Los deberes de decoro y la mirada de género
Por estos días, la conducta de dos magistrados en Córdoba está siendo sometida a análisis, más allá de lo jurisdiccional.
Los jueces son figuras muy especiales dentro del contexto social. Gozan de prerrogativas exclusivas, pero también deben cumplir con determinadas normas de conducta exigibles, no a la par de cualquier ciudadano sino acordes a la función jerarquizada que se les asigna.
Por estos días, la conducta de dos magistrados cordobeses está siendo sometida a análisis, más allá de su desempeño en el ámbito estricto de la magistratura.
El juez de 1ª instancia Civil y Comercial de 27ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Francisco Martín Flores, soporta un jury por la presunta comisión de delitos y por mal desempeño. Un juez de Control pidió el allanamiento de su inmunidad para juzgarlo por una grave acusación de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y lesiones en un contexto de violencia de género, a partir de una denuncia de una expareja.
Aunque puede discutirse si esos delitos deben ser considerados en esta instancia o en un juicio penal, la causal de mal desempeño puede jugarle en contra a Flores, por algunas conductas de su vida cotidiana que se están ventilando.
Más allá de probarse los delitos que –en esta instancia– tienen grado de probabilidad necesaria para citarlo a juicio, surgen algunas manifestaciones y conductas que el magistrado no puede negar y que no se corresponderían con una persona con perspectiva de género.
Un magistrado, por lo que es en su vida personal y familiar, no debería estar al frente de la administración de justicia si posee una mirada obtusa sobre las mujeres.
El caso del camarista federal Ignacio Vélez Funes tiene algunos aspectos que, según los testimonios de la denuncia, estarían demostrando que carece de esa mirada.
Hoy no sólo está pesando en la Justicia la exigencia de cumplir con la llamada “ley Micaela” o de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado, que desde 2019 es obligatoria. También hay un marco de cuestiones y redes de lazos que pesan sobre la actividad de los judiciales.
Vélez Funes estuvo hace pocos años acusado por “divulgación de secreto”, hasta que sus pares de la Cámara Federal, pese a algunas internas, lo sobreseyeron por unanimidad.
Pero ahora se está nutriendo una acusación -ante el Consejo de la Magistratura- que puede tener este componente de la violencia de género, en contra de lo que hoy se exige a un operador de la Justicia, particularmente a un magistrado. Con denuncias de muchas empleadas por maltrato, el panorama se torna más incierto.
Los jueces deben guardar conductas irreprochables en su vida personal y pública, como así también dentro y fuera de la magistratura. En los tiempos que corren, el Poder Judicial no puede permitirse que alguno de sus miembros carezca de perspectiva de género.
A la hora de tomar decisiones cruciales, cabe preguntarse cuánto peso le otorgan a este particular aspecto los encargados de evaluar el desempeño de los jueces. Los tiempos que corren pueden influir de modo decisivo en esa ponderación.