“Hay que tomar decisiones muy costosas y disruptivas”
ECONOMÍA. El presidente de Idesa, un centro de investigación económica con mirada social, consideró posible redimensionar el gasto público con una reestructuración del Estado.
Idesa nació en abril de 2003, “cuando estábamos en otra crisis. La idea fue: el país se tiene que reconstruir, hagamos un centro de estudios nuevo y comencemos. Llegamos a las dos décadas con otra crisis. Así que ya sabemos cuál va a ser el desafío de la próxima década. Queremos contribuir a la formulación de políticas sociales del gobierno que venga a intentar sacarnos de esta crisis”.
La descripción es del economista Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Se trata de un centro de investigaciones de alcance nacional pero radicado en Córdoba, con una estructura de economistas seniors encabezada por Virginia Giordano, y luego formado por un grupo de jóvenes economistas y estudiantes para el procesamiento de datos.
–¿En qué se diferencia Idesa de otros “think tank” económicos?
–Hay centros de investigación económica que ponen el foco en la macro, las políticas fiscal, monetaria y de tasas de interés, pero los temas sociales determinan gran parte de esas políticas. Por ejemplo, el sistema previsional determina su déficit. Por ahí se piensa que si vienen inversiones se genera empleo, y es al revés, el empleo se genera en función de las leyes sociales existentes.
–Hay candidatos que hablan del “ajuste del gasto”, del “plan motosierra”, etcétera. ¿La situación social del país da para eso?
–No hacen falta esos planes, lo necesario es ordenar el Estado que está extremadamente desordenado en los tres niveles de gobierno. Eso produce una enorme cantidad de superposiciones de gastos. Las provincias y los municipios son responsables de los temas sociales, pero desde la Nación arman estructuras adicionales: los ministerios de Educación, Salud, Medioambiente, Seguridad, entre otros, que se superponen con estas funciones. En ese solapamiento hay un montón de derroche de plata y en definitiva la gente no sabe a dónde ir.
–Pero hay áreas donde es más evidente el enorme nivel del gasto público.
–Luego vienen los grandes temas presupuestarios. Hay que ordenar el sistema previsional que es muy deficitario, pero ese ordenamiento demora porque uno establece las reglas ahora y los resultados se ven en 10 años. Y otro tema es racionalizar el Estado y profesionalizarlo. Y hay que hacerlo digital.
–Ahora, se sigue incorporando gente al sistema previsional sin aportes. ¿Usted encuentra que la prestación única para adultos mayores (Puam) es una salida posible para no dejar sin cobertura a esos ciudadanos?
–La Puam tiene que ser el reemplazo de la moratoria, pero se la dejó porque el Congreso la pidió y luego se fue renovando. Están conviviendo ambas, la moratoria se tiene que ir para siempre. Una de las razones: da sin aportes un beneficio contributivo, da derecho a que cuando fallece el cónyuge haya una pensión. De cinco millones de pasivos, 1,2 millones tienen dos beneficios.
–Pero pueden ser dos haberes mínimos, no se llega a la canasta básica aún así.
–Claro, lo tomo a ese planteo. Pero también hay personas con jubilaciones muy altas que reciben las dos cosas del Estado. La debilidad de la Puam es que no reconoce los aportes parciales. Es decir que si uno tiene 29 años de aportes le dan la Puam y si tiene cero años, también. Es un error de diseño grave. Hay que sacar el requisito de aporte de 30 años y que se jubile con lo que tenga.
–En 2015 había 180 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y ahora hay 1,2 millones. ¿Se puede atenuar el impacto presupuestario de ese programa?
–Antes se llamaba Argentina trabaja. Este Gobierno lo toma con 400 mil beneficiarios, pero las organizaciones piqueteras realizaron una fuerte presión para aumentarlos. Con la pandemia se multiplicaron, y el plan sigue ahí firme, máxime con las alianzas que tiene el Gobierno. Hay que ver la forma cómo se saca eso.
–¿Qué reforma laboral viable puede encarar el próximo Gobierno? En todo caso, ¿es necesaria o es un mito que haga falta?
–La ley de contrato de trabajo de 1974, en su letra y en su cuerpo orgánico no es mala. Hay una tergiversación en su aplicación y se ha convertido en un instrumento de litigiosidad. La ley de (Juan) Perón, dice que cuando se despide a una persona hay que pagar un mes de salario por año de trabajo. Ahora, por otras normas, se estipula que cuando la relación no está bien registrada, se multiplica esta indemnización. Por eso se vuelve indeterminado cuánto hay que pagar ante un despido.
–La sociedad en las encuestas resiste una flexibilización.
–Y eso que le digo da lugar a otra situación. Cuando un trabajador se quiere ir, le pide al empleador que le de “su plata”. Cuando la ley dice que no le corresponde. Y todo el proceso termina judicializado de forma tal que cualquier salida demanda plata. Bueno, la ley de contrato de trabajo de Perón no dice eso. Hay que aplicar la ley como dice la letra.
–En los fondos que la Nación le envía a las provincias, exceptuando la coparticipación, ¿hay espacio para achicar el gasto?
–Eso es lo que hay que ajustar. Porque esa plata va para cuestiones que las provincias deben arreglar por su cuenta. No solo generan déficit fiscal, sino también dilución de responsabilidades y pervierte la política: le doy a uno y a otro no. Basta, la provincia tiene que gestionar con coparticipación e ingresos brutos, un impuesto distorsivo. Ya que lo tienen, que se financien ellas solas.
–¿Si el dólar sigue a la inflación a fin de año está en 900 pesos?
–El libre va a ir a la par. El tema no es la gente, sino si las empresas tienden a dolarizar el capital en pesos. En el mejor escenario el dólar sigue a la inflación. A los saltos los dará si los inversores grandes se asustan.