Las defensorías del Pueblo nacional y provincial estarán en la misma sede
La delegación local de la Defensoría del Pueblo de la Nación ya no puede pagar el alquiler, por el ajuste del gobierno de Milei.
Desde el próximo 2 de mayo, el personal de la oficina regional Córdoba de la Defensoría del Pueblo de la Nación pasará a desempeñar sus tareas en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, en virtud de un convenio de cooperación suscripto entre ambas instituciones.
“En el marco de este ajuste, desde la oficina central nos advirtieron hace dos meses que no habría recursos para pagar el alquiler del espacio de trabajo y que debíamos buscar otro lugar para funcionar”, contó a La Voz la delegada María del Carmen Campos.
El contrato de alquiler de la oficina sobre avenida Colón al 500 vence en los próximos días y con algunas semanas de anticipación les advirtieron que debían buscar otro modo de financiamiento o solicitar alojamiento en otra repartición estatal.
“Comprendemos la realidad”, sumó Campos.
Frente a rumores de cierre
Si bien existieron rumores de un posible cierre de la delegación, Campos se hizo cargo personalmente de la reubicación y se reunió con el defensor del pueblo adjunto de la provincia, Hugo Pozzi, y le solicitó la posibilidad de compartir el espacio de atención al ciudadano sobre calle Deán Funes al 300. Junto con el defensor provincial, Mario Decara, le respondieron afirmativamente.
Actualmente, la Defensoría del
Pueblo de la Nación tiene 10 empleados y ocupa una oficina de más de 150 metros cuadrados que incluye un entrepiso.
Un cartel sobre la vidriera advierte una mudanza inminente. La inmobiliaria que administra el local aseguró que su precio de mercado ronda los U$S 1.000, es decir, alrededor de $ 1 millón en la actualidad.
Qué es y qué hace
La Defensoría del Pueblo de la Nación es un organismo creado en nuestro país tras la reforma constitucional de 1994 y tiene el objetivo de mejorar los mecanismos de control sobre los tres poderes del Estado y hacer más accesible la justicia para amplios sectores de la población.
Tiene entre sus facultades iniciar juicios, exigir documentación y realizar inspecciones. La repartición depende del Congreso y la designación de su director está en manos de una Comisión Bicameral.
En 2009, su último titular, Eduardo Mondino, renunció a su cargo y desde ese entonces no fue reemplazado con los procedimientos legales, lo cual significó que la actividad de la defensoría se redujera a niveles mínimos. Hace más de una década que no tiene un jefe a nivel nacional designado por el Congreso, como ordena su ley de creación.
A fines del año pasado, los integrantes de la Asociación de Defensoría del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) reiteraron el pedido de designación, cargo vacante desde hace 14 años.
“La resolución de dicha situación resulta necesaria para la protección integral de los derechos de las personas, el fortalecimiento de los organismos de control y la promoción de los derechos humanos”, sostuvieron en un comunicado.
En este marco, un empleado de la defensoría carece de legitimidad para iniciar una causa judicial y su incidencia sobre un reclamo es baja.
Las tareas se reducen a brindar asesoramientos a los vecinos sobre derechos o programas de índole nacional y algunas recomendaciones a organismos públicos o a particulares. De ese modo, se ha ido desdibujando su rol y su utilidad real para la ciudadanía.
Además de la oficina de Córdoba, la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene sedes en Buenos Aires, Jujuy, La Pampa y Río Negro.
Trabajo en conjunto
“Nada cambia en lo orgánico o funcional. Tampoco en la modalidad de atención al ciudadano. Siempre hemos trabajado en conjunto con nuestros pares de la defensoría nacional en todos los trámites que receptamos y que son de su competencia, ya sea colaborando, haciendo gestiones conjuntas o derivando los reclamos”, explicó Pozzi.
A su vez, el funcionario de la oficina provincial agregó que la defensoría nacional “viene con su equipamiento, muebles y demás recursos para su funcionamiento y desempeño”,
y que ambas instituciones se acomodarán para trabajar en el mismo espacio.
Campos y Pozzi coincidieron en que la convivencia en un mismo espacio físico será un cambio positivo y una oportunidad para ambas instituciones. “Incluso será más fácil para realizar acciones conjuntas”, consideró el defensor adjunto provincial.
De hecho, las dos defensorías ya participan en forma conjunta de los operativos del programa “El Defensor más cerca”, que consiste en la instalación de puntos de atención presencial y personalizada en espacios públicos de diferentes barrios de la ciudad y en localidades de la provincia.
“Siempre hemos tenido buena relación y diálogo fluido, por lo que la reubicación es un desafío excelente”, finalizó Campos.