Denuncia. Chocó, le secuestraron la moto y se la robaron casi entera en Potrero del Estado
BAJO SOSPECHA. Tras casi dos años, la Justicia recién resolvió devolverla en los últimos días. Pero en el predio ubicado en Bouwer que controla y custodia la Policía se la habían desarmado.
Otra grave denuncia vuelve a poner bajo una enorme lupa a Potrero del Estado, el predio oficial en el que la Justicia deposita los vehículos que son secuestrados en diferentes operativos policiales, ya sea por un choque, una infracción o un robo.
Lo insólito es que estos vehículos, que a partir de ese momento quedan a disposición de la Justicia provincial de Córdoba y bajo una custodia permanente de 24 horas durante los 365 años del año, desde hace tiempo vienen siendo objeto de todo tipo de robos dentro del propio predio.
Esta inédita situación abre un lógico debate no sólo sobre las condiciones de la custodia en Potrero del Estado, ubicado en jurisdicción de la comuna de Bouwer, sino sobre las complicidades oficiales en torno a estos robos.
En las últimas horas, una mujer que tuvo que penar casi dos años para que la Justicia le devolviera su moto, que había sido secuestrada tras un choque, se topó con que su rodado había sido desguazado y robado dentro de Potrero del Estado.
Ella ya realizó la denuncia penal, aunque a esta altura, a la luz de todo el tiempo que se tomó la misma Justicia para devolverle la moto en su momento, tiene serias dudas de que le vaya a servir esta presentación.
Es que todo se volvió paradójico: ¿la propia Justicia va a investigar cómo se robaron la mayor parte de las piezas de una moto que esa misma Justicia había secuestrado y tenía estacionada en un predio oficial para su aparente resguardo?
El caso lejos está de ser una excepción: en los últimos meses, según un recuento de La Voz ,yase presentaron casi 15 denuncias penales por episodios similares. Motos, sobre todo, que directamente “desaparecen” de Potrero del Estado o que sufren el robo de varias partes.
“Hurto”, “violación a los deberes de funcionario público”, “omisión de denuncia” y “abuso de autoridad” formaron parte de los posibles delitos que los denunciantes solicitaron en su momento que fueran investigados. La mayoría de estas causas, desperdigadas en diferentes fiscalías de la ciudad de Córdoba, aún duerme el sueño de los injustos. Aún la Justicia cordobesa no investiga la trama en común que une a cada uno de estos robos, pese a que en cada denuncia se observa el mismo patrón delictivo.
El nuevo caso
Sobre esta última denuncia, Florencia, la denunciante, comenzó a contar: “En noviembre de 2019 mi marido tuvo un accidente con la moto, una Honda New 150. Él estuvo internado en el Hospital de Urgencias y la moto quedó secuestrada.
Como aún la estábamos pagando en la concesionaria, la terminaron por llevar a Potrero del Estado. Al principio en Saldán y después en la unidad judicial de Villa Allende, nadie sabía decirme dónde estaba la moto”.
“Al principio nadie nos decía quién se había llevado mi moto, y qué se podía hacer. Empezó la pandemia y peor. Hasta que empecé a ir a la unidad judicial de Villa Allende y tuvimos que mover muchos papeles. Nos dijeron cinco veces que la iban a peritar, pero después decían que no la encontraban en Potrero del Estado. Siempre algún motivo distinto. Hasta que hace dos meses me llamaron de Villa Allende y me dijeron que me llegue a la comisaría, que me tenían buenas noticias”, continuó la denunciante.
¿Cuál era la grata novedad? “En la comisaría me mostraron que habían encontrado la moto, me mostraron hasta una foto en la que se veía que estaba en buenas condiciones y me dijeron que la habían peritado, por lo que me dieron fecha para ir a buscarla. El 26 de agosto último me dieron el oficio para ir a retirarla”, agregó.
El rodado tiene un valor de mercado superior a los 300 mil pesos. Cuando sufrió el choque, no había tenido daños de importancia, recordó Florencia.
Pero esta historia no tendría finales felices, a casi dos años del secuestro judicial de esa moto. “Ese día fuimos con mi marido hasta Potrero del Estado. Pero ahí nos decían que no estaba, que no la encontraban, por lo que mi marido entró y él mismo empezó a buscarla, hasta que la encontró por la patente: tenía el cuadro, el tanque y el guardabarros con la patente. Nada más. Me robaron el motor, plástico, asiento, las ruedas... Yo quiero que se haga justicia, que alguien se haga cargo, que me devuelvan mi moto entera, a nosotros nos hace falta, mi marido la utilizaba para poder ir a trabajar en las obras y nosotros la pagamos con mucho sacrificio para que ahora nos hagan esto”.
Ante el fiscal General
La mujer ahora es representada en esta denuncia por el abogado Carlos Nayi, quien ya tiene como clientes a varios denunciantes por episodios similares. Entre ellos, un hombre que se encadenó el lunes último frente a Tribunales I de la ciudad de Córdoba luego de que su moto fuera secuestrada por la Policía y posteriormente desapareciera del corralón de Potrero del Estado, según denunció.
“Me quedé sin trabajo. Vendía en el campo y, a raíz de esto, quedé sin trabajo. Ando con la misma ropa hace dos meses. Quedé en situación de calle, quiero que (el gobernador, Juan) Schiaretti, (el intendente, Martín) Llaryora y el ministro de Seguridad (Alfonso Mosquera) se hagan cargo y me paguen mi moto porque hace dos años que estoy viviendo mal”, dijo el denunciante, Walter Sissoy.
Este miércoles, Nayi realizó otra presentación sobre este tema ante la Fiscalía General que conduce Juan Manuel Delgado. “Le solicité al señor fiscal general que en función de las facultades que le confiere la ley del Ministerio Público Fiscal 7.826 disponga asignar una fiscalía de intervención en todas las investigaciones por la gravedad de los hechos denunciados en razón de que se verifican dentro de un predio oficial con custodia policial las 24 horas de los 365 días del año, por ser alcanzado un segmento social particularmente vulnerable y la gravedad institucional que denota la reiteración de estos sucesos”.
Y completó: “Cuestiones de orden práctico a nivel de políticas de persecución criminal sugieren que un mismo fiscal dirija la investigación a los fines de llegar a la verdad real y determinar todos los niveles de responsabilidad”.
Cuando la llamaron de la comisaría de Villa Allende con una “buena noticia”, jamás imaginó encontrar la moto en el estado en el que la dejaron.
Ante la reiteración de casos similares, el abogado de los denunciantes pide que un solo fiscal se ocupe de todas las causas.