Controversia en Calamuchita por una playa del lago que fue alambrada
El municipio de Villa del Dique y un vecino denunciaron a un complejo de turismo por cercar ese espacio. La parte denunciada niega haber cometido alguna transgresión o ilegalidad.
El impacto visual es indisimulable: hasta desde la costa vecina del lago se observa el alambrado perimetral que avanza sobre la orilla del embalse del río Tercero, en Villa del Dique, en el Valle de Calamuchita.
La polémica está instalada. Y se suma a otras por los usos de las costas de lagos y de ríos.
No obstante, continúa, sin pausa, la construcción del cerco que “encerrará” las 64 hectáreas del parador Almirante Brown, un establecimiento que la Dirección de Bienestar de la Armada Argentina (DIBA) tiene allí desde hace décadas.
Es un complejo turístico tanto para afiliados de Iosfa (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) como para el público en general. Cuenta con cabañas, salón de eventos, pileta, muelle y un gran espacio verde, entre otras comodidades. El espacio es una referencia en la localidad serrana.
La contaminación visual afectará a los propios huéspedes, que desde algunos sectores del predio observarán el lago “acorralado” por un alambrado olímpico. Pero el reclamo central es por la presunta invasión de terrenos de uso público. Desde la institución lo niegan, respaldados en un convenio rubricado en 1999.
El alambrado avanza más allá de los mojones que la Provincia colocó hace dos décadas para demarcar en las costas los límites de lo privado y de lo público.
Reacciones y discusiones
El municipio de Villa del Dique objetó el avance de la obra. El asesor letrado municipal, Juan Pablo González, confirmó que constataron infracciones “en el código de edificación y en el código de faltas municipal”. Detalló que labraron varias actas por violación de normas ambientales, como la tala de especies autóctonas, tanto en zona privada como pública, y por tareas de cercado que no respetarían las ordenanzas sobre distancias a guardar hasta el lago.
Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas municipal.
El municipio también radicó una denuncia ante la Policía Ambiental de la Provincia.
Días atrás, hubo una reunión entre autoridades del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el establecimiento de la Armada, quienes presentaron documentación.
A la vez, un vecino, de forma particular, radicó el 18 de marzo una denuncia ante Ambiente de la Provincia, que refiere a un hecho “que sería violatorio a la legislación vigente en cuanto a uso de costa y perilago de embalses”. También elevó un reclamo a la Defensoría del Pueblo provincial para que ayudara a “clarificar si el alambrado avanza en un espacio de dominio público”.
Que dice la ley
La ley 10.115 creó la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia, que tiene la competencia para recibir e investigar denuncias e intervenir cuando se infrinja la normativa.
El Código Civil y Comercial es la norma que regula estas cuestiones. El artículo 235 detalla los bienes de dominio público (salvo lo dispuesto por leyes especiales), entre los que se encuentran ríos, arroyos, lagos y lagunas navegables. Marca que por lago o laguna se entiende “el agua, sus playas y su lecho”, delimitando de la misma manera los ríos, “por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias”.
La explicación de la Armada
Desde el parador Almirante Brown, aseguraron que hay un convenio, firmado el 2 de diciembre de 1999 entre los gobiernos provincial y nacional, que los autoriza a llevar adelante el cerco, que avanza sobre la línea de mojones del deslinde público-privado. Ese convenio establece la voluntad de la Provincia “de lograr la transferencia o cesión de los derechos
Público o privado. Con cierta frecuencia, se generan controversias sobre la legalidad de la ocupación, por parte de privados, de costas de ríos y de lagos cordobeses. La duda reiterada es si se trata de una apropiación ilegal de espacios públicos o no.
correspondientes al Estado nacional sobre varios perilagos, entre ellos el del Embalse del Río Tercero”, y fija como límite de propiedad las poligonales de expropiación.
No obstante, el artículo siguiente (en el que se sustenta el argumento de la Armada) indica que “se exceptúan de la transferencia solicitada las fracciones transferidas en propiedad a terceros por el Estado nacional, las ocupadas por distintos organismos dependientes del Ejecutivo Nacional, y las correspondientes a solicitudes efectuadas por la ley 24.146 modificada por las leyes 24.383 y 24.768”.
Entre las excepciones, se encontraría este predio de la Armada. La duda que persiste es si ese acuerdo fue homologado y si ese convenio tiene carácter oficial.
A su vez, explicaron que el cerco fue impulsado por razones de seguridad, para evitar robos y accidentes que se registraron en ese predio. Con el tejido, quedó bloqueado el ingreso a tres hoteles nunca terminados, desde hace más de 70 años, que despiertan la curiosidad de quien los observa desde el lago. Destacaron, a su vez, que continúa abierto un camino que permite transitar entre la costa y el alambrado.
Una respuesta provincial
Sobre esta problemática, este diario consultó a Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular, quien señaló que están trabajando para “definir competencias jurisdiccionales” en este caso, justamente en relación con el convenio de hace un cuarto de siglo. Reconoció que recibieron denuncias sobre el tema, sobre las que están trabajando.
“No quiero adelantar ninguna solución porque es parte del trabajo de un equipo, estamos viendo cuál es la mejor salida “, completó Flores.