Al Estado todos lo pasan: de eso va la causa Trebucq

Este jueves se reanuda el juicio oral en lo que se conoce como la megaestafa del Registro de la Propiedad. Hay 16 imputados por la presunta apropiación, usurpación y comercialización de tierras que eran de la Provincia, en una maniobra supuestamente encabezada por Gustavo Trebucq, a sabiendas de que eran de dominio público.

Hay múltiples razones que hacen de este juicio un emblema de cómo la desidia, la ineficiencia y hasta la complicidad puertas adentro del Estado pueden derivar en un perjuicio que, en caso de que los imputados no paguen, pagaremos los cordobeses. Ese es el punto: todo indica que hubo una estafa; lo que se discute ahora es si el perjuicio lo asumen el estafador o los impuestos ciudadanos.

Lo primero a considerar es que entre 1949 y 1950 el Estado provincial, a través de la Dirección de Hidráulica, expropió a la firma Bergallo & Pastrone y al particular Pastrone toda una franja de terrenos, para afectarlos a la traza de la costanera del río Suquía. La Costanera iba a pasar por el bulevar Ocampo, pero luego se hizo pegada a la línea de ribera, por lo que en el medio quedó toda esa franja.

Bergallo & Pastrone hizo un juicio de expropiación inversa porque no le habían pagado y la discusión fue a la Justicia, que confirmó la expropiación y resolvió un monto mayor. El papel con el recibo de pago hoy no está, y ese es el argumento del que se vale Trebucq.

En ese entonces, todo lo que estaba del otro lado del río eran las “afueras”, con mucho baldío. En esa franja había seis lotes, ubicados entre el puente Sarmiento y el puente 25 de Mayo, al frente de lo que es hoy la Legislatura de Córdoba. El gobierno militar cedió dos de esos lotes: uno a la Bolsa de Cereales de Córdoba y otro a la cooperativa de vivienda del Ejército. Hay otros dos lotes con edificios construidos que están bajo investigación del fiscal Ernesto Gavier, y los dos que hoy están en litigio.

Por más de medio siglo, todos los funcionarios que participaron de las gestiones en la Provincia y el municipio capitalino sabían que eran terrenos públicos. Hay hasta una plazoleta que mantiene la Municipalidad y por debajo del de al lado pasa una cámara de sifón de la cloaca máxima troncal, de seis por seis metros.

En 1996, por razones que hasta el momento nadie ha podido explicar, el municipio le reclamó a Bergallo & Pastrone contribuciones inmobiliarias La firma alegó que hacía casi medio siglo no era dueña de los terrenos, y por algunos años intentó demostrar que no le correspondía pagar. La Municipalidad (gestión Kammerath) no consultó en Hidráulica nunca y siguió reclamando la deuda. Y si la ocasión hace al ladrón, algo así le habría pintado al representante de la firma y accionista –el contador José Abel Salomón–, quien de acuerdo con la investigación fue y pagó esa deuda en 2002 por iniciativa personal.

La fecha no es insignificante, porque esas tierras se volvieron apetecibles cuando estalló la convertibilidad y se desató el boom inmobiliario, de la mano del corralón que había dejado atrapados los ahorros de miles de particulares y empresas. Se volvieron aun más apetecibles cuando el recién asumido José Manuel de la Sota hizo pública su intención de mudar la Casa de Gobierno al frente de la zona de la Terminal de Ómnibus, con puente incluido para conectar con el barrio General Paz.

Siempre de acuerdo con la causa, Salomón transfirió esos terrenos a sus hijos, por entonces menores de edad, y luego –a través de su esposa como apoderada y un cuñado– logró inscribirlos en el Registro de la Propiedad. Probó inscribirlos... y pasó. Probó otra vez... y pasó. Apareció luego una cadena: Concase, Roca-Feigin y Trebucq, quien finalmente vendió el lote en seis millones de dólares a la firma View, de Romero Victorica.

Hasta ahí, en la cadena de asesores hay escribanos, ingenieros y hasta funcionarios. Se presume que todos sabían que se trataba de un inmueble expropiado y que en la década de 1950 no se había asentado formalmente que era de la Provincia.

Incluso aparece el nombre del ahora fiscal General Juan Delgado: era entonces abogado personal de Trebucq en su divorcio. Hay testigos que aseguran que cuando los dueños de View –enterados ya de que era un dominio público– le objetaron la operación al escribano Lucrecio Lanza Castelli, este les dijo que Delgado les resolvería el problema.

Delgado no está imputado pero podría ser citado como testigo, en una situación de extrema tensión para todas las partes. En los últimos meses, el fiscal General promovió dentro del Poder Judicial a dos hijos del presidente del tribunal de la causa, Juan José Rojas Moresi, lo que enrarece aún más el panorama.

Primera apreciación: la in competen adeudadas. cia del Estado tiene consecuencias. Si en el mejor de los casos lo que pasó fue que municipio y Provincia no se “consultaron”, la inoperancia cuesta: en la demanda penal, la empresa View le reclama 4,1 millones de dólares a Trebucq, y en la demanda civil, el mismo monto a la Provincia (montos que en realidad no se suman) por la irregularidad catastral que permitió que View comprara de buena fe. Trebucq ha declarado no tener esa plata, por lo que si pierde y no paga, debería hacerlo la Provincia.

Si lo que sucedió no fue incompetencia sino avivada, manejo de información privilegiada y el eterno mecanismo de “dejar hacer”, deberá ser la Justicia la que asigne la responsabilidad de cada parte. ¿Cómo es que alguien reclama impuestos de algo expropiado? ¿Sabía de la debilidad registral o fue angurria fiscal? ¿Cómo un escribano puede dar fe de un título de propiedad “perfecto” y otro darse cuenta de que estaba expropiado?

Episodios similares se multiplican en toda la provincia en menor escala. Algunos venden a compradores de buena fe, otros directamente hacen su negocio, todo bajo el paraguas de un Estado desordenado puertas adentro, con los vivos de siempre que saben plantar un negocio donde hay incompetencia.

Este resonado caso revela cómo la incompetencia o la desidia del Estado crean las condiciones para que algunos vivos le pasen el cuarto.