Contención social, un escudo para una lenta economía
En la pulseada entre una economía que mejora lentamente y un clima político que luce muy deteriorado, importa cuál habrá de ser el efecto neto sobre las expectativas de consumidores e inversores.
Pero para anticipar escenarios, se requiere introducir un tercer vector de fuerzas: la actual política económica se aplica en el contexto de una red de contención social de alcance inédito, sin antecedentes en la historia del país.
Por un lado, el aumento de 1,6 millones de empleos públicos en los últimos 15 años es la variable clave por la cual, luego de cinco años de estancamiento (2011 en adelante), a fin de 2016 la tasa de desempleo se haya situado en “sólo” 7,6 por ciento.
Por otro lado, las partidas vinculadas a planes sociales y jubilaciones representan casi 30 por ciento de los ingresos fijos de toda la población, cuando ese aporte era de 20 por ciento 10 años atrás.
La red de contención se complementa con la gran cantidad de familias alcanzadas por la tarifa social de gas y electricidad, junto con las transferencias por unos 11.000 millones de pesos anuales que mantienen a raya la suba del boleto de colectivos y trenes, política que se concentra en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
La existencia de 3,8 millones de beneficiados por la Asistencia Universal por Hijo (AUH) puede resultar un dato contradictorio con índices de pobreza en el elevadísimo piso de 30 por ciento de la población.
Sin embargo, en este caso el problema no está en la masa de recursos que se vuelcan, sino en su falta de focalización, en la todavía elevada inflación y en la baja calidad de una fracción relevante de empleos.
En 2016, los desembolsos del Estado asociados a planes sociales sumaron 324 mil millones de pesos, mientras que jubilaciones y pensiones insumieron 509 mil millones de pesos.
Ambas partidas pasaron a representar casi 28 por ciento del total de los ingresos fijos de la población, que incluyen los sueldos de estatales y privados, según un estudio de los economistas Marcelo Capello y Gerardo García Oro, de Ieral de la Fundación Mediterránea.
En 2017, planes sociales y jubilaciones se estarán acercando al 30 por ciento del total de la masa salarial, debido a que esas partidas habrán de crecer a un ritmo 10 puntos porcentuales superior al de los sueldos de empleados públicos y privados.
El otro lado
La contracara de este fenómeno es la presión tributaria en nivel récord pero, del otro lado, es una fuerza inédita a favor de la moderación del impacto social de las recesiones y de los períodos de aumento de la desocupación.
Pese a esta red, la tasa de pobreza ha escalado por encima del 30 por ciento, pero esto no ocurre por escasez de partidas específicas, sino por su falta de focalización. Además, refleja la influencia negativa que tienen la todavía elevada inflación y la mala calidad de una franja de los empleos, particularmente los informales.
La masa de recursos asociados a planes sociales no ha dejado de crecer: respecto de los ingresos de los trabajadores formales, la proporción de estas partidas pasó de 8,7 a 15,3 por ciento entre 2006 y 2016 (de acuerdo a datos de Capello y García Oro).
Por eso, deberían acordarse políticas de estado para que una fracción de los planes sociales desemboque en empleos genuinos, con un financiamiento que ya está disponible.
Las políticas sociales también permitirán ponerle un piso más firme a la floja evolución del consumo. Los datos del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre mostraron a la economía creciendo a un ritmo anualizado de dos por ciento (desestacionalizado), pese a que exportaciones e inversiones en máquinas y equipos empujaron a un ritmo bastante mayor. El lastre fue el consumo privado, que cayó a un ritmo de 3,6 por ciento anualizado (respecto del tercer trimestre).
En la columna de dos semanas atrás se había subrayado que no había que esperar, por el momento, un cambio en las prioridades del Banco Central, que sigue lidiando con una inflación por encima de las metas.
Los hechos posteriores confirmaron esta hipótesis, por lo que hay que seguir buscando las señales de reactivación por fuera del alcance de la autoridad monetaria. Por fortuna, el enfoque sectorial aporta nuevas evidencias positivas, por caso el aumento del empleo cercano al cinco por ciento detectado en las ciudades vecinas a los principales centros agroindustriales, junto con los ambiciosos proyectos de inversión en Vaca Muerta anunciados por YPF y Techint, entre otras grandes firmas.
Del lado de la construcción, los despachos de cemento ya pasaron a terreno positivo en la variación interanual del primer bimestre, con algunos distritos en los dos dígitos, como Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca y Chaco, entre otros. La obra pública se hace sentir, por acción u omisión.
Respecto de la industria, los balances de las principales firmas que cotizan en Bolsa mostraron
ratios de rentabilidad moderados en 2016, con un resultado operativo (consolidado de 18 empresas) equivalente a 7,3 por ciento de la facturación, que compara con 8,4 por ciento de 2015. No reflejan crisis, pero tampoco permiten la euforia.
El tiempo es un insumo clave para corregir las graves distorsiones de la economía argentina. Las variables externas (tasas de interés, precios de commodities, socios comerciales) no juegan en contra en esta fase, por lo que el despegue a mayor velocidad de la economía depende de la resolución de las tensiones políticas y sociales internas. El tremendo esfuerzo fiscal que el país realiza para sostener la red de contención descripta debería ayudar más a la economía en esta pulseada contra la intranquilidad política.
LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA SE APLICA EN EL CONTEXTO DE UNA RED DE CONTENCIÓN SOCIAL DE ALCANCE INÉDITO.