Rosario sabe que la violencia narco no va a terminar
Carlos Argüelles era un hombre que sabía que iban a matarlo y hasta conocía el nombre de quién era el ejecutor y por orden de qué otra persona se iba a cumplir su irremediable destino. Fue un testigo colaborador de una de las causas emblemáticas de Rosario: la del narcotraficante y ladrón de autos Esteban Alvarado, actualmente en prisión como responsable de asociación ilícita e instigador de homicidios.
El sistema judicial en Santa Fe fue modificado y son los fiscales quienes llevan las causas adelante y estas luego son juzgadas por un juez en audiencia imputativa y en juicios. La reforma también abrió la posibilidad de un juicio abreviado, que no se discute en un estrado. Y quien se declare culpable o bien colabore con la Justicia puede acceder a negociaciones y lograr ese instrumento que lo favorece. Eso hizo Argüelles.
El lunes se presentó en el juzgado su abreviado ante el juez, que debía homologarlo. Fue a las 12.30 del 6 de septiembre. Lo mataron tres sicarios a las 18 del mismo día en su taller mecánico y frente a su hijo adolescente; dos tiros fueron al cráneo.
Como testigo, tenía custodia en su casa, pero no en su trabajo. La había rechazado por no confiar en la Policía provincial. Dos comisarios ligados a Alvarado, archienemigo del clan “Los Monos”, trabajaron durante al menos dos años en esa fiscalía, y otro oficial de alto rango también estaba en la nómina de Alvarado.
Argüelles rechazó mudarse de provincia; “¿De qué voy a vivir? Van a matar a mi familia”, aseguró en varias oportunidades.
¿Cómo confiar en sus custodios policiales? ¿Y si estaban comprados por Alvarado? Dos veces intentaron matarlo: en octubre de 2020 y en enero de 2021; la tercera lo lograron.
Rosario hoy cuenta 158 homicidios. El asesinato del colaborador y protegido judicial Argüelles desnuda la imposibilidad de las redes estatales para cuidar a los ciudadanos. Mientras tanto, las bandas se multiplican: Los Monos, Delfín Zacarías, Los Segovia, Los Sandoval, Los Ungaro y tantas otras aún desconocidas para la prensa.
La omisión activa y la tardanza de la Justicia fueron demoledoras para la sociedad.
En una Rosario atravesada por el narcotráfico y la violencia como instancias de resolución, tal vez no alcance con poner a la ciudad bajo la tutela virtual de las fuerzas federales. Se necesita un alto compromiso de resolución con lo que ello implica de parte de los espacios políticos y sociales y de la Justicia, tanto federal como provincial, a la par que de los gobernantes y los dirigentes sociales en conjunto.
En Santa Fe se registró el primero, y hasta ahora único, atentado sobre la casa de un gobernador en democracia. Fue a Antonio Bonfatti, del Frente Progresista, en octubre de 2013. Meses después se halló al culpable, se acordó un juicio abreviado y se evitaron así declaraciones frente al estrado. Emanuel Sandoval tomó la responsabilidad y nunca se supo por qué disparó.
En octubre de 2019, un grupo comando acribilló a Sandoval mientras estaba en prisión domiciliaria. La sociedad nunca se enteró por qué baleó la casa del gobernador y hasta ahora tampoco se sabe quién mató al responsable.
Varios crímenes no fueron aclarados, entre ellos el de un alto jefe policial y el de delincuentes de alto perfil. Hoy la provincia está a cargo del justicialista Omar Perotti, quien durante su campaña prometió dos palabras: “paz y orden”.
Estas deudas del sistema son un mensaje; los oscuros caminos de la política y la Justicia son permisivos, hay muertes que no se aclaran y rosarinos que mueren día a día. Algunos, ligados a las bandas; otros, por causas del azar, entre ellos niños baleados y muertos.
La pregunta recurrente en las calles es: “¿Esto cuándo termina?” Y la respuesta vox populi: “Nunca”. Como todo conflicto, hay ideas de inicio, una fecha –2010, 2012–, pero el calendario esquiva una fecha de término, casi una inocente y utópica esperanza.
Cuatro horas después de acordar un juicio abreviado, acribillaron en su taller mecánico al testigo protegido Carlos Argüelles.