; otro llama por teléfono, obtiene datos sensibles de la víctima, para que algún otro miembro tome control del home banking ajeno. A partir de ahí se realizan transferencias y se requieren créditos que también son transferidos de inmediato. El dinero va a parar a cuentas creadas o utilizadas a tal fin por otros miembros de la banda y luego se repartía el producido.
Pero esto no es todo. También hay ofertas para llevar de manera clandestina los celulares a las cárceles: 30 mil pesos y viáticos. Por lo general, buscan mujeres que accedan a llevar el teléfono escondido en las partes íntimas.
Presos activos
La descripción de toda esta situación pone bajo la lupa al Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. Pese a que en los últimos años se anunciaron millonarias inversiones en escáneres y otros métodos de control en los ingresos, la realidad es que los celulares pululan en los pabellones de las cárceles cordobesas, pese a estar prohibidos. Los inhibidores de señal, tal promocionados en su momento, tampoco funcionan, a la luz de la realidad de estos casos.
A mediado de 2020, 12 personas fueron condenados en la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba por haber realizado más de 200 de estas estafas entre 2015 y 2017. Los tres líderes actuaban desde las cárceles, dato que no pasó inadvertido para el fiscal Gustavo Arocena, quien subrayó la paradoja de que delincuentes ya condenados continuarán delinquiendo dentro de la cárcel.
Fue en ese marco que uno de los abogados defensores, Sebastián Lascano, denunció la complicidad de guardiacárceles en este tipo de delitos: “Si el Estado cumpliera bien sus roles, tanto sea de acción como en omisión, o sea si se hacen bien las requisas a las visitas y también se controla a los guardiacárceles, este tipo de delito no existiría”. Y agregó: “Acá siempre se juzga a una parte del problema, que son los delincuentes que están presos y usan los celulares para estafar. Pero está la otra parte, que jamás se investiga, y es la que ingresa esos teléfonos”.
Tres meses después, una investigación que nació en la Justicia bonaerense por diferentes estafas derivó en nuevos allanamientos en Córdoba: en seis celdas de la cárcel de Bouwer, en tres del penal de Cruz del Eje y 40 operativos más en viviendas de Córdoba, Saldán, Villa Allende, Oliva y provincia de Buenos Aires.
Los procedimientos arrojaron un saldo de 21 detenidos, nueve de los cuales ya estaban presos por otros delitos y continuaban delinquiendo con un celular en la celda. En ambos penales se incautaron celulares, planillas con números telefónicos, claves, chips y otros elementos de prueba.
En la jerga se conoce como “muleros bancarios” a los que ceden sus cuentas bancarias a las bandas.