Falsa abogada. Detenida por estafas en Punilla, había sido expulsada de la UNC
INVESTIGACIÓN. Valeria Montes Pratto, quien habría usado documentos apócrifos para vender terrenos ajenos, fue echada como alumna de Derecho. La Justicia federal consideró que no cometió delito.
Quien está señalada como la supuesta organizadora de la asociación ilícita dedicada a la venta fraudulenta de terrenos en el Valle de Punilla, Valeria Jael Montes Pratto
(36), tiene antecedentes de falsificación de documentación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que terminó de expulsarla como alumna en
2018.
En la causa judicial que instruye el fiscal de Delitos Complejos del Primer Turno de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier, están detenidos Montes Pratto, su padre Pablo Montes y el escribano Gonzalo Ernesto Argarate, además de permanecer prófugo quien sería socio o empleado de la mujer, Marcos Solanille.
A los cuatro se los acusa de estafas reiteradas como miembros de una presunta asociación ilícita creada para vender lotes de tierra en predios aledaños a las comunas de Villa Parque Siquiman, Bialet Massé y San Roque, entre otras del sur del Valle de Punilla.
Más allá de que decenas de damnificados aseguraron que ella se presentaba como falsa abogada y que utilizaba documentación apócrifa para estafarlos, en 2018 Montes Pratto fue expulsada e inhabilitada como alumna de la Facultad de Derecho de la UNC por haber falsificado nada menos que la copia de un certificado analítico.
El Consejo Directivo de esa unidad académica expulsó e inhabilitó a Montes Pratto el 7 de marzo de 2018, por los hechos que surgieron de una investigación administrativa que se había iniciado ante una denuncia de una abogada de matrícula. Se evaluó que la alumna, que tenía 11 materias aprobadas hasta 2011, había incurrido en lo que está contemplado en el artículo 13, inciso 3, del Reglamento de Investigaciones Administrativas y en el último punto del artículo 15 de la misma normativa.
En ese reglamento, el primer inciso citado señala que a Montes Pratto se le adjudicó “falsificación o adulteración de actas de examen u otros instrumentos, con el objeto de acreditar haber cursado, rendido o aprobado una materia, curso o carrera”.
El otro punto citado en la resolución firmada por el decano Pedro Ramón Yanzi Ferreyra señala que “la expulsión inhabilita al estudiante por el término de cinco años, para cursar estudios en las facultades e institutos” de la UNC.
¿Qué sucedió luego? Tras la recomendación que recibieron de la Facultad de Derecho luego de la expulsión, con la firma del rector Hugo Juri y del secretario Roberto Terzariol el Rectorado emitió el jueves 19 de abril de ese 2018 una resolución en la que se decidió: “Instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de que a través de su Departamento de Asuntos Judiciales formule la correspondiente denuncia penal por el hecho investigado”.
A raíz de esto, la UNC presentó denuncia en la Justicia Federal por “falsificación de documentos públicos”, la que recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Analítico para trabajar
¿Cuál era el hecho endilgado a la que hoy se señala como falsa abogada? Cerca de mayo de 2017, cuando ya habrían comenzado las ventas fraudulentas de terrenos en Punilla, Montes Pratto frecuentaba como clienta un estudio jurídico de la ciudad de Córdoba. Habiéndose presentado como “colega”, pronto generó confianza para preguntar si además podía pasar a formar parte del staff de ese bufete.
La titular de ese estudio jurídico le respondió que le presentara un currículum de antecedentes para evaluarlo, el que fue entregado pocos días después. Al analizar la carpeta, la abogada titular de esa oficina se encontró con un certificado analítico que por algunos datos le llamó la atención.
Unos días después, otra integrante del estudio jurídico se presentó en la Facultad de Derecho de la UNC para corroborar que la fotocopia del documento tuviera contenido auténtico; es decir, si lo que allí decía era válido.
La primera pesquisa determinó que todos los datos de ese analítico salvo el nombre- pertenecían a un alumno que se había recibido y ya era abogado. Al documento original, la falsa abogada le había insertado su nombre y su número de DNI. Esto generó la investigación administrativa que derivó en la expulsión de Montes Pratto, quien hasta ese momento sólo había aprobado 11 materias de la carrera. La última había sido rendida en 2011.
Sobreseída, con honor intacto
Sin embargo, la denuncia presentada por Asuntos Jurídicos de la Casa de Trejo en el Juzgado Federal N° 3 tuvo un rápido tratamiento, que benefició a la alumna expulsada.
A poco de iniciar la instrucción, la entonces fiscal Graciela López de Filoñuk promovió acción penal en contra de Montes Pratto por “falsificación de instrumento público”. Pero en agosto de 2019, el juez Vaca Narvaja emitió una resolución en la que dispuso sobreseer a la acusada “por no encuadrar en una figura legal el hecho que se le endilga”.
En uno de los párrafos de aquella resolución, el juez determinó: “Dado que de la totalidad de los elementos probatorios reunidos en las presentes surge que la conducta de la encartada consistió en modificar una fotocopia a color del certificado analítico original perteneciente a “XX”, y que dicha fotocopia falsificada no tenía la debida autenticación (no tenía certificación de firma de un escribano público, por ejemplo) considero que el accionar endilgado a la imputada es atípico, y por tal motivo corresponde su sobreseimiento”.
En la causa, no está registrado que alguna de las partes –como la fiscal o la UNC– haya apelado este sobreseimiento.
Además de sobreseer a Montes Pratto, Vaca Narvaja indicó que lo hacía “con la expresa declaración de que la formación de la presente causa no afecta el buen nombre y honor de que hubiera gozado”.
La ahora detenida por las estafas con la venta de terrenos en Punilla presentó un certificado analítico falso.
La Justicia federal determinó que no había sido delito haber falsificado una fotocopia.