UTA Córdoba: habrá desalojo si no liberan la sede
El próximo viernes debería ocupar la sede la lista Azul, que ganó las elecciones en diciembre pasado.
El Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo ordenó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a cumplir con la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que proclamó a la lista Azul vencedora en cinco seccionales –entre ellas Córdoba– y lo obligó a ceder la posesión de los gremios hasta el viernes 3 de febrero.
Si la UTA decide no acatar el fallo judicial, el Ministerio de Trabajo como órgano ejecutor deberá proceder al uso de la fuerza pública para restituir los edificios a la lista que venció en las elecciones.
La última audiencia de conciliación en la Cámara Nacional del Trabajo celebrada este lunes 30 de enero terminó con la administración de Roberto Fernández intentando modificar la decisión judicial.
“La fiscalía nos citó para que se cumpla el fallo en un ámbito de paz social pero la UTA desestimó entregar las seccionales y buscó ganar tiempo”, sostuvo Juan Figueroa, abogado de la lista Azul Córdoba.
Con fecha límite del 3 de febrero lo primero que deberá ocurrir es que la misma Junta Electoral que estuvo presente en las elecciones del 1 y 2 de diciembre certifique las nuevas autoridades que deberán asumir.
El abogado de la UTA Carlos Mayer argumentó que tal Junta Electoral se disolvió y luego que renunciaron todos sus miembros y que para conformar una nueva junta se requiere de un plazo de 15 días. La justicia rechazó al planteo y si no vuelve a configurarse, el juez podrá certificar las nuevas administraciones por vía judicial.
El paso siguiente será la entrega de las seccionales y los recursos económicos para su funcionamiento. Para tal efecto, el Juzgado Nacional de 1ª instancia del Trabajo avisó al Banco de la Nación Argentina de las nuevas administraciones financieras.
“Si el próximo viernes no se realiza la entrega del edificio de Av. Vélez
Sársfield 588 presentaremos un acta notarial a la Cámara Nacional del Trabajo y ellos deberán pedir el auxilio de la fuerza pública para desalojar a la administración vigente del edificio. Claramente no queremos esto pero es la última opción que habilita la ley”, expresó Figueroa.
Además si la UTA no cumple con el fallo judicial, el Ministerio de Trabajo podrá acusar al organismo central de incumplimiento del artículo 56 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales y le podrá aplicar sanciones penales por el delito de desobediencia a la autoridad.
En este caso la UTA podría recibir multas, intervención del Consejo Directivo y hasta la sanción más grave que es la quita de la personería gremial.
El eje del conflicto
La actual secretaria general de los choferes, Carla Esteban, perdió las elecciones contra la Lista Azul, liderada por Leonardo Quevedo. Sin embargo, Esteban planeaba seguir al seguir al frente de UTA Córdoba bajo el supuesto el paraguas del Estatuto nacional.
Después del sufragio, la Junta Electoral organizada por Fernández determinó que, por Estatuto de la UTA, quien ganara la Secretaría General a nivel nacional tendría la posibilidad de escoger los titulares de todas las delegaciones del país, más allá de los resultados de los comicios. Esa interpretación no tuvo respaldo judicial consideró que los resultados en las delegaciones tienen autonomía propia.