La política tiene que solucionar sus enredos
La modificación de una ley provincial para permitir un nuevo mandato a los intendentes y jefes comunales que fueron reelegidos en 2019 sigue agitando la política. De hecho, la cuestión podría judicializarse en los próximos días, si no hubiera un gesto positivo de la Legislatura.
En 2016, recordemos, se reformó el Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal para prohibir las re-reelecciones: a futuro, nadie podría candidatearse al mismo cargo después de haberlo ocupado durante dos mandatos consecutivos.
Para todos los cargos electivos municipales o provinciales, entonces, se computaría como primer período el ciclo 2015-2019 y el segundo equivaldría al cuatrienio 2019-2023. De modo que el año próximo se verían sus primeras consecuencias prácticas, cuando cientos de intendentes –la categoría más problemática– tuvieran que encontrar sucesores.
Los números son dramáticos. De los 427 municipios y comunas que tiene la provincia, según las cuentas que han sacado diversos sectores, en casi 290 (dos tercios del total) las autoridades son las mismas desde 2015: 141 responderían a Hacemos por Córdoba; 73 al radicalismo; 43 al Frente de Todos; 19 al PRO; 13 al vecinalismo.
Semejante recambio dirigencial se daría en simultáneo, por un lado, con la finalización del segundo mandato de Juan Schiaretti, lo que en sí mismo implicará el cierre de una etapa en el peronismo cordobés, y el liderazgo que se hará cargo del desafío de conservar el poder en la siguiente etapa aún no está claro. Por otro lado, en el campo de la oposición las internas impiden hasta las más mínimas e imprescindibles certezas.
En consecuencia, para unos y otros sería preferible que las estructuras a nivel local siguiesen en las mismas manos un tiempo más. No vaya a ser que si se habilita la selección de nuevos liderazgos, en dos de cada tres localidades del ámbito provincial se produzcan pequeñas fugas que puedan favorecer al adversario.
La reciente elección de Marcos Juárez fue una prueba de laboratorio de lo que podría pasar: no arrojó un buen resultado para Hacemos por Córdoba, que apostó por alguien que se había desprendido de Juntos por el Cambio; pero nadie puede garantizar que el esquema básico –“el que cambia de vereda política pierde”– se repita en cientos de municipios.
Con todo, la ley tiene un flanco débil: en 2016, restringió los derechos de quienes fueron elegidos en 2015, un año antes. Y las leyes no pueden ser retroactivas. Por lo tanto, hay un grupo de intendentes de distintos partidos que aspiran a que la Legislatura haga una “reinterpretación” de la norma y fije al período 2019-2023 como el primero en el conteo.
De esa forma, la prohibición de la re-reelección seguiría vigente, pero recién se haría efectiva en 2027. Caso contrario, harían una presentación judicial para conseguir su objetivo.
Judicializar la política siempre es una mala decisión. La política tiene que saber solucionar sus propios enredos. Sobre todo cuando el problema se habría originado en una mala formulación de una necesaria y republicana cláusula legal.