Condenas en causa de drogas de Río Cuarto
Sobre 15 imputados, hubo 11 absoluciones. Pedro Andrada, libre.
La compleja trama del narcotráfico en el sur provincial tiene nombres que se repiten en diferentes investigaciones del juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa. El viernes pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 juzgó a lo que aparentaba ser una gran banda de tráfico de estupefacientes que operaba entre Río Cuarto y Buenos Aires.
La causa tenía 15 imputados. Llevaba el nombre de uno de los presuntos jefes de la organización, Pedro Adrián Andrada (54). Pero resultó desvinculado y quedó de inmediato en libertad. Las audiencias comenzaron en junio y terminaron el viernes.
Con base en las escuchas de la causa, el fiscal Carlos María Casas Nóblega pidió condenas para todos los acusados, unos como integrantes de una organización para el tráfico de estupefacientes y otros como autores de una “confabulación” con igual fin. Por falta de certezas, Andrada fue absuelto, como otros 10 imputados.
“Toda la pata riocuartense del caso quedó afuera. Como en otras causas del Juzgado Federal de Río Cuarto, no había gran cantidad de droga secuestrada ni tampoco pruebas del excepcionalísimo delito que se le adjudicó: confabulación para la comercialización de estupefacientes”, resumió una fuente tribunalicia. Los fundamentos se conocerían este viernes.
Los cuatro condenados se domicilian en Buenos Aires. A Héctor Blanco Terceros (33) y a Alejandro Rafael Nogales (36) se les dictó una pena de ocho años de prisión por “organización para la obtención, elaboración, producción, distribución y comercialización de estupefacientes”. Les impusieron multas de 50 y de 30 mil pesos, respectivamente.
También fueron hallados culpables Mónica Graciela Gutiérrez y Norberto Martín Pereyra. Los sentenciaron a cuatro años de prisión (y a 20 mil pesos de multa cada uno) en calidad de partícipes secundarios de la banda. Debido al tiempo en que estuvieron detenidos antes del juicio, en el acto recuperaron la libertad.
El tribunal, integrado por Jaime Díaz Gavier, Carolina Prado y Julián Falcucci, desvinculó a otros tres acusados de Buenos Aires: Noemí Zulma Heredia Córdoba, Ricardo Brian Martínez y Cintia Gisela Parodi.
También absolvió a los ocho riocuartenses imputados. Además de Pedro Adrián Andrada, en la lista figuraban Claudio Germán Rojo, Javier Edgar Rodríguez, Franco Emanuel Verón, Leticia Valeria Forton, David Alberto Carranza, Melina Gisele Benítez y Luis Alberto Azcurra.
Nombres repetidos
Pedro Adrián Andrada ya había tenido una causa de gran repercusión pública a fines de 2014 en Río Cuarto, cuando fue imputado por el asesinato a balazos de Claudio Ojeda (34), trabajador de Cotreco y mano derecha del principal dirigente del Surrbac en la ciudad (Jorge “Coco” Mercado, actualmente preso por un siniestro vial). La pelea ocurrió en un bar, frente a la plaza Roca. En 2015, el juez de Control Daniel Muñoz (ya fallecido) le adjudicó legítima defensa plena y quedó en libertad.
También estuvo mencionado en el inicio del expediente de narcolavado en Río Cuarto, cuya primera parte se juzgará a partir del 12 de octubre en el Tribunal Federal 2. En la investigación, iniciada en junio de 2014 por iniciativa de Gendarmería, Andrada y “el Oreja” Rojo, entre otros, aparecían junto con Claudio Torres en numerosos registros de seguimientos. Torres, el llamado “Zar de la Droga”, fue acribillado a balazos frente a su casa en Río Cuarto el 16 de enero de 2016.
La investigación de 2014 pasó a denominarse “narcoescándalo” tras el asesinato de Torres y el surgimiento de contactos entre presuntos narcos y jefes policiales. En febrero de 2016 fue detenido, como presunto encubridor, Gustavo Oyarzábal, exjefe de Investigaciones de la Policía de Córdoba en la ciudad. Luego fue imputado Sergio Almerich (está en libertad), quien era jefe de la Policía Federal y padre de la novia de uno de los acusados de narcolavado.
Almerich era titular de la repartición en Río Cuarto cuando la Federal recibió la carta manuscrita en la que un supuesto exvendedor de droga preso denunciaba a Andrada.
En su indagatoria por el narcoescándalo, Oyarzábal contó que la última vez que vio a Torres fue para preguntarle si se iba a entregar Andrada por el asesinato de Ojeda, “porque andaban siempre juntos”.
Apenas se produjo el homicidio de Torres, el gendarme Luis Naser pidió hacer declaraciones a La Voz desde la cárcel. Dijo haber participado en el inicio de la investigación de narcolavado, denunció que muchas veces le negaron órdenes para allanar y que su causa fue “inventada para que no cayera Torres, porque era un hombre con mucha influencia, muy protegido por el poder”.
Críticas al juzgado
En el juicio, la defensa de Andrada sostuvo que su único vínculo con el cabecilla de la organización, Blanco Terceros, fue por la venta de una camioneta que previamente había comprado “a un chico de apellido Soffli” (el hijo de Claudio Torres se llama Franco Maximiliano Soffli y está procesado por narcolavado).
Citaron que Andrada dijo que, como no pudo hacer la transferencia de ese vehículo, le entregó a Blanco Terceros un Toyota Etios. Los abogados mencionaron que su cliente “desconoce si este se lo entregó a un policía por el pago de una coima, porque no le compete y no tiene por qué saberlo”.
Al igual que los demás defensores, cuestionaron al Juzgado de Río Cuarto. Sostuvieron que la investigación fue realizada “sin un mínimo control del órgano judicial instructor” y la calificaron de “torpe, negligente, descuidada y totalmente anárquica”.