Nación-piqueteros, puja por un fondo millonario
El Fondo de Integración SocioUrbano manejó $ 480 mil millones en cuatro años. El Gobierno nacional confirmó ayer una drástica reducción del financiamiento de este organismo que urbanizaba villas de emergencia.
En su plan de recortar los gastos del Estado, en los últimos días, el Gobierno nacional generó una fuerte polémica que involucra al millonario Fondo de Integración Socio-Urbano (Fisu), que en los últimos cuatro años administró más de $ 480 mil millones, que durante la anterior gestión kirchnerista condujo una dirigente social que responde a Juan Grabois, referente nacional del Frente Patria Grande.
En medio de esta discusión, el Gobierno nacional oficializó ayer que la motosierra del presidente Javier Milei también llegó al Fisu, el fondo que se utilizaba para urbanizar a más de 4.400 villas de emergencias en todo el país.
A través de una resolución del ministro de Economía, Luis Caputo, que se publicó en el Boletín Oficial, se redujo a sólo el 0,3% el porcentaje del Impuesto País que va a este organismo, cuando hasta ahora era del 9%.
Por lo tanto, de los 350 mil millones de pesos que este año podría tener el Fisu, ahora pasó a alrededor de 30 mil millones de pesos.
En este contexto, Fernanda Miño exsecretaria de Integración Socio-Urbana de la Nación, que tuvo la responsabilidad de administrar este fideicomiso, salió a defenderlo, acusando a Gobierno de querer apropiarse de esos recursos, cosa que finalmente ocurrió ayer.
El Fisu tiene como principal objetivo urbanizar barrios carecientes en todo el país que figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Este registro fue creado por ley en el año 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, luego de una prolongada lucha de organizaciones sociales.
Pero el financiamiento de este ambicioso proyecto recién pareció en el año 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.
El anterior Gobierno nacional destinó el 9% del impuesto País y el 10% de la recaudación del Aporte Solidario (impuesto a la riqueza) a la secretaria que quedó bajo la conducción de la dirigente que fue impulsada por Grabois, un duro crítico de la gestión libertaria.
Si bien el nuevo gobierno prometió hacer una auditoria sobre la administración de los más de $ 480 mil millones, en los últimos días trascendieron informes periodísticos en medios porteños con datos extraoficiales difundidos desde el propio organismo. Estas publicaciones señalaron que sólo se terminaron el 6% de los más de 6.517 proyectos que se presentaron.
El otro cuestionamiento –más político– es que los trabajos en los barrios estuvieron a cargo de cooperativas de trabajo de las distintas organizaciones sociales, en un 70% de los proyectos.
Fuentes oficiales trataron de difundir que los recursos del fideicomiso fueron utilizados “para hacer política” por parte de las organizaciones sociales que administran las cooperativas de trabajo.
Respuesta
Fernanda Miño, una dirigente social de villa La Cava, en el municipio bonaerense de San Isidro, salió al cruce de estos números.
“Quiero aclarar que los números que difundieron los medios no parten de ninguna auditoría. Hablé con Sebastián Pareja, quien me dijo que recién asumió y no tiene datos de ninguna auditoría. Son números erróneos que publicaron algunos medios”, argumentó Miño.
Sobre la cuestión de la ejecución de los proyectos, que sería de sólo del 6%, Miño lo negó de plano.
“Tenemos más de 1.400 obras en ejecución. El 40% de los proyectos fueron terminados durante mi gestión. Se trabajó con transparencia y con auditorías constantes. Defiendo a una gestión que fue realizada con mucha responsabilidad y amor por la gente que vive en barrios populares”, se defendió Miño.
Sobre el cuestionamiento de que la mayoría de las obras fueron ejecutadas por cooperativas de organizaciones sociales, Miño admitió esta situación.
“Precisamente, uno de los objetivos de este Fondo es generar fuentes de trabajo a través de cooperativas. Gran parte de las obras fueron realizadas con mano de obra local y por las cooperativas. Cuando los proyectos fueron de mayor envergadura, los hicieron empresas privadas. Pero el objetivo de la ley, además de mejorar la vida en los barrios populares, es generar trabajo en los propios barrios”, explicó Miño.
Discusión política
Teniendo en cuenta que se trata de un organismo que maneja un fondo millonario, que en el gobierno anterior estuvo a cargo de alguien del espacio que lidera Grabois, ahora quedó clara la decisión política de la Casa Rosada de desfinanciar a este programa social.
Sebastián Pareja, el nuevo secretario de Integración Socio-Urbana, es un dirigente político que estuvo muy cerca de Milei, pero que en medio de la campaña fue desplazado, junto con Carlos Kikuchi, de la mesa chica libertaria.
Antes de conocer la decisión de ayer del Gobierno, Miño le había apuntado a la gestión libertaria. “El Gobierno nacional trata de demonizar al Fisu para apropiarse de sus recursos para que dejen de ser utilizado para la urbanización de barrios populares, como indica la ley 27.453. Está clara esa estrategia”, concluyó la dirigente que responde a Grabois.