Fortalecer o manipular la institucionalidad
Amanecimos la semana pasada con un proyecto que intenta nuevamente incrementar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, iniciativa que ya logró mayoría en el Senado y pasa ahora al debate de Diputados.
En un nuevo intento de salvataje, se busca cooptar el manejo de la Justicia, marcando una agenda legislativa que nos obliga a debatir un círculo no virtuoso: impunidad sí, impunidad no, dejando de lado muchísimas reformas de calidad que podríamos estar debatiendo para incorporar al Poder Judicial y así fortalecerlo, mejorando su diseño institucional.
La Justicia se encuentra hoy en nuestro país bajo un manto de sospecha y desconfianza frente a los ciudadanos, quienes pese a estar asfixiados por problemas cotidianos no menores (como la inflación, la pobreza y la inseguridad) la colocan en un podio lejano e incierto. Aparece el derecho de acceso a la Justicia como un derecho cada vez más complejo e inaccesible.
Focos de interés
Los argentinos en general y los cordobeses en particular deberíamos estar preocupados por lo extensos que son los procesos judiciales, interpelándonos y obligándonos a admitir que justicia tardía no es justicia, y que el valor de la justicia se esfuma cuando la gente muere en su espera.
Deberíamos estar preocupados por la falta de transparencia en la gestión y funcionamiento del Poder Judicial; por la falta de mecanismos de control, de auditorías que permitan medir la calidad del trabajo de cada juzgado. Se deberían elaborar estadísticas que permitan premiar y reconocer a aquellos que trabajan de manera eficiente, en un mensaje de mérito y motivación que escape de la debacle que nos mide a todos con la misma vara, sin evaluación de resultados.
Deberíamos discutir si les exigimos declaración jurada patrimonial a los magistrados, lo que nos permitiría detectar casos groseros de corrupción. Se podría exigir rendición de cuentas (porque en definitiva la magistratura integra un poder del Estado y se constituyen en responsables frente a la ciudadanía) sin que exista privilegio alguno, abolidos definitivamente por la Constitución Nacional.
Deberíamos estar discutiendo una mayor apertura informativa, transparencia de datos, inversión en tecnología, mayor publicidad de los procedimientos, mayor inclusión de la ciudadanía en la administración de justicia, que permita aportar distintas perspectivas y lo haga un poder más sensible, menos clasista, más humano, haciendo que esta búsqueda permanente de justicia sea una búsqueda colectiva que nos incluya a todos.
Deberíamos estar discutiendo la existencia de un Tribunal Constitucional que reduzca la competencia a la Corte y aliviane su trabajo, para tornarla más expeditiva. Deberíamos estar discutiendo mecanismos que agilicen y transparenten el funcionamiento de la Cámara de Casación Penal y del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Deberíamos estar enfocados en reducir obstáculos en el acceso a los tribunales, conforme a principios de igualdad y no discriminación, haciendo del acceso a la justicia algo universal e inclusivo, que lo ubique en un lugar prioritario de la agenda democrática.
La pretensión de una nueva modificación en la integración de la Corte Suprema es una actitud que daña al Poder Judicial.
Actitudes que dañan
En los últimos años, se han dedicado muchísimas horas y esfuerzos para intentar manipular al Poder Judicial, cooptando jueces, colonizando estructuras, interfiriendo en sus relaciones, operando y deteriorando así su imagen, imagen que cuesta prestigiar como consecuencia de estas maniobras.
El proyecto de reforma judicial, el intento de manipulación del Consejo de la Magistratura, el frecuente ataque y cuestionamiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora la pretensión de una nueva modificación en su integración son actitudes que desacreditan y dañan al Poder Judicial, y que generan una imagen de fragilidad institucional peligrosa.
Los argentinos, y los cordobeses en particular, deberíamos estar preocupados por lo extensos que son los procesos judiciales.
Por una democracia sólida
Por casa y en Córdoba, también resistimos los mismos intentos de cooptación. El proyecto de creación del Ministerio de la Defensa fue un avasallamiento, un intento de manipulación y de búsqueda de impunidad que nada tiene que ver con las necesidades de la gente ni de los asesores letrados, que continuarían con las mismas problemáticas actuales.
Contribuir a sostener una democracia sólida requiere de un Poder Judicial legítimo, creíble, independiente, que sea capaz de concretar en tiempo y forma el valor de justicia. Requiere desde el poder político abandonar el intento siempre seductor de manipular las instituciones y, por el contrario, trabajar en su fortalecimiento.