Ingresos Brutos, en la mira
Es un impuesto distorsivo, pero también la principal vía de ingresos provinciales. Alternativas para reemplazarlo.
Todos están de acuerdo en que es distorsivo y en que hay que eliminarlo, pero, al hablar de Ingresos Brutos, nadie quiere ponerle “el cascabel al gato”.
El Gobierno nacional avanzó con los gobernadores en un análisis de la reforma tributaria, pero, hasta el momento, se refiere más a cuestiones generales que a una evaluación concreta de las alternativas.
El Impuesto a los Ingresos Brutos grava las actividades en cada uno de sus eslabones y, a diferencia del IVA, sus efectos se superponen y se multiplican: producción, distribución, comercialización mayorista y venta final.
Junto con la contribución municipal (en Córdoba, Comercio e Industria), son tres tributos que afectan el mismo hecho imponible. “Lo ideal es que sobrevivan sólo dos impuestos generales a las ventas, o uno, para disminuir los costos de cumplimiento y administración tributaria”, dice Marcelo Capello, del Ieral.
Pese a este efecto negativo, la principal traba para eliminar o reducir el impacto de este gravamen es que, a lo largo del tiempo, se fue transformando en la principal fuente de recaudación propia de las provincias. De menos de 60 por ciento en 2001, hoy supera el 75 por ciento.
El problema aumenta en las jurisdicciones más grandes, que dependen menos de la Nación y más de recursos propios. En Córdoba, por ejemplo, equivalió en 2016 al 23 por ciento de los ingresos to- tales, según el Ieral. En los extremos, mientras pesa con el 55 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires, sólo es el cinco por ciento de los recursos globales de Formosa o el 5,6 de Santiago del Estero.
En la última década, la situación se agravó. A la suba de alícuotas se sumaron dos situaciones que complican a quienes trabajan en distintas provincias.
Primero, se establecieron alícuotas diferenciales para la producción, según la radicación de la industria dentro o fuera del territorio provincial, lo que disparó demandas judiciales.
Segundo, se establecieron regímenes de retención y percepción que no sólo cobran el impuesto anticipado, sino que, en muchos casos, generan saldos a favor difíciles de recuperar.
Reforma integral
Con este panorama, una reforma implica, por un lado, un consenso de todas las provincias. Hay acuerdo, pero el análisis concreto se demora y la reforma tributaria pasó para 2018.
“En Córdoba somos los más insistentes con la reforma, pero todavía no se pasó a una evaluación de las opciones. Sí o sí, el Gobierno nacional tiene que liderar el proceso por su complejidad”, re- marca el ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano.
Por otra parte, se debería tener en cuenta un análisis más integral que incluya otros tributos, como los que gravan el patrimonio. “En una reforma amplia, se busca reemplazar a Ingresos Brutos con un conjunto de medidas”, opina el titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, quien hasta hace poco estuvo trabajando en la Nación sobre este esquema.
“Incluirían el nuevo impuesto al consumo (IVA provincial o impuesto a las ventas finales), pero también un cambio de la coparticipación y otras fuentes, como alícuota suplementaria de Ganancias, pase a las provincias de Bienes Personales y mayor importancia del Inmobiliario”, agrega.
Para Alberto Porto, investigador de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP), Ingresos Brutos no debe plantearse en forma aislada. “Se debe aumentar la base imponible de las provincias, reduciendo retenciones y Bienes Personales, y se deberían seguir descentralizando impuestos específicos (combustibles, por ejemplo)”, considera.
Opciones en análisis
Las tres alternativas para reemplazar Ingresos Brutos son: primero, un impuesto a las ventas finales (IVF); segundo, un IVA provincial, y, por último, un IVA “mochila”, es decir, una sobretasa del IVA actual nacional.
Este último es el más sencillo. “Deberían establecerse criterios de reparto diferentes en la coparticipación, en función del valor agregado”, subraya Giordano. Implicaría menor autonomía a las provincias (que se podría compensar con impuestos patrimoniales). El IVA provincial, en cambio, da margen de acción local, pero es mucho más complejo. “El principal problema es la multiplicidad de transacciones interjurisdiccionales”, dice Argañaraz.
Capello señala que, en la transición, se podrían ir desgravando los primeros eslabones de la cadena de producción y sectores como la construcción. En definitiva, si sólo quedara la imposición para el último escalón, se asimilaría al impuesto a las ventas finales.
Para Porto, un IVA provincial o el IVF implica una redistribución de la recaudación para favorecer a provincias consumidoras, en lugar de productoras. Cree que un paso fundamental –también requiere consenso– es la eliminación de las distorsiones originadas por retenciones y percepciones, diferenciación de alícuotas y, además, reducción de estas tasas.
En cualquier caso, se requiere una coordinación entre provincias para armonizar sistemas y evitar aduanas interiores. Hoy existe el Convenio Multilateral, pero hay muchas distorsiones no contempladas. Este sería un primer paso fundamental, antes que una reforma completa del sistema.