Las 200 hectáreas de Neuquén que controla China
“Queremos que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país, que sea parte de la Argentina”, dijo hace poco el presidente Alberto Fernández.
Habría que avisarle al jefe del Estado que en la provincia de Neuquén puede encontrar una porción del territorio nacional que no pertenece a la Argentina.
En 2014, el Gobierno rubricó un acuerdo que le permitió a China la construcción e instalación de una estación espacial, la primera fuera de su territorio, en la provincia de Neuquén, más precisamente en Bajada del Agrio, a 40 kilómetros del pueblo de Las Lajas, de siete mil habitantes, y a menos de 100 kilómetros de Vaca Muerta.
Este programa crea lisa y llanamente un enclave soberano de China en Argentina.
La base, establecida sobre un predio de 200 hectáreas cedidas gratuitamente por 50 años renovables, está exenta de tributos y cargas aduaneras, incluidos los impuestos nacionales al consumo, como el IVA.
Se garantiza trámite acelerado y preferencial de las visas de migraciones para los ciudadanos chinos que trabajen en la base y también se permite el uso de frecuencias de comunicación del espectro radioeléctrico nacional.
Otorga a favor de China una zona de exclusión que abarca un radio de 100 kilómetros a la redonda de la base para las bandas por debajo de 10 GHz, y de 50 km para las superiores a los 20 gigahertz (GHZ).
Asimismo, se asegura la protección contra distintos medios de radiocomunicaciones, tales como aparatos domésticos o dispositivos automotores, y se detalla a cuánto deben ascender los niveles de interferencias para radiofrecuencias.
Su gigantesca antena lo dice todo: posee 35 metros de diámetro, la altura equivalente a un edificio de 16 pisos y 450 toneladas de peso. Con ella, China puede monitorear no sólo los cuerpos celestes del espacio, sino también la ubicación y trayectoria de los satélites norteamericanos que recorren el Hemisferio Sur, interceptar comunicaciones sensibles de otros países e incluso enviar mensajes encriptados.
Para que un argentino pueda ingresar a la base, se requiere una autorización expresa del Gobierno chino, “mediante solicitud escrita remitida, como mínimo, con tres meses de anticipación”.
De hecho, desde 2017, cuando terminó su construcción, no hay ningún compatriota en el predio; sólo 30 miembros del personal chino que trabajan y viven en la estación espacial.
Los trabajadores que provienen de China se rigen por las leyes laborales de aquel país, a pesar de prestar servicios en la Argentina.
¿Posible uso militar?
Nuestro país también renuncia a su jurisdicción y soberanía cuando se señala que “toda controversia relativa a la interpretación del presente acuerdo o que surja durante la ejecución del mismo se dirimirá amigablemente a través de los correspondientes canales diplomáticos”.
No obstante, su principal cuestionamiento pasa por el uso cívicomilitar de sus capacidades orientadas al dominio del espacio extraterrestre.
Camilo Gioffreda, en su estudio titulado “La estación espacial china y su incidencia en la defensa nacional argentina”, destaca que, si bien las autoridades chinas argumentan que sus fines son pacíficos, inquieta que la estación se encuentre bajo la órbita del Ejército Popular de Liberación (EPL).
Al respecto, cabe la posibilidad de plantearnos si acaso las infraestructuras de esta base son parte del complejo Intercontinental Ballistic Missile (ICBM), de la República Popular China.
De ser así, el gigante asiático tendría una capacidad decisiva en la escala de proyección de poder global.
Al no existir un mecanismo de verificación por parte de las autoridades argentinas, sólo queda confiar en la buena voluntad de quienes operan la base para ser invitados a ingresar, monitorear y verificar las actividades que se realizan dentro de ella.
Por extensión, todas las conclusiones a las cuales se arriben sobre sus fines estarán siempre basadas en un cierto grado de especulación e incertidumbre.
La base, establecida sobre un predio de 200 hectáreas cedidas gratuitamente por 50 años renovables, está exenta de tributos.