Penas que dan pena y ricos imputados
Una bocanada de aire diferente parece haber circulado por Tribunales 2 durante la semana que pasó, tras escucharse el veredicto en contra de 28 acusados de estafas telefónicas desde la cárcel de Villa María.
Recientemente, desde esta columna se remarcó que hasta fin de 2023, en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, donde se juzgan delitos complejos o de “guante blanco”, se registraba una preocupante tendencia a sancionar con penas irrisorias a grandes estafadores. Para colmo de males, por más que el perjuicio económico fuera elevado y los damnificados fueran muchos, no se reflejaba en las condenas la reparación o indemnización a las víctimas.
Pero un movimiento de fiscales a partir del primer día hábil de 2024 hizo que Gustavo Arocena ofreciera otra impronta a la acusación en los juicios de este tribunal. Ya han sido varias las sentencias en las que el nuevo acusador de cámara solicitó penas de prisión elevadas –cuanto menos, efectivas– para los principales responsables, al tiempo que también se resarció a los estafados, en ocasiones con montos satisfactorios e, inclusive, integrales en relación con el daño sufrido.
Esta nueva tendencia se verificó con plenitud el martes pasado, al escucharse el veredicto en el juicio a 28 acusados, siete de ellos líderes de un call center “tumbero” que desde la cárcel de Villa María operaba a piacere y a través de líneas telefónicas estafaba a ciudadanos de toda la geografía argentina.
A los principales responsables, que operaban los teléfonos y engañaban a particulares incautos, les impusieron penas de entre siete y once años de prisión, unificando varios de ellos condenas anteriores en sanciones de encierro de hasta 14 años.
Pero lo más interesante de este juicio fue el monto reparatorio que entre varios condenados integraron en una cuenta bancaria destinada a algunos de los estafados. En total, se reunieron unos 10 millones de pesos.
La negociación del representante del Ministerio Público con las defensas fue determinante para arribar a esta “salida”, mucho más interesante de lo que se venía acostumbrando “por ante” este tribunal. Hay que destacar que los asesores letrados Graciela Bassino y Martín Cafure –con la mayoría de los acusados– también encauzaron las negociaciones hacia ese entendimiento.
Pero resulta aun más auspicioso que la integración de ese “fondo” de dinero que los confesos estafadores aportaron para beneficio de sus víctimas, proviene de personas de condición socioeconómica media y baja. Delincuentes que purgan pena y familiares o amigos que en muchos casos no tienen dinero siquiera para trasladarse al juicio hicieron su esfuerzo para ponerse a la altura de las exigencias del fiscal que se propuso resarcir el daño.
Esto último genera la inquietud respecto de lo que pueda ocurrir cuando se juzgue a (presuntos) estafadores de alto poder adquisitivo y con un altísimo impacto económico sobre decenas o cientos de víctimas. Ya pasó en el momento previo al que está transcurriendo en la Cámara 10ª, con lo mencionado al comienzo: penas irrisorias o en suspenso para estafadores de daño elevado, y manos vacías para las víctimas.
El paradigma o el ícono de esa época de penas “blandas” fue el juicio abreviado a Esteban Brouwer de Koning –sobrino de Jorge Bergoglio, el papa Francisco–, un alto estafador beneficiado por un acuerdo con el fiscal Gustavo Dalma que le permitió a acceder a una condena de tres años de prisión en suspenso. Esa pena que dio pena se le impuso por 45 estafas, con un daño superior a los seis millones de dólares y con un “resarcimiento” de sólo 50 mil dólares por todo el daño causado.
La sentencia, dividida en el tribunal de cámara, fue casada por la querella (y también por el defensor) y espera resolución en el Tribunal Superior de Justicia. Queda por conocer qué impronta se baja desde el Alto Cuerpo.
Por otra parte, será muy interesante asistir a próximos debates que están prestos a comenzar en la Cámara 10ª del Crimen, donde asisten como acusados personas de alto poder adquisitivo y vínculos con el poder. Siempre resguardando su presunción de inocencia, está previsto el juicio a los desarrollistas Jorge Monferini y Laerte Muzi, por un lado, y al emprendedor Javier Marieschi, por otro. En estas dos causas se acumulan cientos de reclamantes, y los valores de las supuestas defraudaciones se cuentan en decenas de millones o cientos de millones de dólares.
¿Qué resolución se dará a esos procesos a poderosos, con abogados de primer nivel y bienes difíciles de rastrear?