Muertes de bebés. Cardozo se abstuvo de declarar ante el fiscal
La semana que viene se decide la situación procesal de la enfermera Brenda Agüero. La clave pasa por saber si existe o no un patrón común entre las víctimas y los bebés que quedaron con lesiones.
Diego Cardozo, exministro de Salud provincial, se presentó ayer en Tribunales II acompañado por sus abogados defensores, Lucas Filiberti y Germán Matheu. Pasadas las 12.30, el exfuncionario subió por las escaleras hasta el segundo piso, donde lo esperaba el fiscal de instrucción de Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, para tomarle declaración indagatoria.
Sin embargo, por consejo de sus abogados defensores, Cardozo se abstuvo de declarar. Así lo confirmó Matheu, quien no quiso hacer declaraciones para mantener el secreto del sumario. “Hemos sido intimados por la fiscalía a la reserva de las actuaciones, por secreto profesional y por el estado de sumario de la causa. Por eso nos vemos imposibilitados de prestar declaraciones o de brindar información alguna en este momento”, explicó el defensor.
Después de ingresar al despacho del fiscal, Cardozo escuchó los fundamentos de la imputación en su contra. El exministro está acusado de haber omitido los deberes de funcionario público. Alrededor de una hora más tarde, salió sin hacer declaraciones a la prensa, que montaba guardia frente a la oficina de Garzón desde el mediodía.
Cardozo saludó y manifestó: “Por recomendación de la defensa y porque rige el secreto de sumario, no voy a hacer declaraciones por el momento”. Y se retiró.
Estrategia
Una de las posibilidades es que el exfuncionario haya optado por escu char los fundamentos de la imputación y prepare la defensa para declarar más tarde. En esta instancia, un imputado puede abstenerse de declarar, declarar y no responder o declarar y responder todas las preguntas.
También optaron por abstenerse a declarar las tres profesionales del hospital Neonatal que fueron imputadas por omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Liliana Asís, exdirectora del centro de salud; Martha Gómez Flores, exjefa de Neonatología, y la coordinadora del área de Seguridad del Paciente, Adriana Morales, no declararon la semana pasada, también por recomendación de sus abogados defensores.
En estos casos se sospecha que los documentos falsificados habrían sido certificados de defunción de los bebés fallecidos.
Resta ahora que declaren el exvicedirector del Gestión Administrativa, Alejandro Escudero Salama, y Pablo Carvajal, exsecretario de Salud provincial. Ambos están imputados por omisión de deberes de funcionario público.
En el caso de Escudero Salama, su abogado defensor, Claudio Orosz, informó que el lunes pasado se presentó en la fiscalía para conocer el detalle de la imputación. Y que, en función de eso, se presentarán a declarar con abundante prueba para demostrar la inocencia del exfuncionario hospitalario.
Peritajes a Brenda
En paralelo, continúa el peritaje interdisciplinario a Brenda Agüero, detenida desde el 20 de agosto e imputada por homicidio calificado. Estos peritajes tienen como objetivo analizar cuestiones que tienen que ver con la salud mental de la enfermera, así como con su entorno social. Por eso participan psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, tanto del cuerpo oficial de la fiscalía como de parte.
Se realizarán entrevistas a familiares y a allegados para conocer el entorno y los vínculos que la agente tenía con sus seres queridos, a los fines de recabar la mayor cantidad de información posible.
Es posible que este peritaje se defina en octubre, explicaron desde la defensa de Brenda. Se espera que, la semana que viene, el fiscal Garzón defina la situación procesal de la enfermera. Decidirá si dicta la prisión preventiva o si la libera. En ambos casos, puede seguir investigando hasta que decida elevar la causa a juicio o dictar el sobreseimiento.
La principal hipótesis de la investigación, al comienzo, fue la de un presunto asesinato intencional de bebés. Conforme avanzaba la investigación, el fiscal de instrucción se encontró con funcionarios que no denunciaron a tiempo estos fallecimientos ante la Justicia y con falsificación de documentos públicos, al parecer, certificados de defunción.