La crisis de salud sacude al interior de Córdoba
Desde hace varios años, y por causas diversas, las clínicas y sanatorios de gestión privada del interior de la provincia de Córdoba enfrentan una crisis profunda, que repercute de manera directa en la atención de la salud de una enorme franja de la población, con el riesgo sanitario que ello implica.
No es necesario examinar a fondo las motivaciones de esa situación para concluir que se trata de colapsos financieros imposibles de sobrellevar. Y casi siempre figuran en la columna de las pérdidas y necesidades los atrasos sistemáticos de los pagos de algunas obras sociales.
Son habituales las interrupciones de cobertura por incumplimiento de pago de esas instituciones, entre ellas Pami y Apross, por mencionar las más voluminosas en afiliados.
En un informe que publicamos días atrás sobre esta problemática, los sectores empresariales y las entidades que agrupan a clínicas y sanatorios de la provincia coincidieron en trazar un panorama de escepticismo: “La situación es terminal”, alegaron.
Los números comparativos son para preocuparse: de las 405 clínicas de la estructura privada que había en 2000 en todo el territorio cordobés, sólo quedan 93. Con el agravante de que la mayoría de las que sobrevivieron a las crisis de orden nacional se concentran en la ciudad de Córdoba.
Esa inequidad de radicación golpea desde hace años a pueblos y localidades del interior, cuyos pacientes deben peregrinar fatigosos kilómetros para encontrar un sanatorio que supere las lógicas limitaciones de los dispensarios municipales.
Es oportuno reiterar que en algunas regiones del interior, las carencias se observan también en la módica presencia de profesionales de la salud en las distintas especialidades, quienes optan por seguir su carrera en la ciudad Capital. Otro fenómeno para nada nuevo y de evidente origen remunerativo.
Ahora bien: el Estado no debe permanecer impasible frente a semejante cuadro de necesidades. Nada menos que en tiempos de proliferación de enfermedades de alcances bacterianos y virales que nos acechan desde la pandemia. Cuando las crisis hostigan a la gente (no sólo en referencia al derecho universal de acceso al servicio de salud), el auxilio estatal es irrenunciable.
En ese contexto, es una buena señal que el gobierno de Córdoba analice un paquete de medidas tendientes a atenuar la asfixia económica que sacude a sanatorios privados del interior y los condena al cierre.
Es difícil de entender que localidades de relevancia en cuanto a la cantidad de habitantes no cuenten con un centro de salud de mínima complejidad. “Ni para atender un parto”, graficó uno de los profesionales consultados para el citado informe.
Por cierto, la administración nacional no es ajena a la debacle. Con un 90 por ciento de inflación anual, los costos en salud se dispararon y son imposibles de afrontar; de manera especial, en materia de medicamentos y de reposición de insumos básicos. Las clínicas advierten que están a punto del colapso, por lo que es momento del auxilio en bien de los miles de pacientes que van quedando a la intemperie.